Un año después de que se encerrasen a 572 argelinos en la cárcel de Archidona y que uno de ellos perdiera la vida en dichas instalaciones nadie ha asumido ninguna responsabilidad política por todo lo ocurrido. Ni Rajoy, ni el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, ni los mandos policiales, ni el defensor del pueblo que negó que hubiese más de un menor encerrados, ni los jueces que permitieron que se deportasen a testigos que pudieron presenciar el posible asesinato de Mohamed Bouderbala.
Sin embargo, hay, 1 año después, razones suficientes para que todos esos representantes de estas instituciones profundamente racistas tuviesen que responder políticamente e incluso ante la justicia por sus actos. En un momento en el que cada vez está más claro para amplia franja de la sociedad el papel de la justicia y de la inexistencia de la división de poderes, es urgente seguir denunciando que este sistema y sus instituciones son de clase, son machistas y también profundamente racistas.
El balance es aterrador: un muerto, 10 menores encerrados que sepamos de los cuales algunos permanecieron en la cárcel de Archidona hasta 50 días, solicitudes de asilo no cursadas, deficiencias en la asistencia médica, derecho a la asistencia jurídica ninguneado, procedimientos jurídicos más que dudosos desde el principio, vejaciones y violencias policiales cotidianas hacia las personas migrantes encerradas, y un largo etc.
Procedimientos jurídicos más que dudosos
Más allá de que los propios CIEs nos parezcan una barbaridad y que defendamos la libertad de circulación de las personas migrantes, en este caso, el gobierno de Rajoy y la justicia española no cumplió ni sus propias leyes. En ese sentido, podemos decir que desde el principio, el proceso no ha cumplido ni con la propia legalidad que se marcan estas instituciones racistas. En efecto, según la Ley de Extranjería y según la doctrina del Tribunal Constitucional en una sentencia de 7 de julio de 1987, se establece que el internamiento ha de ser en centros que no tengan carácter penitenciario para evitar que la persona migrante sea sometido al tratamiento propio de una cárcel.
Por otro lado, los propios autos de los jueces de Vera (Almería) y Lorca (Murcia) que autorizaron los traslados de dichas personas migrantes a la cárcel de Archidona carecen de validez ya que autorizaban el internamiento a un centro desconocido. Según constaba en algunas de las resoluciones, iban al “Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona”, que nunca existió como tal porque ese lugar es una cárcel, tal y como establece una Orden Ministerial de 16 de marzo de 2017. En otras se mencionaba al “Centro Temporal de Inmigrantes”, supuestamente dependiente del CIE de Málaga. Sin embargo, este centro fue cerrado en enero de 2013.
Menores encerrados y derechos básicos pisoteados
En todo momento, tanto el Ministerio de Interior como los policías al mando trataron de negar y ocultar que hubiese migrantes menores en la cárcel de Archidona. A pesar de que la Plataforma ciudadana contra el CIE de Archidona denunciara lo contrario presentando las documentaciones de dichos menores que nos hacían llegar sus familiares, el ministerio del Interior primero y el defensor del pueblo, Jesús Maeztu, después afirmaron en varias ocasiones que solamente había un menor en dichas instalaciones y que éste había sido puesto a disposición de la Junta de Andalucía.
Trataron en todo momento de no darle credibilidad a dichas documentaciones y basarse en las pruebas oseométricas que tienen un margen de error de 18 meses, lo cual era crucial ya que algunas de esas pruebas determinaban que los menores tenían 18 años a pesar de que en su documentación se acreditara que no eran mayores de edad.
A pesar de ese intento de ocultar la presencia de menores en la cárcel de Archidona, al final de los 60 días, pudieron salir hasta 10 menores. Nada más dijo sobre este asunto ni Zoido ni el defensor del pueblo que permitieron que menores permanecieran encarcelados con mayores de edad hasta durante 50 días. El propio Comité de derechos del niño de la ONU hizo un requerimiento al gobierno de Rajoy para que éste paralizase las deportaciones mientras que se averiguaba la edad real de dichos migrantes. Sin embargo, el gobierno del PP hizo caso omiso y siguió expulsando a los migrantes. Por otro lado, se obstaculizó en todo momento poder cursar los derechos de asilo, el derecho a la información a los familiares así como el derecho básico a la asistencia jurídica poniendo todo tipo de trabas.
