El levantamiento del estado de alarma ha sumido al clima político del estado español en una situación de tenso aletargamiento acompasado por los rebrotes, únicamente sacudido por la “fuga de estado” del rey emérito orquestada por el PSOE en una operación de blanqueo acelerado de la monarquía por la puerta de atrás. Una vez comprobado el fracaso del Ingreso Mínimo Vital, que ha llegado a poco más del 1% de los hogares solicitantes, como durante los meses más duros de crisis sanitaria y social, las prioridades en julio y agosto han estado en el mismo lado y en favor de la misma clase.
Una vez acabada la desescalada, el gobierno Sánchez-Iglesias y los de las distintas comunidades autónomas se arremangaron pronto para llenar playas y hoteles de turistas europeos para salvar la temporada a la vez que mantenían transportes públicos abarrotados para salvar la temporada, dando a la patronal hostelera un gusto mientras que con ayuda de los medios ponía en marcha una campaña de criminalización de la juventud y el ocio que desviaba la atención del lugar real en que el coronavirus incubaba sus rebrotes: los mismos centros de trabajo, sobre todo los más precarios, en los que la población inmigrante ha pagado el hacinamiento debido a las condiciones de trabajo y de vida en el campo tercermundistas.
Inauguración del curso político de la “reconstrucción”
La unidad política y de los agentes sociales por un gran pacto de reconstrucción, así como la necesidad de llegar a acuerdos transversales que dejen atrás los vetos han sido las expresiones que Pedro Sánchez ha acuñado en este inicio del curso político. El 31 de agosto presidente y vicepresidente escenificaron esta unidad de clase junto a una pléyade de empresarios, banqueros y los dirigentes de CCOO y UGT en una conferencia titulada “España puede. Recuperación, transformación y resiliencia”, con la que el gobierno presentaba sus tanteos para un gran pacto que sortee este curso 2020-21, dirigido a lograr el acercamiento a Ciudadanos y PP.
Los presupuestos generales del estado se califican de reto político, al ser los primeros tras los prorrogados de Rajoy, y se publicitan por parte del PSOE como una operación factible de cuadratura del círculo a priori compleja en la que jugarán a la geometría variable que tardicionalmente le ha permitido hacer políticias económicas liberales con una pátina social: ganarse a Ciudadanos sin perder el abrazo de Unidas Podemos y el apoyo de ERC. Por muy pronto que Isa Serra, portavoz de Podemos, anunciara que para pactar con Cs “No contaran con nosotros”, en pocos días desapareció esa línea roja.
Esta misma semana Pablo Iglesias asumía en una entrevista, sin sorprender a los propios y sin las limitaciones ideológicas discursivas de su tradición política, que el proyecto presupuestario por el que su formación apuesta quiere contentar a explotad@s y explotadores: “Si somos capaces de que nuestro proyecto político y económico ofrezca certezas tanto para la clase media y trabajadora, como para los sectores empresariales, tengo la sensación de que el horizonte republicano será una alternativa también para la derecha”.
Reforma de las pensiones y amenaza al sueldo de l@s trabajador@s públic@s
Nadie dudaba, ni antes ni después del covid-19, que los gestores del capitalismo iban a hacer muy bien su trabajo independientemente de la propaganda política del socio morado de coalición. Una vez superada la tormenta sanitaria, no llega la calma a nuestro bando social: ha sido avanzar los primeros días de septiembre y una nueva ronda de ajustes para la clase trabajadora ha sido anunciada (o sondeados) por el gobierno PSOE-UP siguiendo la misma teatrialización: comunicación por los de Sánchez, disconformidad de los de Iglesias y finalmente minimización de la noticia en el seno de la coalición.
La primera semana del mes la noticia de la fusión de Bankia y Caixabank “a espaldas” de Unidas Podemos fue la avanzadilla, una operación auspiciada por la ministra de Economía para quien “En esta crisis, los bancos son parte de la solución, no el problema”, respondida por Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, con un “Es una noticia preocupante”. Pero la declaración de guerra a l@s trabajador@s ha venido por parte del ministerio de Seguridad Social, que anunció el pensionazo 2.0 para garantizar la sostenibidad de las pensiones, una auténtica contrarreforma exigida por Bruselas para desembolsar los llamados fondos de recuperación y a la que el propio ministro es favorable desde hace años.
