Como cada mes de marzo, una vez que comienza el proceso de matriculación del alumnado para el curso siguiente, la administración andaluza demuestra cuáles son sus intenciones y su política respecto a la escuela pública. Iniciada con los gobiernos del PSOE y continuada con fervor por el gobierno de PP-Cudadanos, la eliminación de grupos (unidades) en la oferta de los colegios públicos para el siguiente curso es una tónica general y demuestra a las claras cuál es el proyecto de futuro en lo educativo: favorecer a la enseñanza privada-concertada en detrimento de la pública, cimentando la idea de que la educación sí es un negocio.
Según los propios datos oficiales, para el próximo curso 2021-2022 habrá 4000 plazas menos ofertadas en la enseñanza pública andaluza, lo que se traducirá en la pérdida de un gran número de unidades, en casi su totalidad en la enseñanza pública. ¿El objetivo? El trasvase de alumnado de la enseñanza pública a la privada-concertada y el aumento del negocio educativo. Para la administración andaluza no cabe la búsqueda de la universalidad y la igualdad de oportunidades para la que se creó la enseñanza pública, sino que el objetivo debe ser la búsqueda del beneficio, la precarización del empleo docente y no docente en los centros educativos y la segregación como modelo social.
Según las propias asociaciones de directoras y directores de la escuela pública andaluza, un cuarto de los centros educativos de Infantil y Primaria van a sufrir recortes de unidades de cara al curso que viene, más de la mitad en los cursos más tempranos de educación Infantil. Esta estrategia (la de recortar en los cursos más bajos) tiene un doble objetivo: persuadir a las madres y padres para no matricular en los centros en los que se quiere recortar (al haber menos plazas, hay menos solicitudes puesto que las posibilidades de entrar son menores, así se cocina una profecía autocumplida) y perpetuar esos recortes pasándolos cada año a niveles superiores.
De esta manera, a las más de 1500 unidades eliminadas con el gobierno del PSOE, hay que unir las cerca de 1000 que lleva el gobierno andaluz del PP-Ciudadanos desde que tomaron las riendas del mismo. Por tanto, visto de manera global, la destrucción de la enseñanza pública en Andalucía en un hecho constatable de manera objetiva a través de los números.
Las excusas para estos cambios suelen venir de la mano de la demografía y de la bajada de natalidad. Este hecho debería ser la oportunidad para reducir las ratios en los primeros niveles de la enseñanza y así cumplir la medida que más del 90% de las y los docentes tienen como fundamental para mejorar la calidad educativa. Más aún en tiempos de pandemia donde la distancia social es fundamental, esta oportunidad se vuelve vital en términos sanitarios.
Nada de ello hace que la administración andaluza cambie su rumbo y deje a un lado su estrategia neoliberal que pretende convertir la enseñanza en un negocio, que las familias que puedan dar beneficios “pasen por caja” también cuando hablamos de enseñanza y que el resto se queden en un sistema público cada vez con menos recursos y con empleo más precario entre sus profesionales. El objetivo es la perpetuación de las desigualdades desde las etapas más tempranas y eliminar cualquier posibilidad de igualar oportunidades entre niñas y niños vengan de donde vengan. Contra esta tendencia sólo cabe la movilización de la comunidad educativa en su conjunto y la oposición más radical a estos cierres. La escuela pública no se vende, se defiende.