El 1 de septiembre se inició el curso escolar 2020-2021 en Andalucía en medio de un incremento imparable de los contagios de coronavirus y de personas enfermas de covid-19, en cuarentena en casa con y sin síntomas u hospitalizadas en planta o en UCI. En esta situación sociosanitaria de pandemia mundial en la que el territorio del Estado español aparece como uno de los que sufren peores datos y tendencia en el mundo, los centros educativos sostenidos con fondos públicos en Andalucía reabren sus puertas y se disponen a retomar la actividad educativa con medidas generales que apenas garantizan la seguridad de la salud de l@s trabajador@s y l@s alumn@s y sus respectivas familias y entornos cercanos.
A pesar de la terrible experiencia sufrida durante el final del 2º trimestre y todo el 3º trimestre del anterior curso escolar, experiencia dolorosa no solo desde el punto de vista humano sino también profesional, y a pesar de las advertencias de una parte de la comunidad científica y de la propia realidad de la evolución de la epidemia en Andalucía, el regreso al curso este mes de septiembre se ha presentado por parte de la administración educativa, la consejería de Educación y el ministerio y, por extensión, tanto el gobierno PSOE-UP como el andaluz PP-Ciudadanos, como si poca cosa hubiera pasado y poca cosa estuviera por pasar.
Vamos viendo, así, durante estos primeros días de reincorporación, con tremenda preocupación no solo por nuestra salud, sino también por el desempeño de nuestro trabajo y las consecuencias que todo ello tiene sobre el alumnado, y con tremendo estupor e indignación, cómo las medidas que nos presentan los equipos directivos no pasan de ser superficiales e insuficientes debido a la pasividad de la administración: cintas señalizadoras pegadas en el suelo, expendedores de gel hidroalcohólico, obras muy puntuales para ampliar lavabos, cartelería general, modificaciones muy puntales en el horario, etc.
Sin embargo, según esa lógica de “no pasa nada”, se mantienen las ratios existentes, algunas ya ilegales antes del Covid de más de 35 alumn@s por clase en las enseñanzas postobligatorias, a pesar de que se contempla la obligatoriedad de la distancia interpersonal y es materialmente imposible conjugar ambas exigencias. No se contempla proporcionar un mínimo de EPIs (al menos mascarillas seguras) al personal. No se prevén sistemas de ventilación que garanticen la aireación de los espacios cerrados.
No se ha tenido en cuenta de ninguna forma el riesgo de enfermar gravemente en caso de contagio para miles de trabajador@s, docentes y no docentes, que sufren patologías previas de riesgo, adoptando las medidas necesarias de protección. No está claro que se vaya a contratar a más profesor@s de l@s que el funcionamiento habitual de los centros ya tuviera previsto necesitar antes de la pandemia. No se ha previsto garantizar los medios materiales y el personal necesario para asegurar mantener los espacios educativos en condiciones higiénicas seguras a lo largo de toda la jornada.
No se ha previsto asegurar que todo el alumnado disponga de los medios y las herramientas tecnológicas suficientes para que puedan desarrollar su aprendizaje con o sin un eventual nuevo confinamiento. No se ha apoyado al personal docente para garantizar que dispone de los medios y herramientas tecnológicas necesarios para asegurar la enseñanza a distancia. Tampoco se han habilitado plataformas seguras y públicas para el aprendizaje on-line. En definitiva, regresamos a las aulas como si no hubiera pasado nada, como si nada fuera a pasar… aunque bien nos han hecho saber que si algo pasa será más por nuestra negligencia a la hora de aplicar y seguir sus recomendaciones que por su falta de previsión y de garantías de prevención.
A pesar de los mensajes institucionales de tranquilidad, normalidad y control que nos llegan tanto al personal docente y no docente y a las familias a través de la publicidad de la Junta de Andalucía y, en algunos casos, también a través de los equipos directivos que le hacen el juego a la administración, ni estamos tranquil@s, ni nos parece normal, ni entendemos que los riesgos estén evaluados correctamente y bajo control.
La nueva circular de 3 de septiembre relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020-21 es un auténtico escándalo. Lejos de responder a las verdaderas necesidades: bajada de ratio, contratación de decenas de miles de profesionales y puesta a disposición de infraestructuras públicas, el gobierno de la Junta de Andalucía del PP-Ciudadanos pone a la comunidad educativa entre la espada y la pared al tener que elegir entre la peste y el cólera. Dejan autonomía para que cada centro, mediante decisión de los claustros, consejos escolares y familias, elija entre una educación presencial que no puede cumplir con las medidas de seguridad mínimas o entre una educación semipresencial que perjudique la enseñanza de nuestro alumnado a la vez que agranda aún más las desigualdades sociales. El chantaje es considerable. Privilegiar la enseñanza o la salud. No podemos aceptarlo.
Es por todo ello que no podemos quedarnos callad@s, que debemos emprender cuanto antes una movilización masiva y sostenida en el tiempo, que de todas las maneras que sea posible y que estén a nuestro alcance como trabajador@s de la enseñanza consigamos forzar a la consejería de Educación y a la Junta de Andalucía en su conjunto a reaccionar adecuadamente a la realidad en la que nos encontramos ahora que responde a un evento sanitario mundial pero que, en definitiva, retrata a la perfección años y años de recortes en lo público.
Para ello, desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR haremos todo lo que está a nuestro alcance para reforzar y apoyar todas las convocatorias de huelga y movilizaciones que vayan saliendo como las ya anunciadas por Marea Verde del próximo 12 de septiembre y 18 de septiembre con manifestación en Sevilla y huelga educativa respectivamente. Pero sabemos que movilizaciones en días sueltos no será suficiente para doblegar al gobierno de Moreno Bonilla y de Imbroda.
Para ello es necesario construir desde los centros de trabajo asambleas de trabajador@s que permitan la coordinación intersectorial (docentes, personal de administración, monitor@s, personal de la limpieza) y que permita llevar a cabo mediante la coordinación de las mismas una movilización sostenida en el tiempo con vista al horizonte de una huelga indefinida. Esa debería ser la tarea de las organizaciones sindicales con implantación en la enseñanza.