Esta nueva reforma de las pensiones del gobierno, avalada por el Pacto de Toledo, no sólo pretende retrasar la edad efectiva de retiro, penalizando la jubilación anticipada y bonificando a aquell@s que trabajen más allá de su vida laboral, sino también rebajar las pensiones de l@s futur@s jubilad@s ampliando otra vez el período de cálculo de la pensión inicial. Escrivá se inspira así en el modelo británico para implantar un nuevo modelo de fomento del ahorro colectivo a largo plazo.A día de hoy no se conoce respuesta por parte de las direcciones de CCOO y UGT a lo que en otras circunstancias sería redoble de convocatoria de huelga general.
La ministra económica Nadia Calviño fue la protagonista de abrir (timidamente corregida por la ministra de Hacienda) e insistir en abrir otra caja de los truenos: la posibilidad de congelar el salario de l@s emplead@s públic@s. Para minimizar la bomba, se apoyó en recordar que l@s funcionari@s habían ganado poder adquisitivo los últimos 3 años, una descarada burla si tenemos en cuenta la situación económica previa al coronavirus. Cabe recordar que esta medida fue la 1ª anunciada por Zapatero en 2010 en su giro austeritario. En esta ocasión fue el ministro Garzón en mostrar desacuerdo por parte de UP con un lacónico “Eso sería un error garrafal”.
Por último, en la última tanda de negociaciones para prorrogar los ERTEs más allá del 30 de septiembre, la ministra de Trabajo ha planteado que estas prestaciones sean diferentes a la de cuando se aprobó al inicio de la pandemia, que no tenía periodo de carencia y no consumía paro (poniendo a su término el contador a cero). Por tanto la propuesta del gobierno PSOE-UP es que los ERTEs consuman tiempo de paro de l@s trabajador@s si se prorrogan, lo que supone una seria penalización a l@s más castigad@s por la crisis, que agravada al desastre del IMV anuncia unos datos de extensión de la pobreza escalofriantes a la vez que un aumento de la deuda que tarerá como consecuencia futuros recortes.
Ante este clima de resignación, hace falta una respuesta unitaria en las calles que se enfrente a los intereses de los más ricos
La gestión de la crisis del covid-19 en la vuelta a clase, de la que la propia ministra Celaá se había olvidado y lavado las manos hasta la conferencia del 26 de agosto, y el repunte de los rebrotes que empiezan a tensionar centros de salud en Madrid y Catalunya, cuya responsabilidad recae ahora íntegramente en los gobiernos autonómicos, ha llevado a la convocatoria de huelgas educativas en varias comunidades (Madrid, Andalucía, Euskadi, Galicia) y de sanidad (indefinida en Madrid), de carácter defensivo. Estas fechas, aunque coinciden en el mes de septiembre, no responden a una lógica sindical de conjunto para exigir al estado unos servicios públicos sin riesgo sanitario y de calidad negándose a pagar una deuda que no hemos generado las clases populares y que limita el gasto social.
Si los ataques anunciados acaban confirmándose, con Unidas Podemos totalmente integrado y desdibujado en la dinámica de gobierno y llegando a acuerdos más de lo que manifiestan airadamente en público, no tendrá ningún problema en aplicarlos con el nivel de resignación en que la izquierda reformista política y sindical se encuentra, como si PSOE-UP fuesen a resolver sus condiciones materiales automáticamente desde el BOE. La tensión social creciente en los centros de trabajo y hogares a causa de la precariedad y miedo, con una direcciones sindicales, mayoritarias y minoritarias, incapaces de ponerse al frente y señalar sin ambages la política antiobrera hacia la que se dirige la acción de Sánchez-Iglesias, unos por llevar a cabo una política sindical de concertación con la patronal y otros por no tomar iniciativas e ir a remolque, obliga a tomar resposabilidades.
Ha llegado septiembre y el “gobierno más de izquierdas de la historia” empieza a diseñar las estrategias para hacer pagar a la clase trabajadora los meses de confinamiento. Los destrozos sociales y económicos del covid-19 no admiten conciliación de clases y el shock implementado de ningún modo pueden obligarnos a l@s trabajador@s a seguir agachando la cabeza. Hay que asumir una política y la defensa de un programa de urgencia social para la clase trabajadora y la juventud. Hay dinero, pero hay que cogerlo donde está.
No es posible otro reparto de las riquezas sin enfrentarse a los intereses de las empresas del IBEX 35, sin recuperar los 60 000 millones de euros regalados a la banca o sin expropiar los recursos de la sanidad, de la educación o de la tierra en manos privadas para ponerlos a disposición de la mayoría. Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR proponemos a las organizaciones políticas y a los sectores sindicales dispuestos a defender esa política gobierne quien gobierne a ponernos manos a la obra para construir fechas de movilización con un programa anticapitalista que confronte los planes austericidas vengan del gobierno que vengan.