Vejaciones y violencias policiales
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que poco tiene de ente radical o antisistema, denunciaba en un informe que “la Unidad de Intervención Policial (UIP) actuaba con los criterios propios de quien hace frente a disturbios o de quien custodia a personas peligrosas”. Esto sumado a las “deficientes condiciones de vida” en unas instalaciones sin terminar (faltaban agua potable y calefacción, por ese motivo la cárcel aún no había sido inaugurada ni abierta), generó una conflictividad creciente que se agudizó con la “dureza de la contención y de la represión de situaciones conflictivas”.
Las condiciones infrahumanas en las que se vieron sometidos los inmigrantes argelinos provocaron varias revueltas que fueron reprimidas duramente. El propio altercado que desencadenó el aislamiento de unos 20 inmigrantes entre los cuales se encontraba Mohamed Bouderbala fue causado, según testimonios de las propias personas migrantes, por un trozo de pan. En efecto, según ese mismo informe del SJM, todo habría comenzado cuando uno de los internos pidió un trozo de pan durante el almuerzo porque no tenía ninguno.
Un agente acusó a otro interno, que tenía dos trozos, de robarlo, pero este lo negó y llamó a una de las camareras que por la mañana había visto cómo lo guardaba para almorzar. Cuando el acusado decidió abandonar la sala en protesta, el agente le persiguió y le golpeó, según el testimonio de esta persona, citado por el SJM. Fue entonces cuando Bouderbala intervino para mediar. Acabó autolesionándose en protesta por los golpes que los agentes propinaban a su compañero. La escena habría derivado en lanzamientos de objetos y la carga de los agentes, que golpearon a los internos. Una vez controlada la situación, los agentes de la UIP ordenaron a una veintena de internos que subieran a las celdas del segundo piso para aislarlos.
El 29 de diciembre aparece el cuerpo sin vida de Mohamed Bouderbala en la celda 41
El aislamiento duró 18 horas y no fue autorizado por ningún juzgado tal y como exige la ley. Durante esas 18 horas, ni Mohamed Bouderbala ni sus compañeros pudieron beber ni comer. A pesar de las quejas y de los gritos en ningún momento éste fue atendido. A la mañana siguiente, Mohamed fue encontrado muerto. La inspección ocular para la diligencia de levantamiento de cadáver determinó que el ahorcamiento se había producido anudando una sábana retorcida al cuello y a la barra de un armario de obra.
Pese a los testimonios de los internos y las dudas del caso, el juez de instrucción de Archidona archivó el caso el 22 de febrero, apoyándose en el atestado policial y en las grabaciones que mostraban que la puerta de la celda no se había abierto hasta la mañana del 29 de diciembre. Además dicho juez se negó a paralizar las deportaciones aunque entre las personas expulsadas se pudieran encontrar testigos presenciales a la vez que ordenó que se archivara el caso antes incluso que la acusación particular hubiese tenido acceso a todas las actuaciones.
La acusación particular y popular hizo un recurso y en julio la audiencia provincial accedió a reabrir la causa para citar a 3 policías (los dos últimos que vieron a Mohamed con vida y al que estaba al mando) y al médico del centro penitenciario. Esas declaraciones están previstas para el 1 de febrero de 2019. Sin embargo la Audiencia provincial insiste en que lo que debe ser juzgado son “sólo las circunstancias que pudieron conducir a que existiera un riesgo de suicidio” pero en ningún caso todo el proceso. Es decir en ningún caso el propio internamiento así como el posible delito en contra de la integridad moral de Mohamed al ser aislado durante 18 horas sin autorización judicial o el posible delito de asesinato.
