Las universidades públicas del Estado español llevamos más de una década sufriendo una situación límite. Desde la implantación del Plan Bolonia y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha mermado significativamente la formación académica superior y, además, las dificultades de las familias trabajadoras para poder pagar los estudios de sus hijos e hijas son cada vez mayores. Nos vendieron que a mayor homogeneidad en los planes de estudio a nivel europeo más facilidades se tendrían para conseguir convalidaciones de estudio. Sin embargo, bajo este prisma y la necesidad de ir adaptándose al mercado laboral, la mercantilización de la educación es ya un hecho irrefutable, sin olvidar que dicha convalidación de estudios entre diferentes países es un proceso tedioso, y en muchas ocasiones, imposible.
Las universidades son un nicho de mercado. Esta aseveración podemos hacerla sin pestañear viendo los datos; en el año 1983 habían 33 universidades públicas y 4 privadas, frente al dato de la actualidad (año 2020) en la que el Estado español cuenta con 50 universidades públicas y 37 privadas y de la Iglesia Católica. No obstante, ya no es solo que haya crecido exponencialmente la creación de universidades privadas frente a la construcción de las públicas sino que la presencia de empresas privadas y bancos dentro de la institución universitaria pública es cada vez mayor.
Por otro lado, la media que a día de hoy un estudiante de grado le cuesta un año de carrera es de 1107 euros. Esto unido a que con la instauración del plan grado/máster, suponiendo esto una formación durante el grado más genérica y una especialización en la formación de máster, el precio que tienes que pagar para salir de la universidad con títulos “útiles” para la incorporación al mercado laboral, con el aumento de las tasas en los estudios de máster, es inadmisible para una institución supuestamente pública.
Hace apenas unos meses nos enterábamos que el ministro de universidades, Manuel Castells, ha elaborado una propuesta de Real Decreto para poner en marcha el siguiente otoño. En el borrador de dicho decreto, ni en declaraciones públicas del ministro, no se hace ninguna mención de cómo el Plan Bolonia ha supuesto un deterioro real de la educación superior. Tampoco se habla de bajar tasas ni equiparar precios de grado y máster. Por el contrario, nos encontramos con un borrador que le da una vuelta de tuerca al Plan Bolonia, siguiendo con los planes de 4+1 e introduciendo la “mención dual en los títulos” que supone, en la práctica, trabajar gratis para las empresas, como sucede ya en la Formación Profesional.
En los últimos meses estamos viendo cómo la juventud está saliendo a la calle reclamando mayor democracia, rechazo absoluto a la represión policial y por la libertad de expresión. También vemos ejemplos de lucha en diferentes partes del estado a raíz de la nefasta gestión que se está dando dentro de las universidades para tener una formación de calidad, presencial pero con todas las garantías sanitarias. Y además, diferentes organizaciones estudiantiles a nivel estatal han convocado una movilización, por todo esto, para el próximo 6 de mayo. L@s estudiantes debemos de dar una respuesta contundente a la situación de las universidades públicas.
Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR creemos que debemos apoyar la movilización del 6 de mayo pero pensamos también que se tiene que hacer mediante la convocatoria de una huelga general estudiantil. Es mediante la paralización de las clases y la visibilización en la calle como conseguiremos conseguir mejoras en las universidades públicas.