Alrededor de 150.000 millones de euros es el gasto anual en pensiones públicas en el Estado Español en la actualidad. Unos recursos que se obtienen de las cotizaciones a la seguridad social de los y las trabajadoras de los que la patronal se quiere apropiar.
Un poco de memoria
Fruto de las grandes movilizaciones en la década de los 60 y el resurgimiento del movimiento obrero y de la juventud en pleno régimen franquista se consiguió establecer en el Estado Español en el año 1966 la Ley General de la Seguridad Social. Es cierto que anteriormente encontramos algunos modelos de protección social, aunque siempre insuficientes. Los primeros sistemas datan de 1900 con la creación del primer seguro social (Ley de Accidentes de Trabajo). Posteriormente hay otros mecanismos de protección como el Retiro Obrero (1919), el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923) o el Seguro de Paro Forzoso (1931). Pero el primer sistema de protección social tal y como lo conocemos hoy día este esta ley de la década de los 60.
Como hemos dicho, su creación es una conquista de nuestro bando social para conseguir el derecho a una jubilación digna y pagadas con cotizaciones sociales. La Ley General de la Seguridad Social significó la implantación de un modelo unitario e integrado de protección, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. Estableció la edad de jubilación en los 65 años, se necesitaban 8 años de cotización para tener derecho a la misma y se tenían en cuenta los 2 últimos años de trabajo para calcular la pensión. Con estos datos ya podemos observar los importantes retrocesos que se han ido produciendo en materia de pensiones.
El primer ataque a este modelo se produjo en el 1985. Este año el PSOE de Felipe González propone que el período para el cálculo de la base reguladora pase de 2 a 8 años y que los años necesarios para tener derecho a la misma se aumenten hasta los 10. Estas propuestas provocan que CCOO junto a otros sindicatos como CGT, LAB o CIG convoquen una huelga general para el 20 de junio de 1985. La misma fue un gran éxito a pesar de que UGT no se sumo a la convocatoria. El PSOE no retiró su reforma, pero se vio obligado a establecer por ley la revisión automática de las pensiones con el IPC.
El siguiente cambio del sistema de pensiones se produjo con la firma de las recomendaciones del Pacto de Toledo en el año 1995 que se materializaron con una nueva reforma legislativa en 1997. Se introducen una serie de cambios que afectan al modelo con el beneplácito de CCOO y UGT. Las pensiones públicas pasan a tener un carácter de subsistencia y se introducen facilidades para “complementarlas” con pensiones privadas. Además, esta nueva legislación aumentó nuevamente los años necesarios para acceder a una pensión contributiva de los 10 a los 15 años.
El Pacto de Toledo ha seguido vigente desde su creación como una comisión parlamentaria con diferentes reuniones en las que se han venido abordando los “problemas estructurales” del sistema de pensiones. Hacemos referencia a todos estos supuestos problemas estructurales, no porque el sistema de pensiones no se enfrente a grandes retos como analizamos en este artículo, sino porque los únicos aspectos de los que se hablan por parte de los partidos políticos, la patronal y los economistas del sistema es que las pensiones van a entrar en crisis por el envejecimiento de la población y, por tanto, hay que reformarlo siempre en el mismo sentido.
Así que, desde la creación de este pacto, ha habido diferentes reformas que nos han llevado a la actual situación con reformas llevadas acabo tanto por el PSOE de Zapatero como por el PP de Rajoy. En concreto nos encontramos un sistema de pensiones donde la edad de jubilación se sitúa en los 67 años, son necesarios 37 años cotizados para obtener el 100% de la pensión, la base reguladora se aumenta a los últimos 25 años de cada trabajador y se ha quitado el factor de revalorización de las pensiones asociados al IPC. Como decíamos unas reformas siempre en un mismo sentido: reducir lo que el estado gasta en pensiones, así como perjudicar a los sectores laborales del mercado de trabajo más precarios.
¿El sistema público de pensiones está en quiebra?
Desde fundaciones como las de la Caixa o BBVA, los diferentes partidos políticos del arco parlamentario, desde instituciones internacionales como la UE, el FMI o el Banco Mundial o desde los medios de comunicación se desarrolla una gran literatura y campaña para demostrar los problemas estructurales del modelo público de seguridad social y los grandes beneficios de las pensiones privadas.
