Seguir luchando contra un sistema que no reconoce los derechos democráticos.
La negación del derecho a decidir del pueblo catalán, la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central, la represión contra aquell@s que salieron a votar el 1 de octubre demuestra con creces que este sistema no está dispuesto ni a consentir que se respeten los derechos democráticos más básicos cuando se trata de poner en entredicho la unidad de España, las instituciones de la Transición y de la Constitución del 78 con la Monarquía a la cabeza o los intereses de la gran burguesía española o catalana.
Los resultados de las elecciones catalanas del pasado 21D demuestran que existe a día de hoy y a pesar de toda la represión, del discurso del miedo casi un 50% que sigue defendiendo la independencia mientras que más de un 80% quiere poder decidir y votar. Por tanto y aunque el gobierno de Rajoy y demás partidos del régimen del 78 (C’s y PSOE) sigan negándolo, no hay vuelta atrás. El conflicto en Catalunya no está resuelto y esa voluntad de la mayoría del pueblo catalán de poder decidir su futuro no va a desaparecer. Para imponer ese derecho democrático una vez más no hay atajos.
Frente a todos aquellos que defienden un encaje institucional mediante una reforma de la constitución para permitir un referéndum vinculante hay que seguir defendiendo que sólo se podrá imponer el derecho a decidir mediante la movilización de la mayoría del pueblo catalán y mediante la solidaridad de la clase trabajadora del Estado Español. Para ello es indispensable que en este próximo envite, la izquierda independentista anticapitalista elabore una estrategia de independencia de clase y de coordinación con las fuerzas similares en el resto del estado que ponga sobre la mesa la cuestión de una República catalana que defienda medidas de urgencia como el no pago de la deuda, el aumento de los salarios, la prohibición de los despidos, la expropiación de las viviendas vacías de las entidades financieras o la defensa de los servicios públicos.
Seguir luchando contra un sistema racista que trata de dividir a los y las trabajadores entre nativos y extranjeros.
A finales del mes de noviembre más de 500 inmigrantes fueron encarcelados en el centro penitenciario de Málaga. Su delito, haber cruzado el mar en patera y haberse jugado la vida para mejorar sus condiciones de vida. La respuesta del gobierno de Rajoy y del Ministerio del Interior: encarcelamientos, malos tratos, muertes y expulsiones para reconducirlos a su país de origen y para que se vuelvan a jugar la vida cruzando de nuevo el mar en unos meses. Y mientras tanto, alimentar la idea de que los inmigrantes son delincuentes que merecen ser encerrados, tratados como ganado y luego expulsados ya que nos quitan el trabajo.
Frente a eso, la respuesta de las organizaciones que se reclaman de la izquierda reformista es cada día más tibia, más preocupados por las cuentas electorales que por la defensa de los derechos de los inmigrantes y por la construcción de marcos que se enfrenten a los prejuicios racistas y xenófobos. Sin embargo no todo el mundo opta por la pasividad. Durante más de dos meses numerosos activistas de diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales han luchado para denunciar ese vergonzoso además de ilegal encarcelamiento, para tratar de frenar las deportaciones, para que se investigue de manera transparente la muerte de Mohamed Bouderbala y para exigir las responsabilidades penales y políticas correspondientes.
Seguir luchando contra un sistema que sigue generando paro, precariedad y desigualdad entre hombres y mujeres.
A pesar de que nos cuenten que estamos en una situación de repunte económico o que nos vendan pactos de estado contra la violencia de género, nosostr@s no nos dejamos engañar. Sabemos porque lo vivimos en nuestras carnes que el poco empleo creado es cada vez más precario, que los salarios siguen siendo bajos conllevando una continua pérdida de poder adquisitivo y que cada vez más mujeres mueren a manos de sus parejas. Mientras tanto el crecimiento de los dividendos empresariales se incrementó en el primer semestre de 2017 un 10,1% situándose en 33 729 millones.
Frente a eso no hay miles de soluciones. La movilización, las huelgas y la denuncia de las direcciones sindicales burocráticas que solo ofrecen como perspectiva la concertación. Las luchas existen. En el segundo trimestre de 2017 las huelgas supusieron un 33,2% más que los datos del trimestre del 2016. Y son ya nueve meses con un crecimiento ininterrumpido de las huelgas. Para el 2018 se trata por tanto de unificar y de dar una misma perspectiva a todos los que resisten para defender conjuntamente nuestros intereses de clase.