Como cada inicio del curso nos tiene acostumbrados, el gobierno de la Junta de Andalucía, durante años gestionado por el PSOE, actualmente por el PP, Ciudadanos y VOX, ha comenzado el curso escolar metiendo las tijeras a la escuela pública, y en esta ocasión le ha tocado el turno a las escuelas primarias, junto con otras medidas que ya se vienen ejecutando desde hace casi una década (supresión de líneas en la pública, inestabilidad de las plantillas docentes, ratios ilegales, falta de profesorado específico para atender la diversidad del alumnado de nuestros centros educativos, etc)
La problemática de este año se ha generado a raíz de la Instrucción 12/2019, de 27 de junio de 2019, que deja a miles de trabajador@s docentes en la calle, a pesar de tener muchos de ellos hasta 10 años de servicio, enfrentando a trabajador@s de distintas especialidades y aumentando el horario para la asignatura (sic) de Religión. Asimismo, 487 unidades se han suprimido este año en la escuela pública andaluza, mientras que se da cobertura a la concertada e incluso aumenta, sostenida con fondos públicos. Según los datos hechos públicos por PADEI (Plataforma andaluza en defensa de la Educación Infantil), desde 2012 hasta el presente, solo en esta etapa educativa se han suprimido 1643 unidades. Está claro que llueve sobre mojado, y que quienes ahora nos gobiernan, continúan un proceso iniciado previamente de desmantelamiento y privatización de la escuela, ahora llega la estacada final.
Ante estos acontecimientos, l@s trabajador@s que se han visto afectad@s, con el apoyo de las organizaciones sindicales USTEA y CGT, junto con otros colectivos que llevan años de lucha y en defensa de la escuela pública, han empezado desde el mismo mes de julio a organizarse y movilizarse, bajo la plataforma Juntxs Sumamos, haciendo suyas muchas de las reivindicaciones de la Marea Verde, y entendiendo que el trabajo por la educación pública no solo se ciñe a la cuestión puntual de las Instrucciones, sino que hay que hacerlo de forma global, pues cada ataque que recibimos abre una nueva brecha por la que se desangra el derecho a la educación, y nuestras condiciones laborales empeoran, imponiéndose el modelo privado- concertado.
La cronología de los hechos es la siguiente: el pasado 30 de julio fue la primera concentración andaluza en las puertas de la consejería de Educación en Sevilla. Desde ese momento se han celebrado durante el mes de agosto, en las delegaciones de Educación, concentraciones en las diferentes provincias. El 14 de agosto se celebró una nueva concentración en Sevilla, a las puertas del Parlamento y el 27 de agosto tuvo lugar una reunión en Monturque (Córdoba) convocada por la plataforma Juntos donde nos encontramos Marea Verde, CODAPA, la Aso-ciación de Directores/as de las Escuelas públicas de Andalucía, Docentes en acción, USTEA, CGT, CCOO, Docentes por la Pública, y la Asociación de padres y madres “Niñas del sur”.
Las reivindicaciones están claras: no a la supresión de líneas, no a los conciertos educativos, bajada de ratios, plan de estabilidad laboral, y fuera la religión de nuestras escuelas. Asimismo, se reclama mayor presencia de especialistas para atender la diversidad y las NEAE en las aulas, bioclimatización de los centros ed-ucativos, mejora de los comedores, cubrir as bajas a las 48 horas de producirse, ampliación de la etapa de 0-3 como propiamente educativa y no asistencial, transparencia en los procesos selectivos y en las vacantes disponibles, etc.
Ahora toca movilizarse. Asambleas provinciales, concentraciones, asambleas en los centros de trabajo, y unir a toda la comunidad educativa en esta lucha, que no es nueva, pero que sigue siendo fundamental, porque tener una educación pública es nuestro derecho.