La estocada final (tal vez penúltima) a la educación pública ha sido dada en forma de decreto por el gobierno andaluz de PP-Ciudadanos con el último panfleto neoliberal publicado en el BOJA de 19 de febrero de 2020, “por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados…”
Tras sufrir más de 10 años de recortes en la Escuela Pública por parte de gobiernos centrales y autonómicos tanto del PSOE como de PP, con sus diferentes apoyos, ahora nos llega en forma de decretazo la legitimación de la segregación escolar, al constituirse en norma una zona única de escolarización que permita una supuesta “libre elección de las familias” de su centro escolar.
¿Por qué decimos que esto es una medida neoliberal y qué implicaciones tiene?
Por una parte, supone un paso más en el desmantelamiento del sistema público, libre y gratuito educativo, puesto que en la última década hemos visto cómo se ha blindado desde las instituciones estatales y autonómicas los conciertos educativos, perdiendo líneas solo la escuela pública con el resultado de: segregación de alumn@s por razones económicas, étnicas o religiosas; pérdida de plantillas docentes; desplazamientos forzosos; así como falta de recursos y dotación económicos; que inciden negativamente en el desarrollo de programas, e intervenciones necesarias para garantizar una educación integral que atienda a tod@s en función de sus necesidades.
Por otra parte, porque es un ejercicio de cinismo hablar de “libertad de elección” por parte del estado o de las comunidades autónomas cuando, por un lado, esta solo se puede ejercer desde la igualdad, que es lo que debe garantizarse: igualdad de oportunidades, e igualdad en los derechos: al trabajo, a la vivienda, a una vida digna, al fin y cabo. ¿Garantiza esto el estado, o los gobiernos autonómicos, cuando 2,1 millones de menores, según Save de Children, sufren la pobreza severa en el estado español? Podríamos hacer cientos de preguntas retóricas más con la misma respuesta consabida.
Por otro lado, porque en muchas ciudades el 70% de los centros están en manos de la concertada, por lo que no hay oferta educativa pública que garantice que podamos escolarizar a nuestr@s hij@s en la Escuela Pública, por lo que se da el paradójico caso, que hay familias que eligiendo como primera opción la escuela pública, se ve que los menores son matriculados desde las instituciones, en la escuela concertada.
La única respuesta a este decreto: tumbarlo en las calles con la huelga
Así, pues, este decreto sigue ahondando en la brecha abierta por los anteriores gobiernos: recortes en educación pública (instrumento que debería ser fundamental para la cohesión social, la inclusión y la igualdad de oportunidades aunque sepamos que en el sistema capitalista eso es una quimera), privatización de los servicios públicos (desde los comedores escolares hasta el personal de limpieza, pasando por el propio sistema educativo), apoyo absoluto a las escuelas concertadas (en manos de lobbies católicos que ven en la educación un suculento doble negocio: el económico, y el ideológico, pues adoctrinan desde sus posiciones conservadoras y clasistas legitimando y socializando desde el espacio escolar su discurso y sus valores).
Ya solo nos queda que se amplíen los conciertos al Bachillerato, y eso se ve venir más pronto que tarde, para que estemos como en Madrid, paradigma de lo que puede suceder al aplicarse las nociones embaucadoras del mundo financiero: “libertad de mercado”, “competitividad”, “eficacia”, “excelencia”, que esconden: privatización, segregación, exclusión, y lucro.
Por todo esto, en defensa del sistema Público Educativo, en defensa de la igualdad de oportunidades y de una escuela democrática, ¡el 4M tod@s a la huelga!