En 2021 será un año extraordinario en cuanto al gasto militar. Después de que los presupuestos generales del Estado previeron la partida más elevada de la historia para el ministerio de Defensa, la Moncloa ha ido más allá y sólo en los primeros 5 meses ha elevado el techo del crédito en más de 1.000 millones, situándose por primera vez por encima de los 10.000 millones, y holgadamente. La inversión en armamento será igualmente más elevada que nunca.
El Congreso de los Diputados validó a finales de diciembre unas cuentas que preveían que el departamento que comanda Margarita Robles tuviera un techo de gasto de 9.411,9 millones, el cual ya suponía un incremento notable respecto a los 8.456 millones de los anteriores de 2018 que se mantenían vigentes y reflejaba el techo en cuanto a crédito inicial hasta entonces. Este listón en mayo ya había crecido en 1.000 millones más en ampliaciones de crédito, hasta los 10.413,6 millones. Y no es la última cifra, ya que ésta probablemente seguirá creciendo hasta diciembre.
Sin haber llegado al ecuador del ejercicio, Defensa ya supera el crédito máximo que había tenido hasta ahora, de 2008, cuando alcanzó los 9.810,8 millones en diciembre. De esta manera, se supera ya con creces los 10.000 millones de gasto previsto, un 45% más de la cantidad con la que se cerró en 2016, hace escasamente 5 años. La partida del ministerio se había reducido desde la crisis de 2008, pero en los últimos años ha remontado con fuerza, batiendo todos los récords anteriores.
Este techo extraordinario del 2021 responde en buena medida al incremento del gasto en armamento. El gasto previsto en inversiones de Defensa suma 3.634,1 millones, también un récord histórico, y muy por encima de los 2.913,5 millones con que se cerró en 2020 y los 3.303,2 millones de 2018, el anterior techo ahora superado. Y una buena parte de esta cantidad se destina a inversiones en programas especiales de modernización armamentística, los cuales se llevan 2.091,6 millones.
Teniendo en cuenta que el conjunto de la inversión de todos los ministerios suma 8.770,3 millones, se trata de un buen pellizco. Por ejemplo, la inversión prevista en conservación de carreteras es de 1.032,8 millones este 2021, mientras que la de construcción de nuevas vías queda en 980,3, por lo que la compra de nuevo armamento por sí solo suma más que todo el gasto en carreteras del ministerio de Transportes, para hacer una idea.
Ahora bien, ¿a qué se debe esta elevada cantidad, y sobre todo cómo es que el gobierno PSOE-UP hincha tanto el presupuesto de Defensa, pese a que el Congreso le impuso un techo que ha superado en más de 1.000 millones en tan sólo 5 meses? En realidad, no es -por ahora- una cifra estratosférica si se compara con las desviaciones que tuvieron lugar en ejercicios anteriores. Entre 2012 y 2015, el incremento presupuestario de este departamento durante el curso rondaba o superaba los 2.000 millones anuales.
Gasto escondido en el Congreso
La estrategia era sencilla: para no tener que defender, debatir y votar en las cámaras créditos elevados en materia militar, el gobierno sistemáticamente aprobaba de más bajos y, posteriormente, los hinchaba por acuerdo del Consejo de Ministros. En concreto, ocultaba las partidas destinadas a misiones en el exterior o en los programas de armamento de coste muy elevado, a pesar sabía que estos recursos les acabaría necesitando. En 2016, sin embargo, el Tribunal Constitucional le paró los pies y declaró inconstitucional esta práctica, por lo que se tuvo que moderar en los ejercicios posteriores.
Las misiones en el exterior, de hecho, suelen costar cerca de 1.000 millones anuales al Estado, pero la partida que se prevé inicialmente siempre es mucho más baja. En las cuentas del 2.021 era de 314 millones, pero ya ha tenido que recibir nuevas aportaciones. El ejecutivo central le insufló en marzo 569,8 millones desde el fondo de contingencia y, al cabo de un mes, hay llegaron 291,8 millones más por la misma vía. Todo sin debate político en el Congreso, a pesar de que no se trata de gastos sobrevenidos a causa del estallido de ninguna guerra, sino para mantener los operativos ya existentes y previstos.
