El próximo 15 de enero, los colectivos de PTIS (Personal Técnico Intervención Social) e ILSE (Interpretación y Lenguaje de Signos) acudirán a la huelga convocada por CCOO en Andalucía para defender sus puestos de trabajo. Es la respuesta a la política del gobierno de la Junta de Andalucía que, como ya ocurría con el anterior, hace siempre perder a l@s mism@s: l@s trabajador@s.
La situación a la que se enfrentan es una de las consecuencias de la privatización y de la externalización, convirtiendo en negocio servicios que deberían ser esenciales. Bajo la lógica del ahorro que está detrás de externalizaciones y privatizaciones, algo tan básico (y cacareado por los diferentes gobiernos) como la atención a la diversidad fue precarizada por los anteriores gobiernos del PSOE. Así, los puestos de trabajo desempeñados por PTIS e ILSE fueron en parte externalizados, conviviendo trabajadores de la administración pública y de la empresa privada.
Y el efecto fue el de siempre: empeoramiento de las condiciones laborales del personal, la realización de contratos que impedían una eficaz atención al alumnado, la falta de recursos, el beneficio de las empresas que contratan por encima de los intereses de l@s alumn@s… y esta precarización de las condiciones de un sector muy feminizado conllevaba a su vez el establecimiento de categorías de trabajador@s que, aun haciendo el mismo trabajo, se encontraban ante salarios y condiciones diferentes. Los perdedores: l@s trabajador@s y la comunidad educativa.
Sin embargo, desde el 2017 la Junta fue impelida, por medio de decisiones judiciales, a revertir la situación, ya que se reconocía como estructural el trabajo realizado por est@s trabajadores. Por tanto, la administración tenía que solucionar el problema que ell@s mism@s habían creado. Su respuesta no fue otra que acatar la legalidad pero a su forma: es decir, a costa de las y los trabajadores. De esta forma, en vez de subrogarlas, como marca la propia Ley de Contratación del Sector Público, se ha puesto en marcha un procedimiento de incorporación a bolsa pública que puede dejar en la calle a ⅔ del colectivo actual. Personas que llevan años desempeñando una actividad, y cuya continuidad se ve cuestionada porque la Junta de Andalucía, ahora en manos del PP y de Cs con el apoyo de VOX, sigue la lógica del anterior gobierno y prefiere el recambio que la continuidad y la estabilidad.
Ante esto, este colectivo de trabajador@s han decidido no callarse y movilizarse para reclamar lo que es suyo: la suborrogación. Es decir, seguir desempeñando la misma labora que ya hacen desde hace años, ya que no son responsables de los desmanes de las administraciones de turno que se han beneficiado de su precariedad. Esto, además de ser justo, no solo iría en favor de sus puestos de trabajo. Al contrario, sería una mejora de la educación pública, ya que aseguraría la continuidad en los puestos de trabajo y una estabilidad que redundaría en el alumnado y en los centros educativos. Y no sólo eso, sino que una victoria de este sector supondría una victoria del conjunto de la educación pública, ya que la administración se lo pensaría dos veces si ve a un colectivo organizado con capacidad para ganar en frente.
Por ello, no es sólo cosa del colectivo, sino de tod@s l@s trabajador@s de la enseñanza y de las organizaciones sindicales. Solo mediante la solidaridad, la movilización y la lucha, es como podemos ganar y revertir las situación de ataque a la educación pública que vivimos cuando no se estabiliza al personal interino, cuando se atacan a los CPR, CEIP y SEMIDÉS, cuando la propia administración incumple sus ratios o como en este caso, cuando la administración pretende echar a un@s trabajador@s a la calle mediante procedimientos administrativos.
Por todas estas razones, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR apoyamos la jornada de huelga del día 15 de enero y las movilizaciones acordadas por el colectivo.