El pasado 29 de mayo se aprobaba la ya famosa medida del Ingreso Mínimo Vital. Ésta ha salido adelante con diversas polémicas por parte de diferentes sectores: por una parte los sindicatos la califican de insuficiente, la patronal exige que se condicione a no poder rechazar un trabajo sea cuáles sean las condiciones, la derecha lo califica de “paguita” generadora de “vagos y maleantes” y el gobierno y sus apoyos insisten en que sacará de la extrema pobreza (no de la pobreza ya que su cuantía no lo permite) a miles de familias.
¿En qué consiste realmente la medida?
El Ingreso Mínimo Vital va a consistir en una prestación a cargo del sistema de Seguridad Social que comprenderá cuantías desde los 461’5€ (para adultos de 23 a 65 años que cumplan los requisitos) hasta los 1015€ (para familias de 5 miembros con menores a cargo). La medida, según el gobierno, llegará a unos 850.000 hogares que suponen un total de 2’3 millones de personas. El presupuesto estimado será de unos 3.000 millones de euros anuales.
La solicitud de este subsidio se podrá realizar desde el día 15 de junio vía telemática o por correo postal a través de una solicitud (la cuál tiene 9 páginas de instrucciones y datos a rellenar). Algunas de los requisitos para poder beneficiarse de la medida será demostrar que los ingresos de la familia solicitante son menores, así como un “test de riqueza” que medirá el patrimonio de las familias, el cual anulará la prestación si alcanza cotas de 16.000€ en los hogares unipersonales hasta los 40.000€ en los más grandes (exenta de la cuenta queda la primera vivienda) o demostrar más de un año de residencia en el estado español en caso de que los y las solicitantes sean extranjeras.
¿Solución a la pobreza? ¿Por qué garantizar ingresos y no trabajo?
Esta prestación, tanto por su alcance como sobretodo por su cuantía no es una medida que vaya a atajar el problema grave de pobreza que sufre nuestra sociedad. Los propios partidos del gobierno hablaban en sus respectivos programas electorales y antes de esta crisis sanitaria de 6 000 millones (PSOE) y de 10 000 millones (Unidad Podemos) para hacer frente a un ingreso mínimo vital.
Pero el problema no reside sólo en la cuantía, pues esta prestación tampoco va a cuestionar el modelo fiscal o de reparto de la riqueza, ya que nuevamente será una medida financiada por unos impuestos pagados en su mayoría por la clase trabajadora y con endeudamiento, el cual gracias a la reforma del artículo 135 (aprobado por el PSOE y el PP en verano de 2011) se deberá pagar por encima de cualquier prestación, servicio público o derecho social.
Es evidente que esa medida va a ser una ayuda para muchas familias y que es mejor gastar fondos sostenidos por l@s trabajador@s en este tipo de prestaciones que en rescates a empresas privadas, pero no debemos confundir esto con una solución a nuestros problemas. La solución pasa por una redistribución de la riqueza radicalmente diferente. Como los días más duros de confinamiento demostraron, los empresarios no ejercen ningún papel productivo… es necesario que se reparta el trabajo a igual salario, que las empresas estén controladas por quienes las trabajan y generan la riqueza, l@s trabajador@s.
Necesitamos salarios y empleos dignos con un salario mínimo a 1200 euros y con una prohibición real de los despidos. Si en tiempos de bonanza la patronal es la que engrosa sus beneficios, en tiempos de crisis ésta debe asumir las pérdidas y los salarios de l@s trabajador@s que se queden sin empleo. Y para eso hay dinero, pero hay que cogerlo donde está.
¿Un gasto inasumible? ¿Preferiremos un subsidio a no trabajar?
Como no podía ser de otra manera, ante esta medida la derecha más reaccionaria y neoliberal ha salido a la palestra mediática cargada de todos sus tópicos para anunciar el caos de esta medida (prácticamente los mismos que se oponían, en diferentes épocas, a las prestaciones por desempleo, a las bajas por enfermedad pagadas, a la jornada de 8 horas, al salario mínimo y a sus subidas… la lista es larga).
