El pasado 27 de septiembre salieron a la calle miles de personas en el estado español y millones en más de 150 países, demandando soluciones reales para la crisis climática que ya ha comenzado y se va a profundizar en los próximos años. No es la primera movilización que tiene lugar en este sentido. Desde que Greta Thunberg alcanzó la escena mediática, la indignación de la juventud ante la situación de emergencia climática que vivimos se ha traducido en varias jornadas de huelgas estudiantiles secundadas en muchos países del mundo. En el estado español, la huelga ha trascendido por primera vez el plano estudiantil con la convocatoria oficial de CGT en Andalucía, que daba cobertura a l@s trabajador@s andaluces/zas para sumarse a esta jornada.
¿Por qué nos movilizamos el 27 de septiembre?
El cambio climático es una de las mayores amenazas que el ser humano va a enfrentar en los próximos años, junto con el agotamiento de ciertos recursos naturales, la contaminación, la modificación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Amenazas que se retroalimentan unas a otras y que tendrán profundos efectos sobre nuestras vidas. Esta crisis ecológica, producto del capitalismo, retroalimenta a su vez los efectos de la crisis del sistema capitalista que estamos padeciendo los y las trabajadoras, haciendo cargar sobre nuestras espaldas tanto las consecuencias económicas como las ecológicas del desarrollo del sistema capitalista.
Ya empezamos a ver los efectos del cambio climático en la vida de las personas: las inundaciones, los desplazamientos forzados por ésta u otra causa, los fenómenos naturales extremos como los huracanes… Entre el 2000 y el 2004, cada año cerca de 262 millones de personas se vieron afectadas por desastres meteorológicos, sólo el 2% de ellas en “países desarrollados”. Entre el 2000 y el 2016, aumentó en 125 millones el número de personas expuestas a olas de calor, lo que ha incrementado las muertes durante épocas estivales. La organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) estima en 821 millones el número de personas desnutridas en 2017, una parte importante debido a las sequías asociadas a “El niño” (2015-2016). Éstos son sólo algunos datos que permiten ilustrar las consecuencias sociales directas de una crisis ecológica sin precedentes, que profundiza los efectos que la crisis económica está teniendo sobre la vida de los y las trabajadoras.
Pero lo peor está por llegar. El calentamiento global es un hecho ya incuestionable a nivel internacional. En el 2018, se batió el récord de temperatura, alcanzándose un aumento medio global de 1ºC con respecto a épocas preindustriales. En el estado español, ya se observan efectos claros del cambio climático. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), registrados desde 1961, el clima semiárido se ha extendido alrededor de 30 mil kilómetros cuadrados en el conjunto del estado, lo que supone un 6% de la superficie total. Las zonas más afectadas son Castilla-La Mancha, el valle del Ebro y el sureste peninsular.
Las consecuencias son ya notorias: creciente escasez de lluvias, temperaturas cada vez más altas y veranos más largos. De hecho, los veranos duran 5 semanas más con respecto a lo que duraban en los años 80, lo que está incrementando las muertes por golpes e calor y por exposición prolongada al calor excesivo. Para hacernos una idea, en los años 70 en Madrid, el verano empezaba el 15 de julio y acababa el 16 de septiembre; actualmente, empieza el 11 de junio y termina el 22 de septiembre.
El nivel del mar está aumentando a una media de 3,4 milímetros anuales, aunque no de forma homogénea en todos los territorios, siendo algunos de ellos más afectados. Según la Aemet, un tercio de Aragón es ya una estepa en términos climáticos y esta tendencia no tiene visos de revertirse, sino de extenderse aún más a otros territorios. Vivimos cada vez de forma más frecuente y profunda periodos de sequías, así como inundaciones, como las que se han vivido los últimos meses en diversos territorios del estado español y que han causado múltiples destrozos e incluso la pérdida de vidas.
Sabemos además que las peores consecuencias están por llegar. El calentamiento global se acelera, la subida del nivel del mar es cada vez más rápida, la pérdida de biodiversidad es más importante que nunca… El capitalismo en su búsqueda de beneficios depreda el medioambiente y lo seguirá haciendo. La única forma de construir una sociedad ecológica está fuera de un sistema que no permite planificar la producción y que solo se guía por la acumulación de capital en unas pocas manos, importándole nada la destrucción del soporte necesario para nuestra vida, el planeta tal y como lo conocemos.
¿Cómo se está abordando el cambio climático?
Desde finales del siglo XX, se vienen desarrollando una serie de cumbres sobre el clima e implementando una serie de acuerdos o tratados, en base a los informes elaborados por el Panel Internacional sobre el Cambio Climático de la ONU, también denominado Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y que tiene IPCC por siglas. El último acuerdo internacional es el famoso Acuerdo de París, que fue suscrito por 195 países en 2015 y cuya aplicación comenzará en 2020, fecha en que caduca el Protocolo de Kyoto. También se está negociando el Tratado Global de los Océanos para 2020, que supuestamente busca proponer soluciones a las problemáticas marítimas: aumento de temperatura por el calentamiento global, acidificación (por la mayor concentración de CO2 que absorbe de la atmósfera), contaminación, sobrepesca, alteración de ecosistemas marinos, emergente industria minera suboceánica y búsqueda de recursos genéticos de las especies marinas.
El Protocolo de Kyoto, aprobado en 1997, acordó una reducción, jurídicamente vinculante, de al menos un 5% de seis gases de efecto invernadero para 2008-2012 con respecto a 1990: CO2, metano, óxido nitroso y tres tipos de gases de la familia de los compuestos cloro-fluoro-carbonados (CFC). Rusia ratificó el acuerdo en noviembre de 2004, cuando la UE aceptó pagar los costes de su aplicación, lo que permitió que el acuerdo entrara en vigor en 2005. En 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero en aquella época firmó pero nunca ratificó el acuerdo; y Canadá lo abandonó.
La UE se comprometió a reducir sus emisiones totales medias en un 8% respecto a las de 1990 para el año 2012, repartiendo la carga de la siguiente manera: Luxemburgo (-28%), Alemania y Dinamarca (-21%), Austria (-13%), Reino Unido (-12,5%), Bélgica (-7,5%), Italia (-6,5%), Países Bajos (-6%), Finlandia (-2,6%), Francia (-1,9%), Suecia (+4%), Irlanda (+13%), España (+15%), Grecia (+25%) y Portugal (+27%).
El incremento de emisiones en el Estado español desde 1996 hasta 2008, ambos incluidos, es el siguiente correlativamente: 7% (en 1996), 15%, 18%, 28%, 33%, 33%, 39%, 41%, 47%, 52%, 49%, 52% y 42,7% (en 2008); muy lejos del techo del 15% para el incremento de las emisiones con respecto a 1990. En 2012, fecha objetivo del Primer periodo del Protocolo de Kyoto, el Estado español superaba en 105 millones de toneladas de CO2 su meta; el precio para adquirir en el mercado de carbono dicha cantidad era de 500 millones de euros, que se habrían sumando a lo que se gastó el gobierno anterior (770 millones de euros) comprando derechos de emisión a otros países. Finalmente el Estado español logró “cumplir los objetivos” gracias a un acuerdo de compra de derechos de emisión de gases de efecto invernadero “muy favorable” con Polonia.
El seguimiento del primer periodo del Protocolo de Kyoto (Kyoto I) se llevó a cabo en 2012. El balance global del conjunto de países firmantes concluye que los objetivos se cumplen, ya que muchos estados reducen sus emisiones por encima de su objetivo mínimo y compensan a los 9 países que no alcanzan su meta, entre los cuales se encuentra el Estado español. La disminución global europea fue del 11,8%.
Tiempo antes, en 2006, se comenzó a negociar la continuidad del Protocolo de Kyoto más allá del primer periodo (2008-2012). En 2012, se acordó un segundo periodo de compromiso (Kyoto II) comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020, no respaldado por EEUU, Rusia ni Canadá. La UE se ha comprometido a reducir sus emisiones un 20% con respecto a 1990 en este periodo, repartiendo así los porcentajes entre los distintos países de la UE de los 25: Luxemburgo, Dinamarca e Irlanda (-20%); Finlandia, Países Bajos y Austria (-16%); Bélgica (-15%); Alemania y Francia (-14%); Italia (-13%); Chipre (-5%); Grecia (-4%); Portugal (1%); Eslovenia (4%); Malta (5%); República Checa (9%); Hungría (10%); Estonia (11%); Eslovaquia (13%); Polonia (14%); Lituania (15%); Letonia (17%); Rumanía (19%); y Bulgaria (20%).
El estado español debe alcanzar una reducción del 10% de las emisiones respecto a 1990, es decir que pasa de una exigencia de no superar el +15%, que ya no fue capaz de cumplir, a una del -10%. Los últimos datos muestran una reducción respecto a los años 2000 pero aún un porcentaje muy por encima de la meta exigida: +17% en 2015, +13,1% en 2016 y +17,9% en 2017.
El Acuerdo de París, firmado en 2015 tras la publicación en 2014 del quinto informe del IPCC, plantea la necesidad de “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC…”. Actualmente lo firman 195 países que representan el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y representa un nuevo acuerdo internacional algo más ambicioso que el Protocolo de Kyoto, aunque también insuficiente en medidas planteadas.