1 año después de la muerte de Mohamed seguimos insistiendo en que en ningún momento se ha tratado de averiguar lo que en la celda 41 ocurrió ni se ha querido dirimir responsabilidades. Ni de la policía, ni del juez, ni del ministerio del interior. Todo lo contrario. Ocultar información deportando a testigos y archivar lo más rápidamente posible la causa.
Cambio de gobierno y seguimos igual en materia de inmigración. Ninguna persona es ilegal: libertad de circulación y papeles para tod@s
La situación no ha cambiado desde la moción de censura. Ni con respecto a lo que sucedió en Archidona ni realmente en materia de inmigración. En lo que se refiere a Archidona, el PSOE ha contribuido a tapar todo lo que allí sucedió oponiéndose ni tan siquiera a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.
En cuanto a su política en materia de inmigración más allá de la operación de marketing del Aquarius, este gobierno con Grande Marlaska a la cabeza sigue defendiendo la vigencia de los CIE, sigue llevando a cabo deportaciones en caliente, sigue sin retirar las concertinas que Zapatero instaló en Ceuta y Melilla y sigue en definitiva el juego del discurso racista que afirma que no se puede acoger a las personas migrantes sin entrar a valorar seriamente la responsabilidad de los gobiernos de la UE en particular y de occidente en general que han saqueado y expoliado las riquezas de los mal llamados países del tercer mundo.
En la actualidad, se consiguió mediante la movilización llevada a cabo por, entre otros, la Plataforma ciudadana contra el CIE de Archidona que se olvidara, por parte del gobierno de Rajoy, abrir un módulo CIE permanente en la cárcel de Archidona. Sin embargo, no muy lejos de la provincia de Málaga, en la costa granadina se autorizan la creación de CATE (centro de atención temporal para extranjeros) que en realidad no son acogidos sino encerrados como si de delincuentes se tratasen durante las 72 horas después de su llegada en campamentos que se inundan constantemente, en polideportivos o incluso en casetas de la feria de Málaga. Ahí de nuevo se vulneran los derechos básicos tal y como ya ocurriera en Archidona: derecho a la asistencia jurídica, derecho a la infancia o el derecho al asilo.
La realidad es que tanto el Gobierno de Rajoy como ahora el de Sánchez lejos de responder a las necesidades de las personas migrantes que llegan a nuestras costas, llevan a cabo políticas que estigmatizan a los inmigrantes a la vez que alimentan el discurso racista y xenófobo de organizaciones de extrema derecha. Para acabar con ese discurso es necesario asumir reivindicaciones como la libertad de circulación, el cierre de los CIE y la regularización de todos los sin papeles. Las personas que inmigran no lo hacen por gusto, lo hacen para huir de la situación de pobreza y de miseria que padecen en sus países debido a al expolio y saqueo perpetrado por los países ricos. La riqueza de los que nos gobiernan también es fruto, además de nuestra explotación, de la usurpación durante años y años de las riquezas de dichos países. Nos oponemos a la guerra entre pobres y denunciamos los argumentos que tienden a decir que los inmigrantes generan más pobreza. La no regularización de los y las inmigrantes solo beneficia a los poderosos de nuestros países que ven en ellos una mano de obra aún más explotables ya que sin derechos ninguno. Tal y como dice el manifiesto fundacional de la Plataforma ciudadana contra el CIE de Archidona: “sostenemos que existen riquezas suficientes pero que éstas siguen estando acaparadas por una minoría. Al cierre del ejercicio el resultado de las integrantes del IBEX 35 alcanzará los 44 200 millones, un 20% más que en 2016. Al igual que cuando exigimos mejoras salariales, mejores pensiones o mejores servicios públicos, la solución pasa de nuevo por otro reparto de las riquezas”. Nuestros enemigos no son en ningún caso los y las trabajadoras inmigrantes sino los ricos de nuestros países que acaparan todas las riquezas a nuestra costa. A ellos es a los que hay que enfrentarse.