El pasado 3 de mayo, la organización ETA anunciaba su disolución 6 años y medio después de declarar el cese definitivo de la lucha armada, después de 60 años de existencia. De esa forma, ETA dejaba definitivamente de existir 60 años después de su creación. Las declaraciones no se han hecho esperar y todas van encaminadas en fortalecer un único y mismo relato que intenta negar el conflicto político en Euskal Herria y centrar el debate únicamente en las víctimas de ETA.
Sin embargo que nadie se llame a engaño. Por mucho que no se comparta la lucha armada, sabemos que esa orientación ha sido la consecuencia de la negación del derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Decir eso, no significa en ningún caso banalizar las muertes pero sí entender que existen responsabilidades políticas tanto en la orientación de la dirección de la izquierda abertzale como de los diferentes gobiernos del Estado Español después de la dictadura de Franco.
No es casual que en estos días apenas se haya hablado de las “otras víctimas” del conflicto vasco. Cuando todos los líderes de los partidos políticos tanto de derecha como de “izquierda” no cesan de exigir el arrepentimiento y el perdón de ETA a las víctimas, todos se olvidan de las “otras víctimas” asesinadas por la terrorismo de Estado. Y ¿por qué se olvidan? Porque admitir que existieron también esas víctimas es admitir que existió un conflicto político en Euskal Herria. Sin hablar ya de las víctimas de la dictadura franquista por las que el régimen del 78 aún no ha pedido perdón ni ha juzgado a sus verdugos.
Las “otras víctimas”
Los medios de comunicación nos han recordado estos días las más de 850 víctimas mortales de ETA en los 60 años de existencia. Sin embargo muy pocos por no decir ninguno se han hecho eco de las víctimas de la guerra sucia ocasionadas por las fuerzas de “seguridad” del Estado o grupos parapoliciales. Según Joxerra Bustillo, periodista y portavoz de Euskal Memoria, las cifras hablan por sí solas: el 49,2% de las “personas muertas a consecuencia del conflicto y la represión” no formaban parte de ningún grupo, ni político ni armado.
En cuanto a sus responsables, los datos recabados por esta organización indican que “casi la mitad de las muertes (46,2%) son achacables a las Fuerzas de Seguridad españolas”. El 16,8% de los casos está relacionado con la guerra sucia, ya sea por obra del Batallón Vasco Español (BVE), los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) o la Alianza Apostólica Antiterrorista (AAA), a los que se suman “aquellos asesinatos aún sin aclarar o los perpetrados por grupos fascistas”.
La causa del conflicto político en Euskal Herria: la negación del derecho a decidir del pueblo vasco
En lugar de reconocer también a esas víctimas y de exigir también que se pida perdón, algunos se atreven incluso a decir que no habrían existido los GAL ni la guerra sucia de no haber existido ETA, intentando de ese modo justificar de alguna manera el terrorismo de Estado llevado a cabo bajo el gobierno socialista de Felipe González. Sin embargo, según ese razonamiento, podríamos a su vez preguntarles si habría existido ETA de no haber negado el Estado Español el derecho de autodeterminación del pueblo vasco.
En realidad la raíz del conflicto vasco está ahí. En la negación, otra vez, de un derecho democrático básico. Eso no significa en ningún caso que tratemos de eximir de responsabilidad política a la dirección de ETA y que neguemos sus consecuencias políticas. Es evidente que la acción armada contra Carrero Blanco en 1973 y la muerte de las dos personas ocasionada por la explosión de una furgoneta bomba en la T4 del aeropuerto de Barajas en 2006 no tienen las mismas consecuencias. En el primer caso, la acción armada unifica a las clases populares contra el franquismo, mientras que en el otro, divide y aísla al pueblo vasco del resto de la clase trabajadora del Estado Español. Pero afirmar eso, no significa en ningún caso negar el conflicto político originado por la negación del derecho de autodeterminación por parte del Estado Español.
El régimen del 78 dispuesto a todo para mantener la unidad de España
Durante muchos años los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo en el Estado Español sean del PSOE o del PP argumentaban que el problema del debate sobre la independencia en Euskal Herria era la violencia de ETA. Se escudaban precisamente en la teoría del “todo es ETA” para reprimir a todo lo que oliera a independentista mediante una Ley de partidos que ilegalizó y criminalizó a organizaciones políticas, asociaciones y medios de comunicación de la izquierda abertzale que, sin embargo, siempre ha tenido un apoyo social entre un 12% y un 20%.
Esto último demuestra dos cosas: en primer lugar la existencia de una opresión nacional por parte del Estado Español, y en segundo lugar, la implantación de la izquierda abertzale en sectores importante de la clase trabajadora y de la juventud tal y como lo demuestra la existencia de organizaciones sindicales de masas vinculadas a dicha corriente tanto a nivel juvenil como a nivel de trabajador@s.
Sin embargo la actualidad en Catalunya muestra a las claras que el problema del Estado Español no era tanto ETA sino la cuestión de mantener la unidad de España a toda costa. De ese modo hemos pasado del “todo es ETA” al “todo es rebelión”. El resultado: tres cuartos de lo mismo. Represión y encarcelamiento contra todo el que ose defender un referéndum. En su afán de demonización y quizás echando en falta a una ETA en Catalunya, el gobierno de Mariano Rajoy y las instituciones del régimen del 78 no dudan en señalar a la Generalitat de violentos y a los miembros de los CDR de terroristas.
Seguir movilizándose por el derecho a decidir de los pueblos y contra la represión del Estado
El derecho a decidir de los pueblos del Estado Español sigue siendo un derecho a conquistar, la lucha contra la represión y por los derechos civiles, una obligación. En Catalunya hay que exigir el fin del 155 y la libertad de tod@s los pres@s políticos a la vez que en Euskal Herria exigimos el acercamiento de tod@s l@s pres@s (de l@s 300, sólo 4 están a día de hoy en cárceles vascas).
Todo esto solamente será posible si se liga la lucha por los derechos democráticos y contra la represión a la lucha contra las políticas antisociales y por el reparto de las riquezas. Es la única vía para unificar a nuestra clase social y para poder imponer esas reivindicaciones frente a los que nos niegan derechos, nos reprimen y nos aplican políticas de recortes y de austeridad.