El proceso en Catalunya sigue avanzando. La agudización del conflicto entre el Estado español y Catalunya está mostrando de manera cada vez más clara las intenciones de cada uno de los actores que están interviniendo. La posición del gobierno del PP y de sus satélites ya queda más que clara: nula intención de cualquier tipo de acercamiento, represión y mantenerse a la espera de que el proceso se vaya resquebrajando progresivamente.

Pero no es una espera inocente sino un freno en la escala del conflicto tras la represión que han ido llevando a cabo durante este último periodo y sobre todo el día 1 de octubre, que les permite una acumulación de fuerzas de cara a ejecutar sus políticas con el máximo apoyo y base social posible.

Por una parte, en este impasse las declaraciones del rey dan confianza a los sectores más conservadores, y a su vez abre la puerta al gobierno para que aplique medidas como el artículo 155 o incluso la intervención del ejército, con una legitimidad mucho mayor. Por otra parte, las movilizaciones que están girando en torno a la “unidad de España” se siguen sucediendo en el conjunto del Estado español, y si bien no son las únicas movilizaciones que se están dando, sí que están generando una base social movilizada cada vez más considerable, lo cual favorece cualquier política reaccionaria que pueda llevar a cabo el gobierno central contra Catalunya.
Este empuje de los sectores más reaccionarios contrasta con los movimientos que se están dando en los últimos días en Catalunya. Se empieza a visibilizar algo que ya se intuía, sectores cada vez más importantes del PdeCat muestran desconfianza en el proceso y piden de manera cada vez más nítida la necesidad de diálogo con el gobierno central. Frente al planteamiento inicial que planteaba que 48 horas después de un referéndum favorable se iniciaría el proceso de desconexión, una semana después hay cada vez más declaraciones planteando incertidumbres sobre ello.

Las declaraciones de Puigdemont llamando a la necesidad de dialogar, el artículo de Santi Vila, Conseller de Empresa del govern, en el que plantea que una declaración unilateral de independencia ahora mismo no es posible en estas condiciones y que hay que dar una oportunidad al diálogo, etc. sumado a la presión que les supone el hecho de que empresas y las dos entidades bancarias catalanas más importantes (Sabadell y CaixaBank) hayan cambiado sus sedes sociales, muestran de manera cada vez más clara que comienza a haber pasos atrás en la DUI.

El Estado español va a aprovechar cualquier resquicio en el proceso para introducir elementos cada vez más reaccionarios y centralistas. Un paso atrás del movimiento da confianza al gobierno central para mantener su política y endurecerla, con la diferencia de que ahora hay una base social que pide mayor centralización y más represión en Catalunya movilizada en el conjunto del Estado español. La manifestación de Barcelona del 8 de octubre o las manifestaciones de corte españolista de esta última semana son una muestra de cómo se empieza a acumular una fuerza que no puede desembocar en nada bueno.

El paso atrás de la Generalitat muestra claramente cómo a los sectores económicos a los que representa no les conviene el grado de polarización que se está generando con el gobierno central. Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR consideramos que es el momento de poner en valor y fortalecer un proceso de autoorganización en Catalunya y en el conjunto del Estado español para responder al empuje del gobierno, la monarquía y los sectores más conservadores.

Es imprescindible dar una respuesta de nuestra clase social y no escondernos tras las posiciones de Puigdemont y Junqueras que, a la vista está, no defienden los mismos intereses que nosotr@s. Ante las presiones que intentan generar con la salida de las empresas de Catalunya nuestra respuesta no puede ser la de dar confianza en que van a seguir obteniendo beneficio si se quedan en Catalunya, sino la de asegurar que l@s trabajador@s sigan manteniendo sus puestos de trabajo y si los empresarios quieren irse, que se vayan pero que las empresas se quedan en Catalunya y que pasen a estar controladas por los y las trabajadoras.

E igualmente con los bancos. La solución es expropiarlos y los sectores estratégicos de la economía catalana y se pongan a funcionar bajo control y dirección de l@s propi@s trabajador@s que son quienes tienen que defender su trabajo. Ante el empuje de la extrema derecha españolista y el paso atrás de la Generalitat debemos poner en jaque a los sectores que tienen intereses económicos en Catalunya, sean de dentro o de fuera. Hay que continuar la huelga del día 3 de octubre y empujar para que lo que salió del referéndum del día 1 se pueda hacer efectivo y a su vez por pelear por que los pilares institucionales y económicos del régimen caigan: acabar con la monarquía, impagar la deuda, derogar las reformas laborales y tantas consignas que se han escuchado en las calles desde el inicio de la crisis.

Y todo esto ha de hacerse por aquell@s que han estado saliendo a la calle, mediante comités (en los centros de trabajo, de estudios y en los barrios) que defiendan de manera efectiva el derecho a decidir expresado en el referéndum frente a la reacción de unos o los pasos atrás de otros.

Además, es el momento de que la clase trabajadora del conjunto del Estado español aproveche las grietas del régimen para dar una respuesta coordinada y contundente. La crisis abierta en Catalunya es un golpe para el régimen del 78, responsable de las reformas laborales, los desahucios, los despidos y el recorte en las pensiones, y que hace de la reivindicación de la “unidad de España” uno de sus pilares para la imposición de esas medidas.

Es imprescindible que se muestre la solidaridad y el apoyo desde el conjunto del Estado español de todas las personas organizadas o no en colectivos y centros de estudio y de trabajo que llevan luchando durante estos últimos años. La lucha de l@s trabajador@s catalan@s la misma lucha que la del conjunto de l@s trabajador@s del Estado español.
Aprovechemos la división que existe en el bando de los capitalistas y de los gobiernos que han aplicado políticas de recortes durante estos años para que, además de luchar por el derecho de autodeterminación, también podamos recuperar nuestros derechos sociales. Sólo si la clase trabajadora dentro y fuera de Catalunya se pone en movimiento y usa sus propios métodos de lucha podremos imponer tanto el derecho a decidir como la recuperación de nuestros derechos como trabajador@s.