Con el veto de la mesa del Congreso a una iniciativa de la CUP que pedía la comparecencia de Felipe VI, con el cierre de filas de Unidas Podemos al régimen del 78 en su apoyo a la monarquía por primera vez, se cerró en falso todo recorrido parlamentario de la que se ha revelado como la mayor red de corrupción del estado conocida hasta la fecha, tras una década de investigación, en un amplio arco temporal de 25 años, implicando a los gobiernos de Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy y con el conocimiento de la Casa Real.
La Fiscalía Anticorrupción hizo público la primera semana de enero en un escrito de acusación la investigación de una trama corrupta creada en torno a 11 contratos para la venta de repuestos de carros de combate y munición al desviarse 220 millones por la empresa estatal Defex, disuelta por el gobierno de Mariano Rajoy en 2017 por los escándalos en su cúpula, desde 1991 hasta 2016, si bien centra la investigación en el período no prescrito, entre 2005 y 2012. Además de esta empresa semipública se acusa a las sociedades mercantiles Defence Development, Nytel Global y Metapor.
La afamada teocracia saudita lleva siendo uno de los grandes clientes del estado español desde la década de los 90 en diversos ámbitos, pero sobre todo en infraestructuras (el AVE a La Meca) y en armamento (corbetas de Navantia, bombas), parte esta última donde los sucesivos gobiernos desplegaron prácticas muy oscuras. El contacto de Defex era el empresario Álvaro Cervera desde 1991, quien como agente comercial pagaba las comisiones a funcionarios saudíes, entre ellos el exagregado militar en la embajada saudí en Madrid entre 2005 y 2014, Al Shamuary, muy cercano al príncipe Jalid Bin Saad Al Saud.
Defex nació en pleno tardofranquismo como empresa semipública dedicada a la exportación de armas, ampliando su negocio a la comercialización de otras tecnologías en 1990, aunque su principal vía de ingresos fue siempre la venta de armamento con la ayuda de empresas privadas. El 51% estaba en manos del estado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y en su consejo de administración se sentaban el ministerio de Defensa, Hacienda, Exteriores y Economía, con la participación de compañías privadas.
¿Para qué necesitaba la empresa privada que una pública española pagara sus sobornos a los Arabia Saudí? Defex así lo imponía porque la estructura corrupta estaba institucionalizada y se llevaba su mordisco de cualquier negocio internacional de exportación de armas: asesoraba a la empresa privada para conseguir la licencia, encargaba el material al proveedor, repartía comisiones entre funcionarios saudíes y se encargaba de la logística del contrato. La trama había creado varias empresas pantalla que carecían de estructura.
El expresidente de Defex, Encinas Charro, ingresó en cuentas de Suiza y Mónaco 50.000 dólares y 50.000 euros a través de sociedades instrumentales en las Islas Vírgenes Británicas. En julio de 2019 se procesó a Defex por la venta irregular de armas a Angola, pieza principal y más avanzada de la investigación. Pero hay al menos otras 2 piezas separadas, entre ellas la de Arabia Saudí, de las que continúa llegando información a la Audiencia Nacional.
Lo que investiga la justicia es una enorme cañería de corrupción con tentáculos poderosos auspiciada en los últimos años alrededor de la industria armamentística española, la misma que vende “misiles inteligentes” a países como la dictadura saudí. El sector de la guerra sigue siendo, junto con la pornografía y la droga, el que más dinero mueve en el mundo y eso lo saben los intermediarios, entre los que las decisiones políticas y los consejos de administración no son en absoluto ajenos. Ya Wikileaks había destapado en un hilo en marzo de 2011 los sobornos de empresas de armas a las monarquías del Golfo Pérsico.