Del referéndum unilateral al referéndum pactado
El pasado 1 de octubre se cumplió el cuarto aniversario del referéndum de Catalunya de 2017. 4 años después de esas movilizaciones a favor del derecho a decidir del pueblo catalán, ERC y JxCat dan por finalizada la estrategia de la unilateralidad. A cambio, se posicionan a favor de una consulta pactada con el Estado Español aunque sepan de antemano que ningún gobierno ni parlamento español lo vaya a permitir. Su estrategia se basa por tanto en ganar tiempo. La represión del Estado durante estos 4 años ha hecho mella, acabando con cualquier iniciativa que vaya en el sentido de reeditar aquellas movilizaciones surgidas al calor del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Así pues, el gobierno de coalición de la Generalitat (ERC-JxCat) se ve inmerso en un callejón sin salida del que no sabe salir. Por un lado, sigue existiendo en Catalunya un amplio consenso sobre el hecho de que los y las catalanes tienen derecho a decidir su futuro en un referéndum (más del 75% según el último sondeo realizado por el CEO- Centre d’Estudis d’Opinió), pero al mismo tiempo no hay ninguna orientación ni hoja de ruta clara para conseguir un referéndum vinculante.
La mesa de diálogo: una huida hacia delante
En ese contexto, ERC tiene que mover ficha para dar la sensación de que no está estancada. Por eso lleva años abogando por una mesa de dialogo con el gobierno central que le permita salir del entresijo. Aunque todo el mundo sabe que esta mesa no va a aportar ninguna solución en lo que a derecho de autodeterminación se refiere, a todos (gobierno central como gobierno catalán) les interesa escenificar en estos momentos la vía del diálogo en abstracto como solución al mal llamado conflicto catalán para ganar tiempo.
Así pues, mientras que esa mesa existe, el govern puede justificar su alejamiento de la vía unilateral mientras el gobierno PSOE-UP se asegura el apoyo parlamentario para sus presupuestos. Aunque existan matices entre ERC y JxCat, ambas organizaciones optan en la práctica por la misma vía. Sin embargo, que nadie se lleve a engaño: la disyuntiva sigue siendo la misma: el Estado Español y sus instituciones van a seguir negando el derecho democrático del pueblo catalán a poder decidir su futuro. Como mucho, el debate girará entorno al modelo de financiación.
Nunca se llevará a cabo desde el parlamento español una reforma constitucional para permitir y reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado Español. Va en contra de los intereses materiales de la burguesía española. Por eso, mientras se habla de mesa de diálogo se sigue emitiendo ordenes de detención de políticos independentistas exiliados por parte del Tribunal supremo español aunque la justicia europea acabe desautorizando una y otra vez a la justicia española. Último ejemplo de ello, la detención en Cerdeña hace unas semanas de Puigdemont.
No hay otro camino que el de la movilización para hacer valer los derechos democráticos
Ayer como hoy, sólo existe una vía para forzar al Estado Español y a sus instituciones a reconocer el derecho democrático de cualquier pueblo a poder decidir sobre su futuro en una consulta. Esa vía es la de la movilización y la solidaridad de los y las trabajadoras y de la juventud dentro y fuera de Catalunya.
Hace 4 años, las movilizaciones en Catalunya fueron de masas y muy importantes. Sin embargo, la solidaridad en el resto del estado español brilló por su ausencia. Sólo se dieron algunas muestras de apoyo pero por parte de sectores reducidos. Eso tiene mucho que ver con las posiciones de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero así como con las de la izquierda reformista (Unidas Podemos) que lejos de asumir una hoja de ruta de solidaridad mediante la movilización fuera de Catalunya prefirieron ponerse de canto para preservar su nicho electoral. Mientras no se aporten respuestas a esa problemática será muy difícil hacer efectivo el derecho democrático del pueblo catalán. Sólo la conciencia de los y las trabajadoras del resto del Estado Español que no tienen nada que perder con que el pueblo catalán pueda decidir su futuro podrá permitir que éste decida su futuro.
En ese sentido, la CUP debería tener mucho que decir y tender puentes con aquellas organizaciones políticas, sociales y sindicales del resto del Estado que defienden de manera consecuente el derecho de autodeterminación de los pueblos y ligarlo inevitablemente a las cuestiones sociales. Decidir no sólo sobre el modelo territorial sino sobre todo: sobre los salarios, el precio de la luz, el derecho a la vivienda, la financiación de los servicios públicos.
Hace 4 años, el debate sobre la República catalana permitía ligar con las cuestiones sociales ya que permitía abrir el debate sobre qué tipo de República. Sin embargo, esa relación no se supo hacer ver al nivel deseado. Mucho tuvo que ver la poca independencia durante todo el procés de los sectores independentistas anticapitalistas con los sectores independentistas que no se oponen o defienden a los intereses económicos de los ricos de Catalunya. Las reiteradas muestras de apoyo a ERC y a JxCat en la aprobación de los presupuestos neoliberales del govern de la Genealitat por parte de la CUP no ayudan a reforzar y visibilizar una clara política de independencia de clase.