En 2017, a 20 años del tratado de Kyoto, las emisiones globales de gases de efecto invernadero acumuladas en la atmósfera aumentaron en más de un 50%, pasando de 22 a 36 miles de millones de toneladas equivalentes de CO2. El IPCC estima que, superando los 2,5ºC de aumento en la temperatura global con respecto a 1780 (épocas preindustriales), entre un 15 y un 40% de los ecosistemas terrestres comenzarían a emitir más CO2 del que absorben, por lo que produciría el colapso del ciclo del carbono y autoalimentaría el calentamiento, es decir que la temperatura empezaría a subir más rápido aún y el cambio climático se aceleraría aún más.
Hay que tener en cuenta que estas estimaciones de los informes del IPCC parecen estar quedándose cortas en comparación con las observaciones que se van realizando. Por ejemplo, parece existir una discrepancia del 60% entre proyecciones y observaciones de la subida del nivel del mar, siendo un proceso mucho más rápido del que se preveía. Esto se debe a que los modelos de predicción del cambio climático operan sobre una base errónea: la historia de sucesos anteriores que no se corresponde con el cambio actual. Actualmente, no somos capaces de imaginar la magnitud de las consecuencias de esta situación.
¿Qué hacer frente al cambio climático?
Las condiciones que pone el IPCC, en su informe de 2007, para salvar el clima son las siguientes: 1) entre el 25 y el 40% de reducción de emisiones para los países desarrollados antes de 2020, y entre el 80 y el 95% para el 2050, con respecto a 1990; 2) para los países en vías de desarrollo, entre un 15 y un 30% para 2020, salvo para África que se prolonga a 2050; 3) las emisiones mundiales deben haber alcanzado su máximo en 2015 y disminuir antes de 2050 entre un 50 y un 85% respecto al año 2000. Estos objetivos son un estricto mínimo, ya que, aún cumpliéndolos, el propio informe estima un aumento de la temperatura de 2 a 2,4ºC, cuando está aceptado que el umbral de peligro se sitúa sobre 1,5ºC.
Es necesario recordar que la UE se propuso reducir un 8% hasta 2012 (redujo un 11,8% según sus datos) y un 20% para 2020; que EEUU, Rusia y Canadá no participan de los acuerdos actuales; y que el Acuerdo de París, además de totalmente insuficiente, abarca únicamente el 55% de las emisiones globales. Además, hay que tener en cuenta, como planteábamos más arriba, que las estimaciones no están concordando con las observaciones, siendo las segundas más preocupantes aún, debido a que los modelos que se utilizan para predecir no contemplan los procesos “rápidos” (no lineales). Lo que está claro es que los objetivos del IPCC no tienen visos de cumplirse bajo el sistema capitalista y que, además, casi con toda certeza, son insuficientes.
La lógica del sistema capitalista choca con la posibilidad de salvar el clima. La verdadera transición ecológica debe tener en cuenta que el 80% de la energía del planeta se obtiene del carbón, del petróleo y del gas natural; y que el petróleo tiene un papel clave pues de él depende el transporte y la industria petroquímica (obtención de plásticos, cosméticos, textiles sintéticos…). Sería técnicamente posible dicha transición abandonando los combustibles fósiles con el desarrollo de infraestructuras para la obtención de energía solar y otras energías renovables, siempre que además se ponga fin a la deforestación.
Es necesaria una profunda reconversión de los procesos productivos y energéticos, además de una relocalización de la producción que suponga una reducción drástica del transporte. Pero no será posible una transición ecológica real sin reducir la producción, como resultado de una economía planificada que produzca lo necesario y produzca bienes duraderos, en los países desarrollados; ni sin saltarse la etapa fósil en los países en vías de desarrollo. Todas estas medidas chocan frontalmente con la lógica de la competencia capitalista y su tendencia a la sobreproducción. La deslocalización de la producción a países donde puedan tener esclavos es hoy más clara que nunca: el capitalismo no puede asumir la relocalización de la producción que se requiere para hacer frente al cambio climático, de hecho se ha seguido intensificando con la crisis.
La única respuesta es acabar con el capitalismo y establecer una economía planificada en torno a las necesidades sociales y la sostenibilidad con el medio ambiente. Decidir qué, cuándo y dónde producimos sólo se hará realidad expropiando los medios de producción y los sectores energéticos para poder desarrollar una transformación ecológica de los mismos. L@s trabajador@s seremos l@s más afectad@s por las consecuencias del cambio climático, debemos organizarnos para hacer frente a esta amenaza, desalojando a la clase dominante de su posición de poder y tomando las riendas de nuestro futuro y del futuro del planeta.
