Respondiendo a uno de los puntos del acuerdo del Gobierno de coalición firmado en 2019 y con el objetivo de crear una normativa que modernice el sistema universitario, nace el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema de Universidades (LOSU), aprobado a finales de agosto del año pasado, que viene a sustituir a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001.

En el contexto de la reforma educativa, continuista de las políticas de mercantilización y privatización de la educación pública, los aspectos más lesivos de esta nueva ley de universidades promovida, en un primer lugar, por el ministro de Unidas Poemos, Manuel Castells y continuada por Joan Subirats, de la misma agrupación, son principalmente 3

Por una parte, la “mención dual”, es decir, hacer un porcentaje de los créditos del grado en una empresa, al estilo de la Formación Profesional. Esta “mención dual” vela porque las empresas tengan más presencia y poder en la educación universitaria, se beneficien de los contratos en prácticas abartándose los costes de la contratación de trabajador@s, y además, aunque como en FP, se venda como una vía para insertarse en el mercado laboral, para nada asegura que el estudiante que haga sus prácticas en una empresa pueda consolidar allí su puesto ya que, como en el resto de ciclos educativos con sistemas de prácticas similares, cada año se renueva la plantilla de práctic@s.

Por otra parte, introduce también los “Programas de enseñanzas de Grado con itinerario académico abierto”, es decir, que la universidad pueda flexibilizar la formación pudiéndose realizar asignaturas de diferentes grados, lo que conlleva adaptar ciertos currículos a las demandas de las empresas y realizar unos estudios cada vez más amplios pero poco especializados, devaluando la formación del estudiante. Esta supuesta flexibilidad continúa la lógica del plan Bolonia que mediante la eliminación de las licenciaturas ha conllevado una formación mucho más general durante la carrera (puesto que los planes de estudios se tuvieron que acoplar a tener un año menos) y una formación en máster supuestamente más específica.

Esta reforma, a pesar de que en un primer momento se atrevió a poner sobre la mesa el 3+2, cede y refuerza el modelo 4+1 ya que el máster sigue siendo necesario en muchísimos sectores para acceder al mercado laboral, cuando en la práctica es hacer un año más de carrera, costándote más dinero.

Por último, en esta última línea, la LOSU llega para no responder a ninguna de las demandas de l@s universitari@s: no se habla en ningún momento de una bajada del precio del crédito ni de la equiparación de costes del grado y del máster para revertir de una forma real la precariedad de la juventud estudiante.

La Ley de Convivencia Universitaria

Este anteproyecto de ley viene además acompañado de la Ley de Convivencia universitaria, también aprobada, que regula el funcionamiento interno de la institución, así como, su relación con el alumnado. Esta ley sustituye a la única normativa al respecto, vigente hasta este momento desde el año 1954, es decir, impuesta por el franquismo hasta nuestros días.

Si bien, consigue por fin que las novatadas, las vejaciones y el acoso sean comportamientos sancionables por las universidades. En cuanto a la protesta se refiere, lejos de ir en una línea mediadora con el estudiantado o de protección de la libertad sindical, de expresión o el pensamiento crítico, toma el camino de la sanción y la prohibición. Las sanciones frente a las faltas muy graves, graves o leves no sólo van hacia perseguir al “mal estudiante” sino sobre todo en el camino de amedrentar cualquier forma de contestación.

En esta línea, se considerará todo tipo de escraches o boicots a elecciones al rector o claustros como faltas muy graves, castigadas con la expulsión de entre dos meses a tres años o la pérdida de matrícula durante un curso o semestre académico; además, será falta grave impedir que se celebren conferencias organizadas por la universidad, o hacer piquetes en las aulas en caso de huelga, lo que se sancionará con la expulsión del alumno hasta un mes o la pérdida del derecho de presentarse a los exámenes.

La ley de convivencia universitaria no debe sorprendernos ya que sigue la misma línea represiva que la “mordaza maquillada”: criminalizar la protesta que canalice el descontento en las calles de una mayoría social que cada día se está viendo más empobrecida (encarecimiento del precio de la compra, de la luz, de los alquileres). En el caso de la juventud viéndose su situación agravada por la situación de pandemia, con altas tasas de paro (en Andalucía, por ejemplo, del 40%) y la imposibilidad de independizarse hasta los 30 (8 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años viven aún con sus padres según el último informe del Consejo de la Juventud de España).

Ambas propuestas de ley llegan en un contexto de desmovilización general del estudiantado, cada vez más precarizado, que no se ha repuesto de las derrotas de los últimos años, además, azotado por la crisis económica y social de la covid-19. Para lxs que luchamos contra este sistema y sus políticas, gobierne quien gobierne, sólo hay una solución: la movilización conjunta del estudiantado y lxs trabajadorxs del sector universitario contra sus políticas neoliberales que dejan fuera de los estudios superiores a los hijos de la clase obrera.