Desde finales del año pasado los rumores acerca de los cambios en las enseñanzas de los centros educativos llegaban mucho antes que la información oficial. Pero mientras que la información oficial era de carácter general, los rumores apuntaban a centros concretos y a enseñanzas concretas. Los cambios generales que desde la consejería de Educación se señalaban eran los siguientes: fusiones de colegios con institutos en los llamados CEIPSOs, supresión de las enseñanzas semi-D (esto es, la enseñanza de 1º y 2º de la ESO en algunos colegios de primaria situados en localidades generalmente alejadas de núcleos urbanos grandes o medianos) y reestructuración de los CPRs (Colegios Públicos Rurales).
La concreción de todos estos planes se dejaba a radio macuto, hasta que en enero los rumores dejaron de serlo: llamadas a centros concretos desde la delegación, reuniones con determinados equipos directivos, votaciones en consejos escolares. Los grandes perjudicados de todo esto eran los habitantes de las zonas rurales, porque era allí donde iba a desarrollarse una supresión de grupos escolares e incluso cierre de determinados colegios, ya que la lógica que imperaba detrás del cierre de los semi-D y de la re-estructuración de gran parte de los CPRs era la misma: recorte presupuestario, o en palabras de los responsables políticos, “optimización de recursos”.
En las zonas rurales el número de alumn@s por aula (ratio) suele estar por debajo de la media, de forma que al suprimir estos grupos escolares y desplazar a ese alumnado a otras localidades, lo que se proponía era un ataque a los grupos con ratios bajas a fin de concentrar al alumnado en ciertas centros en los cuales poder llevar la ratio al límite, que como bien se denunció desde USTEA a inicio de curso, suele ser un límite ilegal por encima del establecido por la norma. De esta manera habría una pérdida neta de grupos con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Además, el alumnado de las zonas rurales se vería obligado a desplazarse desde edades cada vez más tempranas e ir a centros con aulas masificadas. De todos estos planes, la provincia andaluza más afectada sería Granada: en ella se concentran el 40% de todos los CPR de Andalucía y el 20% de todos los semi-D.
Por ello tiene sentido que muchas AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres) de la provincia se pusiesen en pie de guerra. Primero fueron las de la zona de los montes orientales, pero al poco también se sumaron las de la zona norte de la provincia de Granada y las ya movilizadas a inicio de curso de la Alpujarra. El argumento era el mismo: si la educación desaparece de nuestros pueblos, lo siguiente en desaparecer es el propio pueblo. Las políticas de recorte son también responsables del vaciamiento de las zonas rurales al medir desde un punto de vista meramente economista la prestación del servicio público, lo cual a la larga significa que los servicios públicos en los pueblos caminen siempre por la cuerda floja.
Pronto hubo una sinergia entre estas AMPAS movilizadas y el sindicato USTEA que ya venía defendiendo los puestos de trabajo y la educación de las zonas rurales desde inicio de curso. Nos pusimos a colaborar entre todas las partes y en pocos días recogimos más de 5.000 firmas en defensa de la educación en las zonas rurales. Este hecho hizo que desde la delegación de Educación se pasara del discurso del cierre inmediato de los semi-D al cierre progresivo de los mismos. Pero no nos paramos ahí y convocamos para el día 16 de enero una huelga en todos los colegios de la provincia, a la cual también se sumó CGT.

Desde la delegación se intentó por todos los medios que la huelga no saliera adelante, pero cada declaración del anterior delegado o del propio consejero Imbroda encendía aún más lo ánimos. La administración sabía que si en pocos días se habían podido recoger 5.000 firmas, era porque de alguna manera habían destapado la “caja de Pandora” y el día 16 de enero se podría liar la gorda en la calle, cosa que no beneficiaba para nada la ya deteriorada imagen de Ciudadanos, el partido que se encuentra al frente de la consejería de Educación.

Frente al discurso tibio de la mayoría sindical, y a los intentos inútiles de la delegación de obstaculizar la huelga, los sindicatos convocantes decidieron seguir adelante y plantarle cara a los recortes: no se levantaría la convocatoria a no ser que se nos asegurase que en toda la legislatura no se iban a tocar las enseñanzas de las zonas rurales y que de hacerlo sería únicamente con el visto bueno de la comunidad educativa del pueblo en cuestión. La manifestación del día 16 de enero, convocada por USTA, CGT y FAMPA Alhambra fue todo un éxito: cerca de 7000 personas marcharon por las calles de Granada. El seguimiento de la huelga en los centros afectados fue superior al 70%. El día 17 de enero, el delegado Antonio Jesús Castillo, tras ser cuestionado públicamente por miembros de su partido, presentó la dimisión. Era el sacrificio necesario para que los dioses salvaran al consejero.
Después de esto comienza en la prensa un debate entre las partes convocantes de la movilización y la propia consejería. Finalmente el día 27 de enero el propio consejero en declaraciones a prensa afirma que se paralizan todos los planes anunciados para las zonas rurales y que estos de hacerse se harán con el consenso de la comunidad educativa. Estamos por tanto ante una importante victoria. En pocas semanas hemos demostrado lo que los fatalistas negaban desde hace muchos años: es posible enfrentar los recortes educativos desde la unidad de los sectores de la comunidad educativa. El binomio que mejor representa esta unidad capaz de arrancar victorias es el de la movilización y la huelga, al ser el único que permite la acción y la sinergia de familias y trabajador@s.
Es cierto que la coyuntura interna de Ciudadanos ha acelerado la victoria, pero para que una aceituna caiga del árbol es necesario varearla. La importancia de esta victoria no es solo que se hayan frenado los planes de recortes educativos, sino el aprendizaje de toda la gente trabajadora acerca de la utilidad de la lucha y el refuerzo de la confianza de los y las de abajo. Podemos y debemos revertir los recortes y la pérdida de derechos sociales y laborales.