El gobierno de Nueva Democracia trae una nueva ley reaccionaria con la que limita drásticamente el derecho a manifestación y a la movilización. La trae al parlamento en verano para doblegar las reacciones de los movimientos sociales y las organizaciones sindicales, en una coyuntura en la que el conjunto de la sociedad intenta todavía mantenerse en pie después del período de la cuarentena. Quiere imponer un límite a la oposición, convirtiendo este deseo en legalidad. La nueva lee prevé las siguientes medidas extremas:
-Permiso especial para la realización de cada manifestación. El “organizador” de la manifestación tendrá que indicar a través de una plataforma especial el tiempo y objetivo de la movilización. En base a esto se considerará si se permite o prohíbe la manifestación.
-La policía determinará no sólo si se permite la manifestación, sino también el recorrido y qué parte de la calle ocupará. Las razones de prohibición o restricción de una manifestación serán el “si se cometen actos delictivos”, “cuando se interrumpa la actividad socioeconómica” y “cuando se bloquee el acceso a servicios públicos, organismos y hospitales”.
– Cada manifestación está obligada a designar a un manifestante como “organizador”, que tiene que disponer de un mapa de todo su recorrido y debe asegurar el cumplimiento de estas condiciones para legalizarse la manifestación y que no sea disuelta por la policía.
-Pueden permitirse “reuniones espontáneas” únicamente “si no perturban la actividad socioeconómica y no hay incidentes en ellas”. Puede ser disuelta una manifestación durante la misma por la policía y no por orden de un fiscal. Se impondrá una pena de un año de cárcel a un manifestante que sea detenido en una manifestación prohibida.
En base a lo que prevé la reaccionaria ley, se extrae la siguiente conclusión: el estado, por orden del capital, quiere controlar todavía más la actividad y la acción independiente de la clase trabajadora y de l@s oprimid@s. Y lo ha demostrado al restringir el derecho a huelga, como antes había hecho el gobierno Tsipras. Tiene como objetivo la represión de las reacciones y resistencias de “l@s de abajo” frente a los ataques de los capitalistas. Una vez más se muestra el papel de clase que tiene el estado y sus mecanismos y cómo mantiene su gestión.
El estado lesiona así gravemente los derechos democráticos que conquistó la clase trabajadora. Éstos no son más que las concesiones de la burguesía a l@s oprimid@s. Estos últimos los reividican a través de una batalla constante, para que puedan organizar independientemente sus luchas. La nueva ley tiene en su punto de mira la autoorganización de la clase trabajadora y del resto de l@s oprimid@s y tiene la pretensión de dictar los términos en base a los que se formará el movimiento y aparecerán en las calles. La ley busca impedir la presencia de “la lucha en la calle” como campo y base de ideas y fermentaciones, de prácticas contra el estado y el sistema capitalista. El estado busca protegerse de la capacidad del movimiento obrero de bloquear decisiones políticas, rodear u ocupar edificios institucionales, paralizar la maquinaria de producción del estado, como fue capaz de hacer en los años de las grandes movilizaciones en la época de la crisis.
Se prepara una represión mucho más feroz de las manifestaciones, que intenta al mismo tiempo privar de cualquier posibilidad de autodefensa a l@s manifestantes. Se refuerza el arsenal legal para la detención y condena de activistas, aprovechando el precedente de os juicios políticos que llevaron a cabo los gobiernos Papandreu, Papadimos, Samaras y Tsipras.
La nueva ley se mueve dentro de la narrativa propagandística del gobierno: “no peturbar ni poner en peligro la reactibación económica” en estas circunstancias especiales en que se encuentra debido a la pandemia del coronavirus. La clase trabajadora debe hacer sacrificios “para que el mercado se ponga en movimiento”. El gobierno Mitsotakis también muestra con su narrativa la gravedad de la situación en la que se encuentra la economía capitalista. Implícitamente afirma que viene un período de recesión en el marco de la crisis económica. Una vez más esta crisis será el reclamo para que paguen la clase trabajadora y l@s oprimid@s, porque naturalmente los patrones no van a hacer ningún sacrificio.
El gobierno por tanto teme las reacciones que traerán las nuevas medidas que tiene en trámite. Con una represión preventiva prepara el terreno para los próximos años. Con ayuda de los medios de comunicación difama a las manifestaciones, acusa al movimiento obrero de ser responsable de que la economía no despegue, como hizo antes con el asilo universitario. Espera así no revivir las situaciones explosivas de las grandes luchas del período 2008-2012 y que la llama del levantameinto que hoy asola al país más rico del mundo, EEUU, no llegue a su patio. Espera de esta manera evitar los levantamientos contra las burguesías en Argelia, Sudán, Líbano, Hong Kong, Ecuador y Chile.
El gobierno trata de aprobar esta ley en un momento ene que cree que es suficientemente popular para hacerlo. Piensa que puede añadir un trofeo más a sus “éxitos represivos”, con su política asesina contra refugiad@s e inmigrantes, la abolición del asilo universitario, las enmiendas al Código Penal en cuanto a las ocupaciones iegales de viviendas vacías. Es parte de su proyecyo “Ley y orden”. Sin embargo, su represión se ha vuelto un bomerang muchas veces.
Se acerca una ley reaccionaria en un momento en que la intensidad del autoritarismo y el control social se habían convertido en “normalidad” en medio de la cuarentena. En un momento en que se había impuesto la lógica de la “inmunidad social de represión” y se restringió la acción política y sindical mediante la prohibición del tráfico. La ley amplía la lógica de la “responsabilidad individual” al distinguir entre “manifestantes responsables” y “elementos irresponsables”.
Al movimiento obrero, con su carácter multifacético y combativo, no le queda otra que frenar la nueva ley, desarrollando reflejos para prevenir su desarrollo. Para salir adelante dejando atrás la incapacidad de responder del período anterior bajo le gobierno Tsipras. Coordinar sus fuerzas a pie de calle y explicar a la gran masa de trabajador@s cuánto los amenaza la ley. La unidad del movimiento es necesaria para dar respuesta a una ley que apunta a su propia existencia. Ahora se necesita sin paliativos una huelga general. Con el poder de la clase obrera, los movimientos sociales y el pueblo, la ley quedará en el papel mojado.