El pasado domingo 16 de mayo, unas 8.000 personas comenzaron su huida desde Marruecos al Estado español, penetrando en Ceuta y quedando al amparo de las autoridades españolas. Esta nueva crisis migratoria, que se ha saldado con la muerte de 3 personas, tiene particularidades especiales y varios responsables.

El Rey de Marruecos, Mohammed VI, y su gobierno no ha tenido ningún reparo en lanzar a miles de personas al mar para defender sus intereses particulares. No hay que olvidar que el pueblo marroquí, así como el resto de pueblos que habitan en territorios considerados por tal régimen como pertenecientes a Marruecos, vive sometido a una dictadura. La población no tiene acceso a la cobertura de sus necesidades básicas pero tampoco a los mínimos derechos democráticos. Esta situación se hace insostenible para miles de personas que buscan en el Estado español un futuro mejor, arriesgando sus vidas en el estrecho o en la playa de El Tarajal.

El abandono del control de la frontera con Ceuta por parte del gobierno de Marruecos, responde a una represalia ante la decisión del gobierno del Estado español de permitir la entrada y asistir médicamente al líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, aquejado de Covid-19, al que el gobierno de Marruecos intentó asesinar con la ayuda de un dron israelí.

Pero el desencadenante real que ha dado el impulso a Mohammed VI tuvo lugar el pasado diciembre, cuando el gobierno de EEUU, con Trump a la cabeza, proclamó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, con el objetivo de reforzar los lazos con Marruecos, útiles para EEUU por su posición geoestratégica con respecto a Oriente Medio. Eso ha facilitado que Marruecos ejerza una presión nunca vista sobre el Estado español y la UE para que secunden los pasos de Trump.

El gobierno del Estado español, al igual que el conjunto de la UE, es también responsable de esta situación. El expolio ejercido por los países de la UE, entre los que se encuentra el nuestro, ha condenado a la miseria a las poblaciones de países como Marruecos. La inmigración no es entendible sin ese elemento. El problema no es que se hayan abierto las fronteras, el problema es que existan esas fronteras como elemento coercitivo para impedir la libre circulación de las personas de aquellos países que tanto la UE, el gobierno del Estado Español como el gobierno de Marruecos han saqueado y siguen saqueando. No se pueden expoliar los recursos naturales de dichos países e impedir su desarrollo y al mismo tiempo exigir que no los abandonen. Si lo hacen en patera es porque no pueden hacerlo en avión.

Durante esta crisis, sus medidas se han centrado en enviar al ejército, con el objetivo de controlar la entrada y repatriar lo más rápido posible a todas estas personas (unas 5.600 por el momento), utilizando una vez más las devoluciones en caliente que, aunque refrendadas por el Tribunal Constitucional, suponen claramente una violación de los derechos humanos. Después de permanecer 2 días vagabundeando por las calles, unos 400 menores no acompañad@s permanecen acogid@s en Ceuta, parte de ell@s en una nave provisional, en espera de poder ser reubicad@s en el centro de realojo temporal de La Esperanza, para lo cual el gobierno ha pedido a las CCAA que acojan a l@s 200 menores que ya se alojaban allí antes de la apertura de la frontera.

Los motivos reales de esta crisis, aunque Marruecos haya pretendido camuflarlos con la presencia de Brahim Ghali en territorio español, son económicos. Según datos de la Comisión Europea, desde 2007 el gobierno marroquí ha recibido más de 13.000 millones de euros en ayudas de la UE para garantizar el control migratorio y la lucha contra el terrorismo en su territorio: 1.400 del Instrumento Europeo de Vecindad y 11.500 para inversiones en servicios sociales. Además, el pasado junio, se aprobó una partida de 236 millones de euros, específicamente para reforzar el control migratorio y que Mohammed VI tildó de completamente insuficiente, pues consideraba que eran necesarios 3.500. Ahora aspira a lograr la mayor tajada del nuevo Instrumento Europeo de Vecindad (ENPI), dotado con una cuantía de 79.500 millones de euros, que se va a destinar para el periodo de 2021 a 2027.

La UE conoce muy bien cuáles han sido los motivos para permitir el paso fronterizo. De ahí que la primera advertencia que la UE haya lanzado a Marruecos sea la suspensión de parte de las ayudas, lo que ha obligado a Mohammed VI a cerrar la frontera (tras 2 días de apertura) y empezar a restablecer la colaboración, no sin abandonar el acoso para que el Estado español le entregue a Brahim Ghali. El gobierno de Marruecos pretendía emular el “modelo” de Turquía que, tras la apertura de sus fronteras lanzando a miles de personas a las costas griegas, alcanzó un pacto migratorio con la UE, por el cual ha recibido ya más de 6.000 millones de euros.

Tras las primeras tensiones, tanto Pedro Sánchez como la UE se precipitaron a declarar su compromiso con Marruecos y la necesidad de seguir apoyando económicamente a este gobierno. Mientras tanto, el gobierno marroquí lleva meses incrementando la presión sobre el terreno saharaui y la UE dice no posicionarse en el conflicto, al mismo tiempo que declara la necesidad de seguir apoyando la dictadura de Mohammed VI. Las contradicciones del gobierno de Sánchez y de la UE son claras y manifiestas. El doble rasero de las relaciones internacionales se muestra una vez más. Cuando se habla de Venezuela, el discurso de los derechos humanos está siempre presente; cuando, por contra, interesan las relaciones con determinados países como Arabia Saudí o, en lo que nos concierne, Marruecos, se apoya sin ningún cuestionamiento a regímenes que atacan diariamente los derechos humanos de su población y de los pueblos a los que ocupan.

La realidad es que tanto a la UE como al gobierno de PSOE-UP no les importa lo que ocurra en Marruecos. Lo único que les interesa es que Mohammed VI siga siendo el garante de cerrar a cal y canto las fronteras para evitar que miles de personas huyan de las guerras y las miserias que nuestros propios gobiernos crean y alimentan. Defender de manera consecuente la libre circulación de las personas pasa por enfrentarse tanto a los regímenes dictatoriales en Marruecos como por enfrentarse a las políticas imperialistas de nuestros propios gobiernos.

La situación de crispación en las fronteras lleva años agravándose. Es el resultado de un sistema capitalista cada vez más en crisis que destruye las vidas de l@s trabajador@s, obligándoles a migrar. Vemos cómo dentro de los márgenes de este sistema, que busca siempre la rentabilidad, explotando los recursos naturales y humanos de países terceros y apoyando regímenes dictatoriales si los intereses así lo requieren, el problema de las fronteras lejos de resolverse se va a incrementar. La respuesta no es el cierre a cal y canto, sino acabar con los problemas de fondo que originan las migraciones, algo que es radicalmente opuesto a financiar a gobiernos que expolian a sus pueblos.

Frente al discurso de odio levantado por la extrema derecha y que culpabiliza a l@s menores no acompañad@s y a l@s migrantes en general, hay que recordar que hay riquezas. El problema es que éstas están acaparadas en pocas manos y quieren hacernos creer que el problema y que nuestro enemigo es el que huye de la miseria. Nuestros enemigos no son los inmigrantes, nuestros enemigos son los gobiernos y los capitalistas que expolian a esos pueblos y acaban aquí con nuestros derechos sociales, laborales y democráticos para seguir enriqueciéndose.

¿Quién si no se ha llevado los fondos públicos durante toda la crisis del Covid? Ha sido la patronal, a través de los ERTEs y las reducciones de impuestos, la misma patronal que ahora está poniendo en la calle a miles de trabajador@s en el Estado español para asegurar sus beneficios milmillonarios.