Analizamos las diferentes áreas del nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Ante la expectación de un “gobierno de izquierdas” se han abierto 2 grandes tendencias a nuestro juicio equivocadas: una encabezada por la derecha y extrema derecha, que consiste en una oposición irracional y visceral a todo lo que venga de este gobierno, y otra por oposición que muestra ilusiones y hace “la vista gorda” a contradicciones evidentes del nuevo ejecutivo.
Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR queremos señalar, sin sectarismo ni ilusiones, cuáles serán las posibles actuaciones en materia fiscal, laboral, feminista y territorial de este nuevo gobierno en base a los acuerdos firmados entre PSOE y UP, PSOE y ERC y las primeras actuaciones del mismo.
Reforma fiscal
En el apartado dedicado a la “Justicia fiscal y equilibrio presupuestario” se recogen aquellas medidas que tienen como objetivo “una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales”. Como se indica en el punto 10.7, dichas medidas se harán bajo el objetivo del “cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
Entre las medidas más destacadas de todas las que se han acordado, cabe centrarse en aquellas que tienen que ver con la redistribución de cargas fiscales. El apartado 10.2 se refiere concretamente a este aspecto. Entre otras cosas, se propone una tributación mínima de las grandes corporaciones a un 15% (llegando a un 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos); también propone la reducción del gravamen para las PYMES que facturen menos de un millón de euros desde un 25 a un 23%; además, se “se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciéndo(lo) en un 5%).
En lo referente al IRPF se incrementarán, sobre la base general, 2 puntos para rentas superiores a 130.000 y 4 para 300.000. Así mismo, se elevará en 4 puntos aquellas rentas que excedan 140.000 en la parte del ahorro. Finalmente, se señala que “se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo” sin concretar nada más.
Cualquier subida de impuestos que grave las rentas más altas es positiva. Y cabría esperar que un “gobierno de progreso” llevara a cabo una subida sin precedentes. Además, los datos son positivos para ello: el IBEX 35 volvió a ganar dinero en 2019 (32.800 millones) y los ricos se han triplicado en el estado español desde el año 2007 (https://diario16.com/espana-tiene-mas-ricos-que-nunca/).
Sin embargo, es necesario saber los límites de una política redistributiva que no se enfrenta verdaderamente a los que más tienen. Al contrario, se trata de una reforma moderada que se deja fuera puntos relevantes. Incluso cuando se compara con el propio programa que Unidas Podemos presentó a las elecciones, es fácil echar en falta referencias claras al Impuesto de sucesiones (400 de las personas más ricas no lo pagan por estar empadronadas en Madrid, perdiéndose casi un millón de euros) o al Impuesto para recuperar los 60.000 millones regalados a los bancos durante la crisis. Tampoco hay referencias a reformar el IVA, impuesto que grava todos los bolsillos por igual, independientemente de que tengas trabajo, lo ejerzas en precario o seas de esos nuevos ricos.
Muy al contrario, una reforma que se basara en el acuerdo firmado, afectaría a un 0,7% de la población, es decir, solamente a 120.000 personas de las más ricas del estado (https://diario16.com/el-gobierno-de-coalicion-espera-recaudar-5-600-millones-mas-con-su-reforma-fiscal/). Por poner un ejemplo, la subida de 2 puntos citada anteriormente no supondría más 16,66 euros al mes, algo que no parece que sea una redistribución de la riqueza muy efectiva para alguien que gane 130.000 euros al año. En contraste, 1 de cada 5 personas está en riesgo de pobreza en el Estado español, con unos ingresos anuales inferiores a 8.871 euros (https://www.eldiario.es/economia/espanoles-riesgo-pobreza-euros-ano_0_914458770.html).
De hecho, se ha estimado que la subida supondría un aumento de la recaudación en unos 5000 millones, valor ya de por sí inferior a los 8000 millones de “esfuerzo fiscal” pedido por Bruselas. Por tanto, con el respeto a la sostenibilidad de las cuentas públicas que emana del propio texto, poco margen quedará para políticas sociales ni redistributivas de ningún tipo (https://www.elconfidencial.com/economia/2019-12-31/acuerdo-psoe-podemos-limitan-subida-impuestos-sin-margen_2394823/). Ni siquiera se puede decir que sea una política fiscal novedosa de un gobierno más progresista si Rajoy, entre 2012 y 2014, llegó a mantener impuestos más altos(https://www.eldiario.es/economia/impuestos-PSOE-Unidas-Podemos-moderacion_0_982351800.html).