Fortalecer la lucha por un sistema ecológico anticapitalista
Aplaudimos las huelgas estudiantiles y las movilizaciones, así como la convocatoria de huelga laboral en Andalucía, como puntos de partida de una lucha que debe hacerse transversal en todos los sectores. Las movilizaciones en el Estado español y a lo largo del planeta muestran una indignación creciente en la juventud y los y las trabajadoras contra las decisiones de gobiernos y patronal, que o no existen o son insuficientes para hacer frente a la gran amenaza del cambio climático.
Sin embargo, también somos conscientes de los límites que ha tenido la convocatoria en términos numéricos. Aunque las movilizaciones han sido importantes y la huelga estudiantil, convocada por el Sindicato de Estudiantes, la USE y otras organizaciones estudiantiles, ha tenido un buen seguimiento, la huelga laboral ha sido muy minoritaria.
En primer lugar, las direcciones de CCOO y UGT han desmovilizado de forma consciente, llamando únicamente a las movilizaciones y no convocando la huelga; una dinámica general que vienen teniendo en las huelgas feministas de los últimos años. Sólo CGT se ha lanzado de forma acertada a legalizar la jornada de huelga, pero por otra parte no lo ha hecho a nivel estatal, sólo andaluz. Todo ello ha llevado a un desconocimiento del derecho a secundar la huelga por parte de los y las trabajadoras, o, en el mejor de los casos, una confusión en torno a si estaba o no legalizada, lo que también ha reducido la participación.
En segundo lugar y no menos importante, es necesario un cambio discursivo y estratégico en el movimiento para que logre conectar con las demandas de los sectores en lucha de trabajador@s y la huelga pase de ser un elemento simbólico a un método efectivo de presión sobre los gobiernos y la patronal.
A día de hoy, las medidas que, de forma mayoritaria, han calado en la clase trabajadora a nivel ecológico son las propuestas de los sectores económicos que están viendo en las fuentes de energía renovables, los “productos ecológicos”, etc., un mercado en expansión en un momento de crisis profunda del sistema capitalista. Sus propuestas son básicamente las que les permiten obtener beneficios: consumir alimentos ecológicos (por supuesto más caros), reciclar (para que luego Ecoembes lo mezcle todo y saque beneficios), comprar coches eléctricos (como si la producción de electricidad fuera ecológica a día de hoy).
En definitiva, son todas salidas individuales que no inciden en el cambio del modelo productivo sin el cual es imposible una producción y distribución ecológica de energía y productos necesarios para el sostenimiento de la sociedad. Además, esas medidas responsabilizan del cambio climático en todo momento a los y las trabajadoras, evitando que se señale a los verdaderos responsables: los capitalistas.
La salida sería decidir qué es necesario producir, cómo hacerlo, dónde y cuándo para que sea ecológicamente sostenible, siempre según las necesidades sociales. Hay que abandonar la estrategia individualista de cambio de los hábitos de consumo y pasar a una estrategia colectiva de lucha, que vaya a la raíz del problema y no se deje engañar por el supuesto “capitalismo verde”, un teatro muy bien escenificado cuyo único objetivo es el beneficio de unos pocos a costa de seguir explotando a las personas y destruyendo el medio. Esto no quiere decir que no sea imprescindible el cambio en los hábitos de consumo para construir otra sociedad ni que no sea útil tratar de consumir de otra forma hoy día, sino que ninguna de esas acciones logrará frenar la maquinaria destructiva del capitalismo sobre la naturaleza.
Es fundamental señalar a los responsables y lograr incluir de forma transversal el ecologismo en las demandas de los y las trabajadoras, y de la juventud. Sólo uniendo las luchas, construyendo colectivamente un programa de clase que incluya las demandas para acabar con todas las opresiones y con la destrucción del planeta, y luchando conjuntamente en la misma dirección para imponerlo hasta las últimas consecuencias podremos construir una sociedad ecológicamente sostenible, libre de toda opresión y de clases sociales.
Las organizaciones de la izquierda revolucionaria tenemos la tarea de conectar las movilizaciones que están teniendo lugar con las reivindicaciones de los sectores de trabajador@s en lucha y defender la necesidad de una huelga que incluya el conjunto de reivindicaciones (laborales, feministas, ecológicas, antirracistas…). Desde hace unos meses, estamos debatiendo con distintas organizaciones sobre la necesidad de coordinar nuestra intervención en distintos planos para lograr un mayor altavoz de las ideas revolucionarias. Pensamos que éste puede ser un debate útil para ese espacio de coordinación que podamos tener, más teniendo en cuenta que las movilizaciones afortunadamente parece que van a continuar.