En este último mes la actualidad política ha estado marcada por el “escándalo Pegasus”, un software informático de creación israelí que permite espiar a través de los dispositivos móviles. Muy difícil de detectar, Pegasus es capaz de acceder a toda la información y funciones del móvil sin que la persona que lo usa pueda detectarlo; es decir, además de tener acceso a fotos, claves, archivos y demás información almacenada en el dispositivo, se convierte en un micro y cámara permanente para quien tenga en su poder dicho software.
El escándalo saltó cuando una universidad canadiense hizo una auditoría a móviles de diferentes políticos y activistas independentistas catalanes y concluyó que al menos 65 habían sido espiados. Las evidencias señalaban directamente al gobierno español (al del PP y al de PSOE-UP) ya que dicho software, según la empresa israelí, que lo elabora y comercializa, solo se vende a estados. Dicho espionaje se habría producido en un periodo de tiempo amplio que abarca la organización y consecución del referéndum del 1 de octubre, las negociaciones de investidura de Catalunya y del gobierno central de Sánchez. Pero cabe preguntarse: ¿Es esto realmente un escándalo?
En general en las tertulias políticas se han explicitado 2 posturas que más que contrarias realmente se muestran complementarias. Por un lado, tenemos a la derecha mediática justificando el espionaje siempre y cuando tenga orden judicial a cualquier persona que amenace “la unidad de España”; por otro lado, la parte más “progresista” sale indignada a decir que ni siquiera estando en el gobierno central la coalciión PSOE-UP se puede luchar contra el “Estado profundo”.
La realidad es que el Estado (el más profundo y en el que se hace pie de rodillas) es un instrumento que la clase dominante utiliza para administrar sus intereses. La gravedad del espionaje no quita que no sea ninguna novedad ni sorpresa en el Estado Español. Recordemos que es un Estado condenado por torturas, que impulsó el grupo terrorista GAL, que albergó a personajes como Villarejo, que protege a la Familia Real contra viento y marea, que participa de los conflictos imperialistas que sean necesarios y que no duda ni dudará en hacer todo cuanto esté en su mano para proteger y agrandar los privilegios de la clase que lo domina y lo administra.
Es por ello que la pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿Hasta dónde las fuerzas mal llamadas del “cambio” que sostienen al gobierno de coalición aguantarán dicha situación? Por desgracia parece que la respuesta más probable es “hasta que sus votos sigan siendo necesarios para que gobierne el PSOE y evitar un gobierno PP-VOX”.
Los apoyos de izquierda de la investidura ERC, Bildu, Más País, junto a Unidas Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz como nuevo ente del cambio y demás fuerzas políticas parecen estar instaladas permanentemente en el todo vale si se toca gobierno. Esta cuestión, que la izquierda revolucionaria, aunque minoritaria, no hemos dejado de advertir y denunciar desde que Podemos y la ilusión electoral empezó a empapar la realidad política del Estado Español, se basa en que la peor manera de enfrentarse a la extrema derecha y su crecimiento social, institucional e ideológico es apoyar gobiernos que se perciban de izquierdas para hacer las mismas políticas económicas y represivas que la derecha oficial.
Hemos de ser conscientes y consecuentes con que el Estado y su administración en el sistema capitalista tienen la función de armonizar y proteger los intereses de la clase dominante, de los capitalistas. Ello se hace por diferentes vías tales como la ideología, los sistemas públicos de enseñanza, la judicatura, etc., pero también una pata fundamental es la represión a través de sus brazos policiales, militares y de “inteligencia”.
Esto no significa renunciar a la participación en las elecciones o abandonar la lucha por poder acaparar el limitado poder institucional en favor de la clase trabajadora. En contraposición, lo que implica es que dicha lucha, como el resto de ellas, ha de tener siempre una brújula de independencia de esos intereses de clase que protege y promociona el Estado. Significa que cada acción y decisión política debe ir encaminada en reforzar la organización de la clase trabajadora y demás sectores oprimidos por este sistema para que, llegado el momento, se pueda superar ese poder estatal que va mucho más allá de las administraciones que renuevan responsables a través de las elecciones.