Del mismo modo, es necesario ver qué supone la tributación de las corporaciones o las limitaciones a las exenciones en dividendos cuando no se establecen políticas de control público sobre bancos, empresas…y no se regulan las estrategias financieras que estas entidades pueden tomar: sin ir más lejos, ya con una política similar planteada por el gobierno en funciones a comienzos del año 2019, grandes empresas aceleraron políticas de repatriación dividendos en filiales extranjeras para evitar el pago de mayores impuestos mediante simple ingeniería fiscal (https://elpais.com/economia/2019/05/05/actualidad/1557065257_855356.html).
Estos números no muestran dos cosas: que la crisis ha sido un buen negocio para unos pocos y que políticas como éstas no son las que van a revertir las consecuencias de la misma. Ya no sólo porque hay puntos programáticos que se han quedado por el camino, o porque las grandes fortunas quedan sin tocar, como se dice en el propio texto. Sino también porque si estas medidas, de llevarse a cabo, se comparan con los derechos perdidos, los recortes realizados, las 2 reformas laborales aplicada, ni siquiera suponen una vuelta a la situación previa a la crisis, como muestran los 60.000 millones perdidos, el dinero blanqueado por las amnistías fiscales o el escaso margen de maniobra de políticas de este tipo.
No es suficiente una tímida subida de impuestos en algunos tramos mientras, por ejemplo, no se deroguen las reformas laborales que han condenado a la flexibilidad, precariedad o el paro a millones de personas y que, al contrario, han hecho más ricos a unos pocos. O mientras no se ponga sobre la mesa el impago de la deuda frente a otras políticas regresivas. O mientras no se afronte un programa de control público de sectores estratégicos, ya que no se trata solo de recaudar más o menos, sino de enfrentarse a los que más tienen y poner nuestras vidas por delante de sus beneficios.
Unidas Podemos y la cuestión catalana
La orientación política de Podemos y de IU con respecto a la cuestión catalana siempre ha sido la misma durante todo el proceso previo y posterior al referéndum del 1 de octubre: la de un referéndum pactado con el estado y el régimen del 78. En ese sentido podemos decir que la consigna de Unidas Podemos era del todo irrealizable ya que presuponía la posibilidad de un acuerdo con partidos que defienden con uñas y dientes la unidad de España. Pero lo que es peor, esa orientación, en pleno período de movilizaciones y huelgas en Catalunya, tenía consecuencias prácticas como la de oponerse a la orientación de la movilización como medio de imponer dicho derecho democrático presionando al Estado Español.
Por ello, no sólo hablaban de diálogo en abstracto o de referéndum pactado sino que votaban en contra de la declaración unilateral de independencia tildándola de “ilegítima”y de “ilegal” legitimando, eso sí, las actuales instituciones del régimen del 78 que niegan derechos básicos, se abstenían en el Parlament cuando se sometía a votación la ley de referéndum o no tomaban ninguna iniciativa para llevar a cabo movilizaciones en resto del estado en solidaridad con el derecho a decidir de los pueblos y contra la represión. Incluso en Catalunya, durante la huelga general del 8 de noviembre de 2017, las declaraciones de Xavier Doménech fueron en el sentido de no apoyar dicha huelga al no ser ésta “inclusiva”.
Aunque Alberto Garzón patinara en más de una ocasión al hablar de “políticos presos” en lugar de “presos políticos”, es cierto que Unidas Podemos se ha opuesto a la represión y a la aplicación del 155, abogando siempre por acabar con la judicialización del conflicto y por el diálogo. Sin embargo, incluso esa posición se ha tambaleado al negociar un posible gobierno de coalición con el PSOE. En ese sentido, ya en septiembre de 2019, antes de la repetición electoral, el propio Pablo Iglesias afirmaba que en materia de Estado sería “leal” a Pedro Sánchez si compartiera gobierno con él y que su posición en el caso de que el PSOE aplicase un nuevo 155 sería la de “aceptar la ley y la posición de liderazgo del PSOE”.
