
Desde que se conoció el informe filtrado al medio “Político”, donde se reflejaba la intención del Tribunal Supremo de EEUU de revocar la sentencia de 1973 (Roe contra Wade) que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del aborto, son muchas las voces que han puesto sobre la mesa el peligro que corre a día de hoy este derecho conseguido hace décadas. Entre otras muchas cosas, antes de marcharse, Donald Trump dejó “bien atado” el alto Tribunal americano, nombrando a 3 jueces conservadores, sabiendo el poder político que tiene este órgano en la sociedad americana.
Esta situación da una mayoría a los magistrados conservadores sobre los demócratas, y son estos mismos la punta de lanza de los sectores de la burguesía conservadora estadounidense en su camino reaccionario hacia la derogación no solo del aborto, sino de cualquier avance social que huela a feminismo o justicia social. Todo esto en un país donde muchos dicen “defender la vida” prohibiendo el aborto, a la vez que apoyan la venta de armas, provocando la última masacre de unos niños de una escuela de primaria.
Sin embargo, el derecho al aborto nunca ha sido tal para las mujeres en los EEUU. Esto se manifiesta en particular por la desaparición de las clínicas que practican el aborto en ciertos estados, especialmente en Nebraska, Kentucky, Mississippi y Missouri, donde el 95% de los condados ya no cuentan con ninguna. De hecho, es imposible que las mujeres que no pueden permitirse viajar aborten. Pero este deber también es cuestionado por las manifestaciones diarias de activistas ultrarreligiosos y organizaciones antiabortistas frente a las clínicas y por los incesantes discursos en calles y televisión, que hacen que las mujeres se sientan culpables recurriendo a tal decisión.
Los Estados siempre han podido agregar restricciones al derecho al aborto, y en ese sentido se han adoptado 487 leyes desde 1973 para limitarlo, particularmente en los estados del sur. Ya en 2017, Texas excluyó el aborto del seguro médico, haciéndolo inaccesible para las mujeres más precarias. La ofensiva antiabortista nunca ha cesado y se reforzó en los últimos años, favorecida por la llegada al poder de Trump, ostentando como nunca un discurso misógino y antifeminista. Como ejemplos extremos, la ley de Texas prometió una recompensa de 20.000 dólares a cualquier ciudadano estadounidense que informase de que una mujer recurriera al aborto más allá de las 6 semanas o que un médico lo practicase y en 2019, el senado de Alabama votó a favor de la prohibición total del aborto, incluso en casos de violación o incesto, al igual que Arkansas en 2021.
No es nada nuevo. Los estados republicanos llevan meses en esta línea. Oklahoma aprobó una ley similar a la de Texas que llega a penalizar el aborto con hasta 10 años de cárcel o Luisiana, que anunció una propuesta de ley estatal que llegaba a equiparar el aborto al homicidio. Muchos sectores sociales progresistas temen que tras este ataque al aborto lleguen otros centrados en asuntos como el matrimonio homosexual y otros derechos de las personas LGTBI. La reacción frente a las recientes conquistas sobre el acceso a abortos legales y seguros en Argentina o Colombia, e incluso el propio movimiento estadounidense “Me too” que puso de manifiesto la necesidad de sacar a la luz los abusos a mujeres, es cada vez más virulenta, conscientes de que una victoria de ese calado en EEUU tendría un claro reflejo en Latinoamérica y otros lugares del mundo.
Todo esto se enmarca, como decimos, en una ola reaccionaria y ultraconservadora de movimientos contrarios al feminismo, al aborto y al colectivo LGTBI. La financiación para impulsar una agenda contra estos derechos se ha multiplicado por cuatro en una década: en 2009 se destinaban 22,2 millones de dólares y en 2018, 96 millones, por decir algunas cifras. En el Estado Español organizaciones fascistas como Hazte Oír y el propio Partido Vox ya se han hecho eco de la noticia, calificándola como una “oportunidad histórica”.
Sin embargo, aún queda un largo camino de recorrer. En EEUU decenas de miles de personas participaron en diferentes marchas contra el borrador de la sentencia, una vez que se hizo público. Dependerá de la capacidad movilizadora de las diferentes organizaciones feministas y sociales que la lucha contra la reacción ultraconservadora a nivel mundial llegue a buen puerto, poniendo en el centro de una vez por todas a las trabajadoras, sin escuchar los cantos de sirena de una parte de la sociedad interesada por un feminismo laxo y débil que pueda manejar a su antojo la burguesía, como es el caso del Partido Demócrata en EEUU. Nuestro bando social debe asegurar sus conquistas y blindarlas antes los ataques de aquellos que nos quieren amordazados. Si en EEUU son capaces de cuestionar un avance social conseguido hace medio siglo, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar?