La actual masacre en Colombia contra líderes sociales, líderes indígenas y excombatientes de las FARC es una procesión de cadáveres interminable que desangra el balance del actual gobierno: ya van más de 350 víctimas desde que tomó posición en agosto de 2018 y más de 20 en lo que llevamos de 2020. Los paramilitares están convirtiendo en un mortífero campo de minas las zonas antes controladas por la guerrilla, ahora desarmada en un discutible proceso de paz con muy pocas garantías para l@s indígenas y trabajador@s campesin@s.

El río de sangre no se detuvo ni siquiera durante la pasada Navidad. Mientras celebraba con su familia las fiestas, el gerente social Reinaldo Carrillo fue asesinado en el departamento de Huila, y sólo justo el día anterior, en el municipio de Tumaco, en Nariño, se lloró la muerte de la promotora cultural Lucy Villarreal, quien apenas 8 días antes había instado al ministro de Defensa, Carlos Trujillo, quien lleva demasiado tiempo minimizando la periodicidad del macabro registro, a garantizar la protección de los líderes de la comunidad.

Pero ha sido a principios de este año cuando se ha producido un aumento repentino: sólo en los primeros 13 días de 2020 18 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia han resultado asesinad@s, además del excombatiente Benjamín Banguera González, masacrado el 1 de enero en Guapi, en el Cauca. El (pen)último en caer a balazos, a fecha en la que se escribe este artículo, en el departamento de Córdoba, fue Jorge Luis Betancourt, coordinador de la Junta de Acción Comunal en San Francisco del Rayo.

Antes de él, el 11 de enero, en Huila, fue masacrado el líder campesino John Fredy Álvarez, del movimiento político Marcha Patriótica, una coordinación que incluye 859 organizaciones indígenas, campesinas, feministas, LGBTI, afrodescendientes, estudiantes y trabajador@s de 29 de los 32 departamentos de Colombia. Es el 222º representante del cuerpo asesinado desde septiembre de 2011, el número 43 en la era de Duque y el 5º en solo 2 días. De los otros 4, uno fue asesinado en el norte de Santander y los otros 3 en el Cauca, uno de los territorios más afectados, horas después de que el presidente, abrumado por las críticas ante tal carnicería, activara un comando especial para combatir el narcotráfico.

En realidad es desde el comienzo del gobierno de Iván Duque que los grupos paramilitares, como, por ejemplo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, bajo la mirada benévola de las fuerzas militares y policía, han reanudado su actuación sin molestias, con manga ancha en las áreas que una vez fueron controladas por las FARC y en los nuevos centros neurálgicos del narcotráfico, alentados por la inacción del desmantelamiento de las organizaciones criminales previstas en los acuerdos de paz.

Así, ignorando olímpicamente las alarmas lanzadas por la Comisión Nacional de garantías de Seguridad sobre los repetidos eventos sangrientos, Duque se ha limitado ese mes, un tweet tras otro, a “repudiar asesinatos”, expresar “condolencias profundas” y manifestar “solidaridad con las familias”, sin modificar un ápice su política de tolerancia con los paramilitares. Se explica cómo, según los datos proporcionados por el Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz), 348 líderes sociales hayan sido asesinados bajo el gobierno de Duque, 234 de los cuales en 2019.

Todos los asesinatos ocurren de manera muy similar: generalmente en los hogares de las víctimas o en sus alrededores, en presencia de los cónyuges e hij@s, por asesinos a sueldo que se mueven a pie o con motocicletas y disparan una andanada de balas a poca distancia. Detalle fundamental: los asesinatos tienen lugar en lugares caracterizados por una gran presencia militar. No obstante, para EEUU Colombia es un modelo a seguir en la defensa de los derechos humanos, con el desconcertante silencio del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.