El preacuerdo firmado por ambas organizaciones unos días después de las elecciones del 10N dejaba claro, por si aún había dudas, en su punto 9 que la cuestión catalana debía enmarcarse en la actual Constitución española que niega el derecho de autodeterminación: “El gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución”.
Ningún avance en materia de reconocimiento del derecho a decidir
Primero fue el acuerdo entre PSOE y ERC para que éste último se abstuviera en la investidura de Pedro Sánchez. Luego vendría el acuerdo programático que sellara la coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Ninguno de los 2 tiene cuestiones muy reseñables con respecto al reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo catalán.
Mientras que el primero sólo cierra una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político que permita debatir propuestas de salida del conflicto y una vez llegados a acuerdos llevarlos a consulta siempre dentro del marco del sistema jurídico-político (es decir de la Constitución y por tanto consultas ligadas al estatuto de autonomía pero en ningún caso a la cuestión de la autodeterminación) a la vez que habla de abandonar la judicialización del conflicto, el segundo, no dice en la práctica nada en su punto 9.2 más allá de que: “Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.
Mientras tanto, los presos políticos siguen en la cárcel y la Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Supremo inhabilitan a Quim Torra de su condición de diputado pidiendo su cese inmediato como president por no retirar durante la última campaña electoral los lazos amarillos de la fachada del Palacio de la Generalitat. El reconocimiento de dicho derecho pasa también aquí por la movilización sostenida del conjunto de nuestra clase en Catalunya y fuera de ella. Y para ello, es imprescindible ligar a la cuestión del derecho a decidir las cuestiones sociales como la vivienda, los salarios, la deuda, los servicios públicos, la banca pública, la nacionalización de los sectores estratégicos, el reparto del trabajo y de la riqueza, etc.
Educación
Que la educación pública es uno de los pilares básicos en un estado de derecho es un hecho social y políticamente indiscutible. No solo garantiza que todas las personas que forman esa comunidad tengan acceso a una formación integral (intelectual y emocional) en igualdad de condiciones, sino que establece las bases para sociedades plurales, democráticas, solidarias y cualificadas para desarrollarse en el mundo laboral.
La perspectiva utópica de qué escuela queremos dentro del sistema capitalista, a sabiendas de que las demandas del mercado imponen nacional e internacionalmente sus leyes, basadas en la explotación y la actual precarización del mundo laboral, no nos dejan perder de vista esa perspectiva, pues son y serán el motor de cambio y transformación de esta realidad que se fundamenta en la desigualdad y la injusticia, pero nosotros seguiremos construyendo un mundo otro.
Los recientes acontecimientos políticos en el estado español, con repetidas elecciones, un acuerdo programático al que probablemente se podría haber llegado hace muchos meses entre PSOE y Unidas Podemos, la ultraderecha ocupando el espacio de las instituciones y cada vez más los barrios y las calles, así como la socialización de sus discursos en medios de comunicación y redes sociales, ha creado un ambiente polarizado y enrarecido del que es difícil sustraerse.
No obstante, no podemos olvidar que la comunidad educativa lleva años sufriendo los recortes a que los diferentes gobiernos nos han llevado con sus políticas de austeridad. Desde bajadas salariales a ampliación de ratios, pasando por la supresión de plazas, profesores que no cobran en verano en algunas comunidades autónomas, la entrada de capital privado en las escuelas o el privilegio de la escuela concertada frente a la pública, por citar algunos ejemplos.
Una vez celebrada la investidura de Pedro Sánchez, ahora que ya están todos en sus ministerios y que se ha renovado entre la clase trabajadora cierta esperanza porque puedan mejorar sus condiciones de vida con esta coalición de carácter progresista, nos preguntamos, ¿qué podemos esperar y qué debemos exigir para que las leyes del mercado no impongan sus zarpas en la escuela, sino que consigamos un pacto social por la educación, donde esté presente la comunidad educativa y se atienda a las reivindicaciones que defendemos desde hace tantos años?
Los acuerdos programáticos en materia de educación entre PSOE y Unidas Podemos, así como el proyecto de ley de Educación (LOMLOE) nos dejan tibios. Celebramos, como no podría ser de otro modo, la derogación de la LOMCE, así como la gratuidad de 0 a 3 años, y que se defienda la educación en valores de forma transversal, ahora que la ultraderecha impone allí donde puede el veto para hablar sobre Derechos Humanos o dotar a la juventud de una educación afectivo-sexual sana y saludable.
Por el contrario, echamos de menos una clara apuesta por la educación pública, ya que se le sigue dando el mismo valor a la concertada, fuente de segregación en muchos barrios y de adoctrinamiento. Y vemos que el lenguaje del mercado impregna todo el texto (esto daría para hacer un artículo más pormenorizado), pero especialmente en lo dedicado a la Formación Profesional. Que las pruebas de diagnóstico, cuya eficacia es nula, se mantienen, así como las competencias básicas y que de ratios, plantillas docentes, racionalización de horarios, etc., no se dice nada. Estaremos atent@s, y seguiremos defendiendo la escuela pública universal, de tod@s y para tod@s. No vamos a perder la perspectiva.
Políticas feministas
El acuerdo programático firmado por PSOE y Unidas Podemos dedica algunas medidas a lo largo del texto y un punto completo (el número 7) a las “políticas feministas”. El texto se divide en diferentes subapartados que hablan de políticas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, los derechos reproductivos o la fiscalidad con perspectiva de género, así como de medidas para luchar contra las violencias machistas, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la brecha de género en la ciencia o los vientres alquiler.
Aunque el acuerdo contiene algunas medidas que han sido muy populares en los últimos años, y que sin duda, si logran aplicarse en la situación actual, serían muy positivas, nos encontramos con un acuerdo de buenas intenciones, con pocas novedades y con medidas insuficientes que no plantean cambios profundos y fundamentales para responder a las necesidades y los grandes problemas de las mujeres trabajadoras que son las que han sufrido, y sufren la crisis de forma más cruda.
En lo que se refiere a la lucha contra las violencias machistas, el acuerdo destaca cuestiones que han sido de las demandas más básicas del movimiento feminista en los últimos años, como la “suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores que estén cumpliendo condena, o se hayan dictado medidas cautelares”, y “ El cumplimiento del Convenio de Estambul para combatir todas las formas de violencia” con la reforma del código penal para “garantizar el consentimiento” y que solo “SI es SI”. También menciona un “Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para mujeres que padecen esta violencia” y habla de “Desarrollar todas las medidas pendientes del Pacto de Estado”.
Recordamos que la aplicación del “Convenio de Estambul” ya era una obligación desde el 2014 y que muchas de las medidas (que han sido arrancadas gracias a la movilización social y la lucha del movimiento feminista), ya se contemplan en la actualidad y se han convertido en papel mojado, ya que han estado vacías de contenido y faltas de presupuesto.
Como ya señalamos y denunciamos en su momento, el Pacto de Estado firmado con las derechas, no deja ser ser un acuerdo de mínimos totalmente insuficiente (como el propio UP consideró en su momento), que solo funcionó de lavado de cara de los partidos del régimen y que hasta 2018 (pasado un año de su firma) no obtuvo dotación económica. Es decir, que incluso desarrollando todas las medias pendientes del pacto de estado, si no se va a la raíz de los problemas y se toman medidas más contundentes de las acordadas y se dota a las mismas de medios, pocos cambios podrán llevarse a cabo.
La falta de recursos económicos, entre otros, es uno de los principales problemas que se encuentran las mujeres para poder salir de una situación de violencia. En ese sentido, con las cargas del trabajo de cuidados y con los datos de desempleo y precariedad que sufren las mujeres consecuencia de las políticas de recortes en los servicios públicos y las reformas laborales de los últimos años (reformas y recortes aplicados por el PSOE y PP en los últimos años), las medidas del acuerdo, como “impulsar su autonomía económica”, se quedan en un brindis al sol sin la derogación de las reformas laborales, o con el mantenimiento del pensionazo, ya que en ningún caso hay una intención de atacar los interés de los capitalistas y las causas estructurales y de fondo de la violencia machista.
Por otro lado, en materia de educación se habla de “impedir la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos” y de “potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo”. Sin embargo, no se explica cómo mo se desarrollaría y el texto no toca nada sobre los acuerdos con la iglesia y la financiación de la escuela concertada, principales fuentes de desigualdad social y de género en la educación actual.
En materia de empleo, el acuerdo tiene un primer punto que habla de “Ley que garantice la igualdad retributiva y profundice en la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo”, también dice que “Garantizaremos el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo,” y que “impulsarán una la Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios”. Para todo el cumplimiento de las medidas “se creará la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación en la Inspección de Trabajo”. En este sentido volvemos a ver medidas que se quedan en un brindis al sol, ya que se pretende solucionar el problema de la conciliación familiar con “teletrabajo y flexibilidad horaria” en manos de las empresas, en un marco de relaciones laborales con temporalidad y precariedad y sin derogar las reformas laborales.
En este sentido también nos encontramos con una de las medidas ya conocidas, la equiparación de permisos de paternidad y maternidad intransferibles de 16 semanas. Se vuelve a indicar la implantación gradual y además, no menciona nada sobre una de las “trampas” del decreto, ya que después de las 6 semanas obligatorias para ambos progenitores, queda en manos de la negociación con la empresa, cuando se podrá disfrutar del permiso completo, (las 10 semanas restantes voluntarias).
Hacemos una mención especial a la externalización de servicios (que se recoge en otra parte del texto). Cuestión que ha sido una de las reivindicaciones principales de colectivos en lucha como las Kellys, y de muchos otros muy feminizados dentro de los servicios públicos. En este sentido se menciona que “Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación en servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”. No se concreta y se habla de modificación, pero no de prohibición. Por lo tanto, esto significa que no afectará a todos los servicios y que la precariedad, que se ceba especialmente con sectores feminizados, continuará bajo este gobierno.
El acuerdo también tiene una mención para las empleadas del hogar: “Culminaremos con carácter prioritario la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura”. Pero aquí tampoco concreta cuándo se aplicará la medida durante la legislatura, algo que si hubiera voluntad política podría hacerse de inmediato.
Por último, en materia de pensiones no contributivas (recibidas en su mayoría por mujeres), el texto dice “Aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas”, pero no especifica en cuanto.
En el contexto actual, con los ataques de la extrema derecha especialmente a las mujeres, a los inmigrantes y colectivos LGTBI, el actual gobierno se presenta con su rostro más progresista, para contentar algunos sectores aprobando algunas de las medidas que han sido reivindicadas en los últimos años. Pero realmente en lo que respecta a cuestiones de fondo que plantean cambios profundos no toca ni una coma. Como ya han anunciado, el nuevo gobierno seguirá aplicando los recortes que vengan de Europa y realizando las mismas políticas neoliberales que ya conocemos del PSOE. Es decir, si no se suben las pensiones, se derogan las reformas laborales, se acaba de manera directa con la brecha de género y se apuesta por unos servicios públicos de calidad para garantizar los cuidados, las medidas, aun siendo positivas, se quedarán en papel mojado.
Ante esta situación, tenemos más motivos que nunca para continuar en las calles. No podemos consentir que nuestras vidas dependan de un acuerdo de mínimos, y de “las políticas feministas” de los que no dudan en cargar en nuestras espaldas, especialmente de las mujeres, esta crisis. En ese sentido, son fundamentales las próximas convocatorias; la huelga general de Euskal Herria el 30 de enero y la huelga feminista del 6 y 8 de marzo.
Políticas laborales
Para amplios sectores de la población buscar un trabajo es una tarea realmente complicada. Ya sea tu primer empleo o en búsqueda de otro, la probabilidad de que el puesto de trabajo tenga una gran precariedad es altísima (temporalidad, bajos salarios, menos horas contratadas que las trabajadas, externalización de empresas, falsos autónomos). Para los trabajadores con empleo la situación es también muy parecida ya que no se respetan los contratos, los convenios colectivos o el Estatuto de los Trabajadores. El asunto merece que le dediquemos su atención, porque esta situación es responsabilidad de múltiples reformas laborales la gran mayoría impulsadas por el PSOE.