Todo este discurso está basado en los problemas que genera para las pensiones la evolución demográfica del Estado Español. De tal forma que se está produciendo un envejecimiento de la población debido al aumento de la esperanza de vida y el descenso en la natalidad. Según las propias proyecciones que recoge el documento de recomendaciones del Pacto de Toledo la tasa de dependencia (indicador que mide la relación entre la población desde los 16 a 64 años y la mayor de 64 años) va a pasar de del 30,2% en el 2020 al 43,2% en el 2035. Esta única lectura de los datos basados en continuas proyecciones a futuro de la población se convierte en el único argumento que solo tiene un final posible la quiebra de la Seguridad Social. Argumento repetido como una especia de mantra a lo largo de los años.
Está prohibido hablar de…
Por supuesto que la cuestión demográfica es importante para un modelo basado en la solidaridad intergeneracional, pero creemos que es necesario hacer un análisis más exhaustivo de todos los elementos que afectan al sistema de pensiones para llegar a una conclusión tan drástica. Además, ¿el aumento de la esperanza de vida no debería ser una buena noticia?
Si observamos los datos que recogen las recomendaciones del Pacto de Toledo y basados en los estudios del INE, la esperanza de vida en el año 1995 era de 77,9, en el año 2020 de 83,55 y se estima que para el 2050 será de 88,60. En los 25 años que van desde 1995 a 2020 la esperanza de vida ha aumentado 5,65 años. En los 30 años que van desde 2020 a 2050 se estima que la esperanza de vida aumente en 5,05 años.
En este momento, os propongo un viaje al pasado. En concreto al año 1995 con la creación del Pacto de Toledo en pleno debate parlamentario. ¿Cuáles eran las proyecciones que se hacían para el año 2020? ¿Ha quebrado el sistema de pensiones en estos 25 años? Entonces, ¿Por qué debemos seguir haciendo caso a los que aseguran en la actualidad la quiebra del sistema de pensiones al igual que lo hacían en 1995?
Parece lógico que alguien responda rápidamente a estás cuestiones diciendo que el sistema no ha entrado en crisis gracias a todas las reformas que se hicieron en estos años. Y la respuesta, por tanto, no puede ser tan mecanicista como la hemos planteado. Pero si es necesario cuestionar ese mantra constante, una lógica apologética de infundir miedo en el conjunto de la población trabajadora con el hecho de que el envejecimiento de la población va a suponer la quiebra del modelo. Porque lo cierto es que aún siendo importante la cuestión demográfica hay otros muchos factores que influyen en la supervivencia de la seguridad social y de los que parece estar prohibido hablar.
El sistema esta basado en la solidaridad intergeneracional, de tal forma que las cotizaciones de los trabajadores en activo deben recaudar los alrededor de 150.000 millones de euros que costaron las pensiones este pasado 2020. Las soluciones que plantean el discurso oficial son como se ha explicado anteriormente reducir el gasto en pensiones aumentando la edad de jubilación, reduciendo el coste de la pensión o dificultando el acceso a la misma de cada trabajador. Pero, ¿hay otras formas de resolver este problema?
- Los problemas estructurales del mercado de trabajo. El Estado Español se caracteriza por tener un mercado de trabajo basado en trabajos precarios, con bajos salarios y un gran desempleo. Una manera sencilla de aumentar las cotizaciones sociales pasa por solventar cualquiera de estos factores. Al igual que si hay menos trabajadores en desempleo se aumentan las cotizaciones a la seguridad social. Hemos de señalar también los problemas del fraude en el mercado de trabajo. Cuestión que genera además una gran injusticia porque toda esta economía sumergida debilita la recaudación a la seguridad social a la vez que son los y las trabajadoras de estos sectores los que más dificultades tienen para acceder a una pensión digna.
- El fondo de reservas. Esta formado por el superávit de los años en los que las cotizaciones superan el gasto en pensiones con el objeto de afrontar posibles problemas futuros. El fondo se constituye en el año 1997, pero hasta 2001 no se le destinan los primeros recursos y hay que esperar a 2003 para que tenga una regulación jurídica. Los datos del fondo no dejan de ser sorprendentes, en 10 años (hasta 2011) el fondo cuenta con 66.815 millones de euros. En la actualidad sólo asciende a 2.150 millones, es decir que los diferentes Gobiernos del Estado Español han usado este dinero de las pensiones públicas supuestamente en quiebra para financiar otras partidas presupuestarias. ¿Qué habría pasado si el fondo se hubiera creado antes, por ejemplo, con la llegada de la “democracia”?
- El problema de la separación de fuentes. Lo curioso de este elemento es que en un modelo que supuestamente esta en crisis un principio rector de su política recogido en las recomendaciones del Pacto de Toledo desde el año 1995 sigue sin aplicarse. ¿Qué significa la separación de fuentes? Tenemos dos tipos de pensiones las contributivas y las no contributivas. A las primeras se tiene derecho si cotizamos los años suficientes en nuestra carrera laboral. Las no contributivas representan todas las demás. Según este principio las cotizaciones a la seguridad social solo pueden ser usadas para sufragar las pensiones contributivas. Y, por tanto, el resto deben ser financiadas con impuestos generales. Pero a pesar de que este principio ya es de obligado cumplimento ningún Gobierno lo respeta. De tal forma que con estas cotizaciones se sufragan tanto las pensiones no contributivas como otros gastos de los Presupuestos Generales del Estado.
- La deuda histórica del Estado con la Seguridad Social. Como acabamos de analizar, con el dinero recaudado en la teoría solo para pensiones se pagan muchas cosas. A todos estos gastos indebidos es lo que se le conoce como la deuda histórica. Medir la cuantía de esta deuda no es sencillo, ya que el Estado no la reconoce y tampoco explica desde cuando y para que esta usando las cotizaciones. Las estimaciones que se hacen van desde los 155.000 millones desde el año 1989 a 2013 que ha reconocido el propio Tribunal de Cuentas en julio de 2020 hasta los 600.000 millones de euros de otros estudios. Dada la magnitud de estas cantidades no se debería ser tan tajantes con la aseveración de la quiebra del sistema.
- Rentabilidad de las pensiones públicas frente a las privadas. La lógica del capitalismo siempre dice que lo privado es mejor que lo público. Pues bien, en materia de pensiones esto no es verdad. En este caso los datos son hasta de la propia banca y reflejan que los planes de pensiones privados una vez descontada la inflación tienen un rendimiento situado entorno al 0,5% mientras que los públicos ascienden al 3,5%. Y es que los recursos del fondo de reservan fueron invertidos por el Estado generando unos grandes beneficios y con más rentabilidad que los sistemas privados, pero claro si destruyo el fondo de reserva esto ya no es posible.
- Hazte un plan de pensiones privados que además pagas menos impuestos. O lo que es lo mismo, las pensiones están en quiebra si queremos que estén en quiebra. Lo que parece ya una locura es que el Estado permita que las personas que se hacen un plan de pensiones privados paguen menos impuestos. Se estima que en la última década las arcas públicas han dejado de ingresar unos 13.000 millones de euros por estas desgravaciones. Pero, ¿quién puede hacerse un plan de pensiones privado? Los datos son nuevamente reveladores y demuestran que este incentivo es muy regresivo ya que son sólo las rentas más altas las que tienen capacidad de ahorro.
Hay más elementos a tener en cuenta cuando hablamos de pensiones, pero con los que hemos recogido observamos que la afirmación de la quiebra de las pensiones públicas es que el dogma de fe. Lo cierto, es que los datos no sostienen este argumento y, por tanto, la explicación hay que buscarla en otra parte. El gasto en pensiones asciende a 150.000 millones anuales y el gran capital pretende hacer negocio con nuestro futuro con el único objetivo de aumentar sus beneficios.
2020: las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo
El pasado 19 de noviembre se aprobó en el seno del congreso de los diputados las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones propuestas por la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo. En teoría estas líneas maestras deben sentar las bases para la futura reforma legislativa en materia de pensiones y han sido aprobadas por mayoría con la abstención de VOX, Bildu, ERC, Foro Asturias y BNG y dos votos en contra de la CUP.
Un acuerdo que llevaba bloqueado desde el año 2011, poco tiempo antes de la anterior reforma del gobierno de Rajoy en el año 2013. Son 22 recomendaciones en diferentes materias como la separación de fuentes, mantenimiento del poder adquisitivo, adecuación de las bases y periodos de cotización, mejoras en la gestión del sistema e información al ciudadano, lucha contra el fraude, mutuas colaboradoras de la seguridad social, edad de jubilación, prestaciones no contributivas, sistemas complementarios, mujer, juventud, migrantes y seguridad social, etc.
Las principales medidas del pacto van en la misma línea que las anteriores, deteriorar el sistema público de pensiones. En concreto, las medidas estrella son por un lado que la edad real de jubilación se acerque a los 67 años dificultando las jubilaciones anticipadas. Y, por otro lado, permitir la prolongación “voluntaria” de la jubilación más allá de los 67 años. Además, aparece de nuevo la recomendación de la separación de fuentes cuando se supone que debe ser obligatoria desde la creación del Pacto de Toledo.
La propuesta del gobierno PSOE-UP
En este 2021 nos hemos encontrado con la propuesta que el gobierno ha enviado a Bruselas sobre la reforma de pensiones. Todo ello enmarcado en el debate del Plan de Recuperación europeo por la pandemia donde el Estado va recibir 72.000 millones de euros. Parece que la existencia de la actual crisis sanitaria no es motivo suficiente para que las instituciones europeas ayuden al conjunto de los países. Es necesario comprometernos en otras materias como las pensiones para recibir estas ayudas. Lo cual no deja de ser otro chantaje por parte de la UE al que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se pliegan si mayor problema.
En concreto la carta enviada a la UE recoge 9 de las recomendaciones que aparecen en el Pacto de Toledo, aunque dos de ellas destacan claramente: dificultar la jubilación anticipada y permitir la jubilación voluntaria. Unas intenciones que observamos en las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones José Luis Escrivá el 20 de enero de 2021 en un seminario sobre fondos europeos organizado por Deusto Business School y Deloitte donde afirma que “lo más eficaz para hacer sostenible el sistema de pensiones es hacer que las personas trabajen más años”
La única negativa de Unidas Podemos en materia de pensiones ha sido su rechazo a una nueva idea que introdujo el PSOE de aumentar de 25 a 35 años el cálculo de la pensión y que al final no se ha enviado. Propuesta no recogida entre las recomendaciones, pero que ha salido al debate estas semanas. Aunque más bien parece una especie de campaña de marketing político para dar un espacio a Unidas Podemos en el gobierno. Porque, aunque no se haya recogido explícitamente si se ha incluido el compromiso de abordar la ampliación con la posibilidad de excluir algunos años en el periodo de cómputo. No hace tantos años del surgimiento de Podemos y un programa que incluía muchas medidas en ruptura con la lógica del capital para que se les haya olvidado tan pronto. El problema no es la falta de memoria sino una dirección política con una perspectiva reformista e institucionalista.
En defensa de las pensiones públicas. Por un programa para la movilización
Las pensiones han sido una conquista de la movilización de los y las trabajadoras que provienen del trabajo de nuestro bando social. Son parte de nuestros salarios y ponen en valor uno de los principios más importante de los trabajadores: la solidaridad. El sistema público de pensiones demuestra claramente que no todo responde a la lógica del capital y evidencia que otros modelos son posibles e incluso más eficientes para gestionar los recursos colectivos.
Así lo entienden los pensionistas que llevan meses movilizándose para responder a los ataques a la seguridad social. Son unos 150.000 millones de euros al año y es un botín demasiado grande con el que el sector privado quiere hacer negocio. Por ello, es necesario defender las pensiones públicas bajo unas reivindicaciones claras y una movilización social. Este fue el método que nos permitió a los y las trabajadoras conquistar un derecho a una pensión y jubilación digna y por eso debemos levantar un programa para defenderlas.
Garantizar una pensión digna para todos los y las trabajadoras. Especialmente para los sectores más precarizados como las mujeres (como las empleadas del hogar, amas de casa, jornaleras, etc.) o los migrantes. Exigir la derogación del “pensionazo” y establecer la edad de jubilación en los 60 años. Defender el aumento de las pensiones en relación al coste de la vida. El aumento de las pensiones contributivas a los 1300 euros. En materia de ingresos es necesario garantizar la separación de fuentes y la devolución del Estado de la deuda histórica para dotar económicamente al fondo de reservas. Aumentar los ingresos en materia de cotización y eliminar los topes máximos de las mismas. En caso de que estas sean insuficientes garantizar las pensiones con los Presupuestos Generales del Estado. Mejorar la situación del mercado de trabajo y la derogación de las reformas laborales de PSOE y PP.