El exceso burocrático, la lentitud de la administración, las irregularidades en la tramitación con la intención de retrasar lo máximo las respuestas a las solicitudes, las dificultades de encaje de esta prestación y los problemas de coordinación interadministrativa, son los elementos que por UGT han supuesto una carrera de obstáculos interminables en el primer año de vida del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Desde el sindicato señalan que el gobierno del Estado ha fallado estrepitosamente en los objetivos que hace un año declararon, ya que sólo han llegado al 30,6% de los hogares previstas: 260.262 de las 850.000 que habían anunciado, según la última nómina del mes de mayo. Con el ritmo actual de tramitación, la UGT de Catalunya estima que el IMV llegará a las 850.00 hogares previstas y los 2,3 millones de beneficiarios en 2 años y 10 meses.
Añaden que tampoco han hecho una buena previsión del gasto anual que supondría la implantación del IMV sin las restricciones actuales. Según los datos publicados del mes de mayo, el gasto medio anual para esta prestación equivale al 47% del gasto estimado. Con la proyección del gasto del mes de mayo, la UGT de Catalunya estima que el gasto anual del IMV por las 850.000 hogares previstas se situaría en unos 4.500 millones de euros, 1.500 millones de euros más que el previsto. Con el gasto anual que el gobierno PSOE-UP había estimado de 3.000 millones de euros, sólo se llegaría al 65% de los hogares previstas (558.000 hogares), 292.000 menos de las previstas. UGT manifiesta que esperar que estos motivos económicos no sean la explicación del elevado nivel de denegación del IMV.
“Las estadísticas que tenemos sobre la implantación del IMV en el conjunto del estado nos hacen ser muy críticos con su gestión”, dicen. Y es que tan sólo se han aprobado 16.972 solicitudes de las 136.836 válidas, sin tener en cuenta las duplicadas. En los últimos meses el nivel de tramitación ha aumentado a base de denegar prestaciones: en marzo sólo el 28,6% de los expedientes se habían resuelto y el 67% eran denegados, el mes de mayo el porcentaje de resolución ha aumentado hasta 91% pero más de 3 de cada 4 expedientes resueltos se han denegado, hasta un 77%.
Hace un año el gobierno del estado presentaba el IMV como “la respuesta de gobierno al problema estructural de pobreza” y añadía que “su puesta en marcha se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la Covid, que se suman a las de las familias que ya se encontraban en dificultades previamente “. Pero por la UGT no ha sido así. Y es que como señalan, las consecuencias económicas y sociales de la Covid-19 están aumentando el número de familias y personas en situación de riesgo de pobreza: sin todavía poder disponer de estos datos, la Encuesta de Población Activa sí nos puede señalar que en un año, del primer trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, el número de hogares sin perceptores de ingresos ha aumentado un 69% hasta llegar a las 153.900.
El IMV sólo llega a unas 17.000 familias, o sea, que el IMV sólo consigue tener impacto sobre un 11% de hogares sin ningún tipo de ingresos, porcentaje que disminuiría mucho si tuviéramos en cuenta los hogares que reciben ingresos pero que no llegan al umbral económico que el IMV les debería garantizar. Por último, además de denunciar la escasa respuesta que el IMV está suponiendo para miles de familias sin ingresos o ingresos suficientes, desde UGT lamentan los insuficientes avances realizados para compatibilizar esta prestación con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC ) y para facilitar la coordinación interadministrativa entre los diferentes gestores de ambas prestaciones.
Así, la UGT urge que se resuelvan estos problemas que tanto perjudican a los potenciales beneficiarios. Entienden que por un lado, la contabilización del IMV con el RGC aumentaría los ingresos de muchas familias, ya que la cuantía media mensual del IMV, por ejmeplo en Cataluya, es de 430,43 euros mensuales, 234 euros inferiores a la prestación individual del RGC. Por otra parte, dicen que la asunción del IMV de una parte del coste de la prestación del RGC, supondría un ahorro económico de la RGC que podría dedicarse a ampliar y mejorar su cobertura. En esta línea, el sindicato reclama que se pongan los medios necesarios para solucionar la saturación administrativa en la gestión del IMV y que se facilite la rapidez del pago de las prestaciones.
También silencio administrativo positivo y acortar el periodo de resolución de la prestación, rebajar el control burocrático y la documentación requerida en la solicitud de la prestación, que apuntan a que está más dedicada a evitar pequeños fraudes de miseria que proteger a una ciudadanía que se está quedando sin recursos, mejorar la cobertura de la prestación, que para el sindicato está siendo del todo insuficiente para dar respuesta a las necesidades más básicas de la población más vulnerable y, por último, que exista una coordinación interadministrativa ágil, fácil y eficiente, en la transferencia de documentación y en la compatibilidad de prestaciones.
Traducción de artículo de El diari del treball