La cuestión catalana continúa siendo en 2019 uno de los elementos más importantes en la situación política del estado español a día de hoy. La lucha por el derecho a decidir ha supuesto una profundización de la inestabilidad política, del cuestionamiento del régimen del 78 y de sus instituciones, incluida la monarquía. La respuesta del Estado español a este problema político ha sido, desde el principio, la represión: mediante las cargas el 1 de octubre, mediante el artículo 155 y mediante la judicialización.

Desde finales de 2017, 8 ex consellers y los presidentes de Òmnium y ANC (los Jordis) han permanecido en prisión provisional, mientras que otr@s están libertad y algunos se tuvieron que exiliar para evitar la represión. En este mes de enero comenzarán los juicios por los “fets d´octubre” de 2017, a decisión del Tribunal Supremo. La acusación pública, que causó revuelo interna-cional2, considera la existencia de “una estrategia” organizada para conseguir la independencia de Catalunya y por tanto pide entre 11 y 25 años de cárcel, inhabilitaciones y multas por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación.

Una justica de y al servicio del régimen del 78

Que la justicia no es independiente ha quedado claro en los últimos tiempos. El reciente escándalo de las hipotecas, el caso del máster de Pablo Casado, la condena a Rodrigo Rato…y no iba a serlo en este caso. Acabar con el problema en Catalunya es una de las prioridades de la burguesía española (y gran parte de la catalana). La razón de ello es sencilla: en Catalunya están en juego varias cosas.

En primer lugar, que la movilización sea capaz de imponer un derecho democrático que se está negando. En segundo lugar, que la situación se polarice hacia la izquierda, y más allá de la autodeterminación, sean las reivindicaciones sociales las que tomen el protagonismo. En tercer lugar, que una movilización de este tipo pudiera servir de ejemplo a otras partes del estado español. Y, en cuarto lugar, que la burguesía vea peligrar sus intereses de clase en el marco de un estado que ha servido como centro acumulador de capital desde la Guerra Civil.

Por tanto, sea con las porras, con los medios de comunicación o mediante juicios, se está llevando a cabo una política de represión para acabar con el proceso lo antes posible y de la manera más definitiva, cueste lo que cueste. El objetivo es laminar el derecho a decidir.

La movilización, única manera de imponer el derecho a decidir y de acabar con la represión

A pesar de todo, las movilizaciones han continuado en Catalunya. Esa ha sido la única forma de que durante el 1 de octubre se pudiera votar, de resistir a las cargas policiales y de seguir con las reivindicaciones encima de la mesa. Y esa será la única manera de poder conseguir lo que no pudo ser en octubre de 2017 ni posteriormente. Con una movilización sostenida en el tiempo y una huelga general, que ponga en primer lugar un programa de urgencia y que vincule la movilización por la independencia a las mejoras de las condiciones de vida de l@s trabajador@s es como se podrá hacer efectivo el derecho a la autodeterminación y unificar a los sectores populares que hoy en día dudan ante el proceso.

El último golpe represivo del estado español del pasado 16 de enero en Girona, que supuso la detención sin orden judicial de 16 personas militantes de la izquierda independentista catalana, entre ellos los alcaldes de la CUP Ignasi Sabater y Dani Cornellà, y militantes de los CDR, es la expresión de cómo los espacios que más se han movilizado, por encima incluso de las propias instituciones y cuerpos represivos de Catalunya, siguen en el punto de mira por su capacidad de desbordar los marcos que la Generalitat y el govern de Quim Torra pueden gestionar. Estos ataques, además de las citaciones judiciales casi semanales a tantos activistas, van directos a conculcar los derechos civiles y democráticos y el silencio de gran parte de la izquierda estatal resulta ensordecedor.

Fuera de Catalunya debemos ser solidari@s. En primer lugar, condenando el uso de la represión por parte del estado ante reivindicaciones sociales y movilizaciones, porque lo que hoy se usa en Catalunyaa mañana (y ayer) será usado en cualquier otra movilización popular. Y hacerlo de manera activa, convocando acciones unitarias en favor de algo tan básico como el derecho a decidir y contra la represión. En segundo lugar, entendiendo que lo que está ocurriendo en Catalunya tiene el potencial de abrir una brecha en el régimen del 78 que nuestro bando social debe aprovechar para enfrentarse a dicho régimen, que solo causa miseria, explotación y desigualdad.