La huelga general del 4 de marzo en contra del decreto de escolarización ha sido un éxito de movilización. Es difícil tener un dato claro del seguimiento. Lo que está claro es que está muy por encima de los datos ofrecidos por la consejería (13%) y que es reseñable la participación en aquellas ciudades como Cádiz o Granada dónde la concertada alcanza el 60% de los centros educativos.
En cuanto a las manifestaciones, éstas han sido muy importantes: 6000 en Granada, 5000 en Málaga y Cádiz, 2000 en Jaén o 6000 en Sevilla y eso a pesar de la premura de la convocatoria. En efecto, el anuncio se hizo menos de 2 semanas antes de la fecha de huelga estando además el puente de Andalucía y las vacaciones de semana blanca en Málaga. La convocatoria realizada por la Plataforma por la Educación Pública compuesta por CCOO, UGT, CGT, USTEA y el Frente de Estudiantes (FdE) no ha sido en ese sentido una convocatoria pensada para construirla desde los centros y tratar de retomar el cierto grado de autoorganización que pudo existir con las grandes movilizaciones de los y las interinas andaluzas en 2017 en las que se fueron constituyendo asambleas por centros y una cierta coordinación andaluza de asambleas.
A los pocos días, la derecha sindical compuesta por ANPE y CSIF se sumaron también a la convocatoria no porque estén en contra de la educación privada concertada sino porque son conscientes de que el decreto de escolarización atenta al futuro laboral del profesorado andaluz. En efecto, si al final se acaba primando las unidades de la concertada sobre las de la pública es evidente que éstas acabaran siendo suprimidas afectando puestos de trabajo tanto de funcionari@s que podrían verse desplazados como de interin@s que podrían trabajar menos, en destinos más alejados o ver sus puestos directamente suprimidos.
A nivel estudiantil, el Frente de Estudiantes (FdE), dirigido por las juventudes del PCTE, ha tomado como suyos los viejos reflejos y automatismos del Sindicato de Estudiantes (SE): convocar de manera unilateral una huelga sin tratar de consensuar la fecha con otras organizaciones sindicales estudiantiles andaluzas o provinciales impidiendo de facto tener esa semana una única fecha de huelga para el estudiantado ya que desde hacía unos meses existía otra convocatoria de huelga en Andalucía, para el 6 de marzo, en contra del Pin Parental convocada por el SE. En lugar de tratar de unificar fechas, el FdE prefirió convocar una fecha diferente en un afán por debilitar la del SE confundiendo así al estudiantado, llamándolo incluso a ir a clase el día de la huelga contra el Pin Parental. Esto demuestra que el FdE y el SE son tal para cual. Para esas organizaciones estudiantiles prima antes la autoconstrucción y la hegemonía del movimiento que la unidad y la autoorganización del movimiento como mejor forma para ganar.
Una huelga y una movilización andaluza con grandes divergencias entre los convocantes
En efecto, si bien todas las organizaciones sindicales se han sumado a la convocatoria de huelga, muchas de ellas no han querido señalar el verdadero problema: la propia existencia de la privada concertada. Mientras USTEA y CGT han defendido con claridad la necesidad de acabar con la doble red educativa, tanto CCOO, UGT, CSIF como ANPE han rechazado denunciar y pedir el final de la privada concertada. Algunos por convencimiento ideológico y otros por cuestiones más ligadas a su representación sindical entre el profesorado de la privada concertada. Una orientación, por parte de CCOO, que permite, en la práctica, que se siga devaluando a la educación pública.
Esto no significa que l@s trabajador@s de la privada no tengan derechos. Sin embargo, sí es imprescindible aunque se tenga afiliación entre dicho profesorado ser claro sobre el hecho de que se está a favor de una única red pública educativa y que los y las trabajadoras de la concertada deben ser absorbidos por la pública. El debate de en qué condiciones es un debate abierto en el que hay que ir profundizando.
A causa de esas divergencias, el lema de la convocatoria de huelga se ha quedado en: “Por la educación pública, no al decreto de escolarización”, no pudiendo aparecer el “No a la concertada”. El matiz es importante ya que oponerse al decreto de escolarización significa oponerse a que se siga favoreciendo a la privada concertada pero en ningún caso eso conlleva que se esté a favor de que la concertada desaparezca, medida sin la cual es imposible revertir la situación de degradación que está padeciendo la pública tal y como anteriormente hemos explicado.
Por parte de USTEA se optó por aceptar dicho lema incorporando en su discurso propio el elemento del “No a la concertada”. Sin embargo, en Granada, eso no fue suficiente para poder ir todas las organizaciones sindicales juntas en una misma manifestación. Las direcciones de CCOO y UGT fijaron una línea roja más: no podían aparecer algunas de las asociaciones y organizaciones sindicales tanto del profesorado como estudiantiles que estaban construyendo la huelga del 4 de marzo. Quedaban así fuera del cartel, de la pancarta unitaria o de la rueda de prensa organizaciones como el SAT, CGT, Por Primaria o la Unión Sindical Estudiantil (USE).
