El 28 de febrero, los y las andaluzas tenemos más motivos que nunca para salir a las calles. El 2020 se cierra en Andalucía con 191.503 parad@s más, alcanzando con ello la cifra de casi un millón de desemplead@s, concretamente, 969.437, según datos del ministerio de Trabajo y Economía Social. Supone una tasa de 23,8% de paro entre la clase trabajadora andaluza, sólo por debajo en la comparativa estatal de Ceuta, Melilla y Canarias. Además, hay que tener en cuenta que en estas cifras no se contabilizan l@s trabajador@s que actualmente se encuentran en situación de ERTE en sus empresas; much@s de l@s cuales se convertirán en EREs próximamente y la situación de crisis se seguirá profundizando, si no hay una respuesta organizada de l@s trabajador@s.
Como resultado del paro y la precariedad, Andalucía tiene la segunda tasa más alta de pobreza de todo el Estado español (sólo por debajo de Extremadura): el 31,3% de la población, es decir, más de 3,17 millones de andaluces y andaluzas se encuentran a día de hoy bajo el umbral de la pobreza, situando a Andalucía a 12,4 puntos por encima de la media estatal.
Evidentemente toda esta situación se ha agravado con la llegada del Covid pero no puede explicarse sólo por lo ocurrido en el último año. Andalucía ha sido y es un territorio subordinado dentro del Estado español, fruto del acuerdo beneficioso para ambas partes entre las burguesías andaluza y española, cuyos beneficios se han configurado a partir de la sobreexplotación de la clase obrera andaluza, de la supeditación de la estructura productiva al sector servicios, con la destrucción del poco tejido industrial que se ha producido históricamente en el territorio, y del mantenimiento de la estructura agraria latifundista en la mayor parte del territorio andaluz para beneficiar a los grandes terratenientes y señoritos andaluces.
El gobierno andaluz de PP-Cs-Vox, lejos de dar respuestas a estas problemáticas, las sigue agravando, favoreciendo la externalización de los servicios públicos, las ventajas para las empresas privadas frente a los derechos de l@s trabajador@s, y omitiendo la situación de pobreza en que se encuentra la población andaluza. Muestra de ello es la orden por la que se abren a concierto las enseñanzas de Bachillerato y FP, que supondrán un trasvase directo de fondos públicos a las arcas privadas, junto con la elevación del precio de la educación para el alumnado. Incluso en los momentos más duros de la pandemia, mientras se limita la circulación entre provincias, la vida social y el ocio, el gobierno andaluz permite el ski en Sierra Nevada, cuyo único objetivo es mantener y ampliar los beneficios de la patronal que explota la estación granadina, sacrificando con ello la seguridad de toda la población.
A nivel estatal, el gobierno de PSOE-UP tampoco está poniendo las herramientas necesarias para inclinar la balanza hacia los derechos de la clase trabajadora: no ha derogado las reformas laborales, ni siquiera la última de Rajoy (ni los puntos más lesivos); no ha obligado (ni lo está haciendo actualmente) a las empresas a asumir su parte en la crisis del Covid, sino que ha favorecido que empresas con beneficios milmillonarios anuales reciban dinero del estado (fundamentalmente financiado por l@s propi@s trabajador@s) en forma de ERTEs; no ha regulado el precio de la luz, no ha prohibido los desahucios, ni roto con el pacto de Toledo para un sistema de pensiones dignas garantizadas… Y un largo etcétera.
La participación de UP en el gobierno del PSOE está mostrando cómo la vía institucional no permite cambiar sustancialmente la vida de las personas. Ningún gobierno nos salvará de la tendencia en la que estamos inmers@s y que hace que cada vez vivamos peor, con menos capacidad adquisitiva, más inestabilidad, menos tiempo libre, menos seguridad sanitaria y educativa, etc.
Es necesario construir un frente social e imponer un programa de urgencia social para l@s trabajador@s andaluces/as
La sobreexplotación que sufre la clase trabajadora andaluza no se va a resolver con “más soberanía andaluza” (entiéndase competencias para las instituciones andaluzas), ni a través de la construcción de un partido centrado en la batalla electoral, sino con un movimiento organizado que permita imponer victorias desde abajo, en las empresas, en las facultades e institutos, en los barrios…
Tenemos que organizar un frente social que imponga nuestras reivindicaciones, lo que supone enfrentarse a los que ostentan la riqueza en Andalucía. Necesitamos una alternativa y debemos construirla. Las organizaciones de la izquierda revolucionaria andaluza tenemos una responsabilidad importante en este proceso. Es necesario unir nuestras fuerzas para visibilizar una alternativa a la izquierda del reformismo en Andalucía, con el eje en la organización de l@s trabajador@s y en la conquista de victorias concretas que generen confianza en la lucha.
Este 28 de febrero, desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR saldremos de nuevo a la calle exigiendo: el fin del paro y de la precariedad, la derogación de las reformas laborales, el fin de la brecha salarial, la reforma agraria, mayor inversión en servicios públicos, el fin de la externalización de los mismos, el no pago de la deuda que no hemos generado, la prohibición de los desahucios, la nacionalización sin indemnización de Endesa y del resto de empresas de sectores estratégicos de la economía, las pensiones dignas y garantizadas para toda la población, la socialización de los trabajos de cuidados realizados muy mayoritariamente por las mujeres y la defensa de los derechos de l@s migrantes, entre otras reivindicaciones. Es necesario construir ese frente social que permita imponerlas.