La rueda de la compra de armamento
Por otra parte, hinchan la factura también los programas especiales de armamento (PAE), donde se destina buena parte del pastel de inversiones. Se trata de programas impulsados inicialmente durante el gobierno de José María Aznar y mantenidos por los gobiernos posteriores con el objetivo de incentivar la industria armamentística española. El negocio es redondo, ya que el mismo ejército encarga a medio plazo armamento muy caro y en gran cantidad a las empresas, las cuales reciben también un préstamo del gobierno a un interés muy bajo para poder hacer la elevada inversión requerida, sabiendo de lo pronto que será el mismo ejecutivo quien las acabará comprando, las necesite o no. Riesgo cero.
Se trata de programas basados en compromisos previos y, por tanto, que hipotecan el gobierno incluso en momentos complicados, como el año de la pandemia, cuando gastó 9.500 millones desde el ministerio de Defensa. Este 2021, ya comenzó con inversiones comprometidas con anterioridad de más de 2.200 millones. Algunos partidos ya habían cuestionado la necesidad de este gasto tan estratosférica con escaso retorno, pero lo cierto es que todos los gobiernos han seguido inflando los PAE y encargando nuevos proyectos de este tipo.
El actual gobierno de izquierdas mantiene la línea
El último ejemplo, el Consejo de ministros del último martes de julio, el cual aprobó un préstamo de 356,5 millones a la empresa Tess Defence que construya vehículos de combate VCR 8×8, si bien en diciembre pasado ya le entregó 50 millones y, hasta el 2024, el crédito total ascenderá a 1.258 millones. Los recursos, además, no salen del ministerio de Defensa, sino del de Industria, Comercio y Turismo, el cual no recuperará el préstamo hasta que el ejército no pague a la empresa para adquirir el armamento, una vez esté listo.
No es, sin embargo, el único acuerdo del Consejo de ministros de este 2021 que compromete gran cantidad de recursos durante años -aunque sí el más costoso-. Entre otros, el 6 de abril impulsó un contrato de 90 millones durante dos años para el mantenimiento de buques de la Armada; el 13 de abril comprometió 128,3 millones hasta 2025 para adquirir camiones militares y reprogramar 250 millones para la compra del avión EF-2000; el 8 de junio acordó la compra por 100,8 millones de varios radares militares; y el 15 de junio habilitó 91,4 millones para los siguientes 48 meses para sostener tres aviones del ejército del aire.
Un presupuesto hipotecado a medio plazo
Si bien es cierto que algunos gastos se recalendarizan, esto sólo sirve para patear la pelota adelante. En mayo de 2021, según la Intervención General de la Administración del Estado, el ministerio de Defensa tenía compromisos de gasto para años posteriores de hasta 22.674,8 millones, más que todo el resto de departamentos del gobierno español juntos, incluso el de Transportes, el cual tiene apalabrados 12.800,6 millones. Esta cantidad, en todo caso, es bastante estable y casi siempre se sitúa por encima de los 20.000 millones, ya que se encargando nuevos proyectos a medida que se adquieren los anteriores. Y la rueda va girando.
Sin embargo, el presupuesto del ministerio de Defensa dista mucho recoger el gasto militar total del gobierno PSOE-UP. Los préstamos para financiar la construcción de los PEA, por ejemplo, ya se ha visto que salen del ministerio de Industria. Por eso es engañoso cuando se asegura que el gasto militar español no cumple con los compromisos de la OTAN o se baja en relación con la de otros estados que sí lo tienen centralizado, mientras que, en el caso español, está disperso en varios departamentos y organismos para camuflarse.
Este es un asunto que metódicamente analiza el Centro Delàs, según el cual el presupuesto consolidado del ministerio de Defensa (si se le suma el CNI y organismos autónomos) alcanzaba ya de inicio los 10.863 millones, mientras que el total de gasto militar del gobierno-aprobado por el Congreso y sin las modificaciones posteriores- ya duplicaría esta cifra, hasta los 21.623 millones. Un informe de esta entidad, por ejemplo, apunta que los créditos para investigación e innovación militar aumentan un 44,7%, hasta los 676 millones, triplicando el gasto previsto para investigación sanitaria. Van destinados sobre todo a elaborar el armamento de los PAE que posteriormente el Estado comprará.
Traducción de artículo en catalán del medio Nació digital