Si bien es necesario decir que la crítica se ha rebajado en los últimos días a causa del beneplácito de la patronal, de la reducción del presupuesto (de los 5.500 millones anunciados en abril a los 3.000 de ahora) y quizá a la situación dramática de muchos hogares con la crisis que el coronavirus ha desencadenado en un sistema ya crítico. Echemos un vistazo a algunas cifras que normalmente escandalizan en menor medida (concretamente en ninguna) a estos mismos críticos y de dónde deberíamos sacar el dinero para generar empleo y asegurar salarios dignos:
– El rescate bancario: el Estado desembolsó en la anterior crisis un total de 65.725 millones de euros para salvar a la banca, responsable en gran medida de la burbuja inmobiliaria. Haciendo una cuenta sencilla, ello supone un total de más de 20 años de Ingreso Mínimo Vital. El coste para las arcas públicas, descontando los activos que se pudieron recuperar, ha sido de 42.561 millones de euros, lo cual seguramente sea mayor aún a los 20 años de IMV si tenemos en cuenta que éste se destinará en gran medida a consumos básicos gravados con impuestos indirectos bastante altos (1).
– Fraude y evasión fiscal: la estructura fiscal que sufrimos en el estado español provoca que los impuestos directos sobre empresas y sobre la propiedad apenas superen el 10% siendo prácticamente la totalidad del resto impuestos que soporta el trabajo en diferentes medidas (IRPF, cotizaciones a la seguridad social) y el consumo. Los grandes privilegios fiscales de grandes empresas y fortunas hace que se recauden unos 59.000 millones de euros menos que la media europea (2) (que tampoco es ni mucho menos muy dura con las grandes fortunas y empresas). Otros 20 años de Ingreso Mínimo Vital que se podrían financiar simplemente acabando con los privilegios fiscales de grandes empresas y fortunas (ejemplo de ellos son los casi 600 millones que Amancio Ortega dejó de ingresar a la hacienda pública en 2019).
– Beneficios del IBEX-35: Las 35 empresas más grandes del estado español que cotizan en Bolsa declararon un total de 50.000 millones de beneficios entre 2018 y 2019. Estas empresas, después de pagar en muchos casos salarios de miseria, hacer despidos y ERTES, evadir impuestos e incumplir directa o indirectamente numerosas leyes laborales, obtienen un beneficio que también podría financiar el IMV durante más de 15 años (3).
– Pago de la deuda ilegítima: El Estado actualmente tiene un enorme volumen de deuda pública a causa de convertir deuda privada de empresas en diferentes crisis, en deuda pública. Esto es especialmente injusto con lo ocurrido en la crisis financiera en la que dicha deuda se utilizó para el rescate bancario en parte, siendo los propios bancos rescatados los tenedores de deuda (a quienes pagamos con impuestos rescate y luego intereses de deuda). Solo en pago de intereses, sin reducir la cantidad de deuda, pagamos 90 millones de euros al día, lo cual supone unos 33.000 millones de euros cada año (u once IMV si seguimos con esa medida) (4)
La lista podría ser más larga, pero es evidente que el Ingreso Mínimo Vital no es un problema para las arcas del estado. Sin embargo sí lo es un sistema económico, fiscal, laboral y financiero que explota intensamente a los y las trabajadoras día a día y, como se ha hecho más evidente en estas últimas semanas, por encima de cualquier criterio humanos o de salud.
Con Ingreso Mínimo Vital o no es necesario que tod@s l@s que sufrimos las consecuencias de este sistema nos movilicemos. Es necesario garantizar el trabajo, repartiéndolo, prohibiendo los despidos, acabando con la precariedad y la explotación en todas las empresas.
1 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/20/companias/1574245470_048581.html
2 https://www.expansion.com/economia/2019/11/03/5dbeb81ce5fdea39208b45dd.html
3 https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8344415/05/17/El-Ibex-superara-los-50000-millones-de-beneficio-entre-2018-y-2019.html
4 https://m.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-espana-paga-90-millones-dia-intereses-deuda-undecimo-pais-mundo-mas-deuda-publica-20181118113633.html