Un nuevo umbral se acaba de cruzar en la deriva autoritaria del gobierno. Después de la declaración del estado de emergencia en la legislación común, la adopción del proyecto de ley “antimanifestantes” que aumenta las medidas liberticidas contra el derecho de manifestación y de los chalecos amarillos, nos enteramos de que el ejecutivo quiere movilizar a los militares de la operación Sentinelle para que intervengan ante las movilizaciones sociales. Un estado de derecho, una democracia, la República no sabrían aceptar que el ejército esté enfrentándose al pueblo, como si fuera un enemigo, como si se declarara la guerra civil.

La ONU ya ha advertido a Francia, el país de la Declaración de los Derechos Humanos, por el incumplimiento de sus compromisos con las libertades fundamentales. Muchas personas han experimentado el agravamiento de esta situación desde hace tiempo, ya sean l@s migrantes o los barrios populares, que han sido el campo de experimentación de un mantenimiento del orden fuera de las leyes democráticas del estado de derecho. La situación, sin embargo, adquiere una gravedad sin precedentes. La penalización del movimiento social, ambiental y sindical, el desprecio del contrapoder popular, es una forma de impedir cualquier diálogo.

Ante la destrucción de edificios u otros actos de violencia, el gobierno no debe jugar a los bomberos pirómanos sino ser responsable. Es hora de pensar en las condiciones de revertir esta escalada. Para dejar de alimentar la tensión, el estado tiene el deber de poner fin a las provocaciones y al recurso al arsenal securitario en tanto que es ineficaz, como lo ha hecho desde semanas frente a los chalecos amarillos. Es intolerable que las armas peligrosas cuya prohibición pedimos, hayan herido tanto y mutilado a centenares de manifestantes. El balance ya es trágico e histórico. El derecho fundamental a manifestarse está ahora claramente amenazado. Rechazamos esta amenaza desde este mismo sábado 23 de marzo.

La disminución de la tensión que deseamos también presupone que las autoridades públicas respondan concretamente a las aspiraciones que se expresan ampliamente en el país por la justicia social, por una vida digna para tod@s, por la lucha contra el mortífero calentamiento global.

Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas progresistas del país, comprometidas con las libertades públicas, a hacer una causa común para que el gobierno cambie su tono y respuesta, para que la democracia no sea violada sino fortalecida, para la retirada de la ley contra l@s manifestantes y la cancelación de las medidas draconianas anunciadas este lunes 18 de marzo por el primer ministro.

Nos damos cita para una nueva reunión nueva más amplia el jueves 28 de marzo, para tomar iniciativas conjuntas.

ANV-COP 21, ATTAC, Comité Justicia para Adama, Cooperativa Ecología Social, DAL, EELV, Ensemble, Générations, L’Humanité, La UNEF, Unión Nacional de Institutos, La Chapelle Debout, La France insoumise, La FSU, el grupo parlamentario de la Izquierda demócrata y republicana, el grupo parlamentario de la France Insoumise, Partido Comunista Francés, NPA, Partido Comunista de los trabajadores de Francia, Partido de la Izquierda, Partido Obrero Independiente, SNES, Sindicato de la Magistratura, Sindicato de abogados de Francia, Regards, Soidaires, Sud Poste 92, Unión Sindical Solidaires