Anteayer se aprobaron nuevos paquetes de medidas que junto con los decretos de la semana pasada configuran cuál va a ser la actuación económica del gobierno PSOE-UP para paliar la crisis económica y social del coronavirus. El plan económico de choque contra la crisis del coronavirus tiene una línea central bien definida: es necesario salvar a las empresas desde el sector público para que cuando acabe el confinamiento y se vuelva a la “normalidad” el tejido productivo y empresarial esté prácticamente intacto. Dicha orientación de un “gobierno de izquierdas” deja en el olvido, como ya pasó con la gestión de la crisis de 2008, a la clase trabajadora.
¿Cuáles son las medidas? Movilización de 200.000 millones de euros para garantizar liquidez y garantías
El gobierno ha decidido movilizar 117.000 millones de dinero público y 83.000 millones de dinero privado. Esta cantidad enorme de fondos (un 20% del PIB) tiene como objetivo sostener los gastos corrientes de las empresas mediante avales bancarios. ¿Qué significa esto? Pues que esta enorme cantidad de fondos gestionada por el ICO y ejecutada por la banca privada a través de préstamos a interés, se darán a las empresas (muchas veces compartiendo accionistas banca y gran empresa), las cuales si no pueden pagar, el estado se hará cargo de los pagos.
Acuerdo gobierno PSOE-UP, patronal (CEOE y CEPYME) y direcciones de CCOO y UGT
En materia laboral, en la misma línea que la económica, la prioridad del gobierno así como de las patronales y direcciones sindicales de CCOO y la UGT no es otra que liberar a las empresas de la “carga salarial” mediante la aceleración de los procesos de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Por un lado se acuerda que dichos procesos de despido temporal no tengan que ser negociados ya que la situación de crisis sanitaria y estado de alarma a causa del CoVid 19 justifican la “causa mayor” para que la empresa haga el ERTE.
Por otro lado esta medida supone el ahorro a las empresas del 100% del salario y del 100% del pago de cotizaciones sociales para las empresas de menos de 50 trabajador@s, así como del 75% para las restantes. Ello en la práctica va a suponer que la clase trabajadora (la cual según informes del Banco de España asume más de las 3/4 partes de la carga fiscal entre impuestos directos sobre persona, sobre bienes y servicios y cotizaciones sociales) se haga cargo vía impuestos del 70% de su salario con la prestación pública del ERTE.
Por último, el gobierno PSOE-UP vuelve a tender la trampa de asemejar a los falsos autónomos de Glovo y Deliveroo y aquell@s trabajador@s por cuenta propia sin ningún asalariado a cargo con las “medianas empresas” que pueden tener hasta 250 asalariad@s en nómina y 50 millones de euros de facturación. Para todas estas “empresas” se aprueba la posibilidad de aplazamiento de 6 meses del pago a la seguridad social de todas las cotizaciones y deudas sin intereses y recargos, así como el retraso del pago de la cuota de autónomos de marzo a un interés del 0’5%.
Todas medidas contrastan y mucho en plazos y cantidades económicas con lo presentado para “familias vulnerables” y trabajador@s en general…
¿Dónde queda el “rescate” a los y las trabajadoras?
Este paquete de medidas laborales lo único que deja a l@s trabajador@s son alguna migajas. Por un lado, el pago del 70% del salario desde las arcas públicas sin que ello suponga gastar lo acumulado como prestación por desempleo o cualquier otra prestación pública.
Además de esta medida, se aprueban subsidios especiales para las empleadas de hogar que estén dadas de alta (70% de la base de cotización con el SMI como máximo) y para aquell@s trabajador@s temporales cuyo contrato se haya extinguido durante el estado de alarma (siempre y cuando éste fuera de una duración superior a 2 meses). Dichos subsidios tendrán la duración de un mes, serán incompatibles con otras ayudas y en el caso de l@s temporales, su cuantía será la friolera cifra de 430€.
Quedan fuera de todos estos programas tod@s l@s trabajador@s y que por culpa de la sobrexplotación de sus patrones trabajan en la economía sumergida (la cual en el Estado Español llega a suponer un 25% del PIB, mientras que en países como Francia se sitúa en un 12%). También aquell@s trabajador@s en cuyos contratos figura una jornada laboral muy inferior a la real (bastante habitual en sectores precarios como la hostelería y otros) verán drásticamente reducidos sus ingresos. Los primeros cálculos es que ya hay más de un millón de trabajador@s afectad@s por un ERTE en el Estado Español.
Fuera del ámbito laboral, ¿Se protege a la clase trabajadora y los sectores más humildes?
El gobierno PSOE-UP también ha elaborado una serie de medidas en materia de vivienda, suministros y otros servicios. En términos generales cabe destacar que dichas medidas son claramente insuficientes e incluso se quedan cortas en comparación con las actuaciones que se han tenido con el tejido empresarial, el cual, en el caso de las medianas y grandes empresas, han estado haciendo millonarios beneficios durante años.
En materia de vivienda, el gobierno plantea una moratoria del pago de hipotecas, alquileres y suministros como agua, luz, gas y telecomunicaciones para autónomos y familias vulnerables. Para entrar en este grupo se han de cumplir requisitos estrictos tales como: estar en paro a causa de esta crisis o haber reducido los ingresos en un 40% en el caso de los autónomos, que los ingresos de la unidad familiar hayan sido en el mes anterior inferiores a 1.613€ (algo mayor si se tienen personas a cargo), que la hipoteca y los gastos en suministros sean superiores al 35% de los ingresos de la unidad familiar o que el peso de la hipoteca con respecto a los ingresos haya incrementado más de un 30% a raíz de esta crisis… Ello junto con la paralización del precio del butano y la posible intervención en el precio de otros bienes básicos son las únicas medidas que más de un millón de familias tendrán para hacer frente a esta brutal crisis.
Es necesario utilizar la riqueza de las grandes empresas y fortunas para hacer frente a la crisis económica. Si el gobierno quiere evitar sucesos de saqueos como en el sur de Italia, es necesario desde ya recaudar este fondo social para instaurar una renta básica temporal que cubra las necesidades básicas de tod@s aquell@s trabajador@s que o bien eran víctimas de la economía sumergida o habían sido expulsad@s del mercado de trabajo hace años.
La expropiación de la sanidad privada y la planificación de la economía para abordar la crisis sanitaria y social son las grandes líneas que podrían paliar los efectos sanitarios y económicos de esta pandemia. En otras publicaciones recientes ya hemos abordado dicha cuestión así como las medidas que deberían llevarse a cabo para realmente “no dejar a nadie atrás”.
En definitiva, volvemos a vernos en una situación donde la única preocupación de las instituciones no es la salud pública y la seguridad económica de la mayoría de la sociedad, sino los beneficios de una minoría criminal que aún a día de hoy en mitad de una pandemia mundial pone el máximo beneficio como único objetivo a conseguir. Un buen ejemplo de ello son las excepciones del decreto a acogerse a la partida de actividades esenciales donde encontramos a empresas exportadoras como el grupo Cosentino, el cual facturó en 2018 984’5 millones de euros con un beneficio de 128 millones (dedicado a la elaboración de cocinas, baños y demás aplicaciones del mármol).