Ese procedimiento es del todo inaceptable. No se puede permitir que las direcciones de CCOO y UGT veten a su antojo a organizaciones que representan a compañeros y compañeras que en sus centros de trabajo o de estudio están movilizando y construyendo la huelga. Una vez más prima antes la voluntad de impedir la visibilidad a organizaciones que tienen un discurso a su izquierda en la cuestión por ejemplo del “no a la concertada” que buscar la unidad de acción para tumbar el decreto de escolarización de Imbroda.
Ese veto conllevó que en Granada hubiese 2 manifestaciones a pesar de que USTEA hiciera un último intento junto con la FAMPA, la USE y Por Primaria para que hubiese una única manifestación exigiendo en un carta dirigida a las direcciones de CCOO y UGT que todas las organizaciones convocantes pudieran aparecer en pie de igualdad en la convocatoria. Dicha carta también fue entregada al Frente de Estudiantes para que éste lo firmase y hiciera la posible para conseguir tener una única manifestación en Granada. Ni el FdE lo firmó, ni CCOO y UGT contestaron. Resultado: dos manifestaciones. Una en la que el grito unánime, ademas de la retirada del decretazo fue el “No a la privada concertada” y otra apoyada por el PSOE, Adelante Andalucía (Podemos, IU y Anticapitalistas) en la que participó el FdE asumiendo y adaptándose de manera oportunista al discurso de las direcciones de CCOO y UGT en la que esto último no estuvo presente.
¿Qué perspectivas en la educación andaluza?
El gobierno andaluz con el consejero de Educación por un lado y con el presidente de la Junta por otro han dejado muy claro que el decretazo va a seguir para adelante. Juanma Moreno incluso se ha reunido con Vox para asegurarle que todo sigue adelante. Para tumbar ese decreto y torcerle el brazo a este gobierno es evidente que va a ser necesario mucho más que una jornada de huelga.
En diciembre pasado, las Mareas por la Pública celebraron un encuentro en Cádiz en el que se acordó una fecha de movilización para finales de marzo. Esa fecha debe converger con una nueva fecha de movilización y de huelga convocada por el conjunto de las organizaciones sindicales. La lucha en contra del decreto de escolarización debe profundizarse y nutrirse de las luchas inmediatas en contra del cierre de unidades. El conjunto de la comunidad educativa debe movilizarse. Para ello, hay que convocar asambleas en todos los centros de trabajo y tratar de coordinar dichos centros en una coordinación andaluza. Las organizaciones sindicales de clase deben reforzar dichas estructuras y tratar de proponer fechas de movilización y de huelga que permitan converger con dichas asambleas.
La crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad debido al virus Covid-19 debe poner sobre la mesa, hoy más que nunca, la cuestión de la defensa de los servicios públicos. Las políticas de desmantelamiento de la sanidad durante años son responsables de que hoy no se pueda afrontar esta pandemia y evitar los numerosos fallecimientos que se están dando. La falta de medios responde a unas políticas concretas llevadas a cabo tanto por el PP como por el PSOE. Es necesario articular un movimiento de conjunto por la defensa de nuestros servicios públicos que acabe con los recortes y con la priorización del pago de la deuda que han provocado los bancos frente a cualquier gasto social.
El articulo 135 de la Constitución que fue modificado en verano del 2011 por el PP y el PSOE en pleno gobierno de Zapatero debe en ese sentido ser revertido. Hay que revertir con urgencia los recortes que se han llevado a cabo en esta última década. En Madrid, en el año 2008, la sanidad pública contaba con 2100 camas más que en 2020. La situación actual de temor a posibles contagios no debe hacernos olvidar que tenemos la responsabilidad de ir organizando desde ya una respuesta que señale a las políticas antisociales que son responsables del colapso actual que impide atender debidamente a los y las enfermas que acuden a los hospitales públicos.
Es necesario desde ya preparar las movilizaciones post confinamiento, teniendo en cuenta las medidas de seguridad adecuadas, que nos permitan denunciar públicamente las políticas antisociales llevadas a cabo durante años que han desmantelado nuestros servicios públicos y exigir que esta nueva crisis no la paguemos la clase trabajadora y la juventud. En ese sentido es urgente levantar una tabla reivindicativa en educación que responda a las necesidades educativas de nuestro alumnado y ligarlas con el cumplimiento de las medidas de seguridad que no pongan en peligro la salud del conjunto de la comunidad educativa:disminución radical de las ratios para respetar la distancia de seguridad y para poder atender de forma personalizada a las necesidades de nuestro alumnado incrementando las plantillas para favorecer los desdobles.