Es importante que recordemos todos esos ataques porque dada la precariedad laboral existente, el preacuerdo PSOE-UP puede parecer un avance, pero está muy lejos de responder nuestras problemáticas. Ya que, como trabajador@s deberíamos aspirar a tener un empleo estable, no ser despedidos o un salario y condiciones de trabajo que nos permitan vivir con dignidad.
De momento lo que tenemos es un documento de intenciones con varias líneas sobre las que trabajar y están pendientes de la negociación con la patronal. No es baladí, porque esta ya se ha manifestado muy contraria a muchas de las medidas del gobierno. Estas serían las medidas más importantes:
– Derogar la posibilidad por absentismo debido a la baja por enfermedad.
– Pérdida de vigencia de los convenios colectivos.
– Prioridad aplicativa de los convenios sectoriales frente a los de empresa.
– Limitar la subrogación de empresas a servicios especializados ajenos a la actividad de la empresa.
– Revisar los mecanismos de inaplicación de convenios, y modificaciones unilaterales de los contratos de trabajo.
– Subida del SMI.
– Cambios en la contratación para ayudar a simplificar los procedimientos. Y mejorar los controles contra el fraude laboral.
Parece evidente que si el Estatuto de los Trabajadores recoge definitivamente algunas de estas medidas van a favorecer la situación de l@s trabajador@s. En materia de negociación colectiva el hecho de que los convenios no “caduquen” junto a la prioridad del convenio sectorial frente al de empresa sería algo realmente importante. Estos dos grandes ataques que introdujo la reforma laboral del PP han permitido a la patronal tener una presión para la pérdida sistemática de las condiciones de trabajo en muchos convenios. Pero pensamos que es una medida insuficiente porque la reivindicación de la que debería venir acompañada es la recuperación de las condiciones de trabajo que esos convenios colectivos han perdido al menos en los niveles que tenían justo antes de estallar la crisis.
Otra de las grandes reivindicaciones de diferentes colectivos y movilizaciones laborales ha sido la prohibición de las externalizaciones, por esa razón la medida que propone el gobierno de limitar su uso es nuevamente insuficiente. La realidad para much@s trabajador@s es que no depender de la empresa matriz hace que los convenios sean realmente peores y dificultan la capacidad de organización sindical de los mismos.
De todas las medidas, la única que ya ha sido aprobada es la subida del SMI a 950 euros mensuales. Sería muy necio negar que cualquier mejora en ese sentido ayuda a much@s trabajador@s, pero esa cifra queda realmente lejos de las pretensiones de los propios partidos del gobierno, mostrando claramente sus límites.
Uno de los aspectos que ni siquiera menciona el acuerdo de gobierno es la cuestión de los despidos. En esa materia el partido que ha tenido más responsabilidad en facilitar las opciones del despido ha sido el PSOE tanto en la época de Felipe González como de Zapatero. Estaría bien que Unidas Podemos se acordara de estas contrarreformas laborales impulsadas por el PSOE y hubieran también señalado la responsabilidad del este partido sobre la precariedad laboral existente en el mercado de trabajo.
Cómo afrontar los problemas del mercado de trabajo, desde un punto de vista de transformar nuestra realidad como trabajador@s.
Para resolver los problemas del mercado laboral y responder a las perspectivas de amplios sectores de l@s trabajador@s no sólo podemos quedarnos en los aspectos técnicos y modificaciones legislativas para las que habría que tener como reivindicación la derogación de las reformas laborales y no solo su modificación parcial. Nos referimos a otro aspecto más cualitativo y de mayor importancia para todas aquellas organizaciones que pretendemos transformar el capitalismo.
Cuando intervienes sindicalmente en un centro de trabajo eres consciente de que el único instrumento que permite al conjunto de la clase trabajadora tomar las riendas de su destino y conquistar sus derechos laborales es la propia organización sindical y política de l@s trabajador@s. Quizás este sea el límite más importante que tiene el acuerdo de gobierno PSOE-UP al generar la ilusión para amplios sectores laborales que con votarlos a ellos y dejar que nos gobiernen vamos a mejorar nuestras vidas.
De nuevo señalamos que cualquier mejora es útil, pero lo que realmente daría miedo a la patronal sería la organización consciente de la clase trabajadora y que entendamos el poder que tenemos a través de la movilización y la huelga general.