El pasado 4 de septiembre el resultado del plebiscito por una nueva constitución en Chile, arrojaba un resultado demoledor para los defensores del nuevo texto, siendo rechazado por casi el 62% de los votantes. El camino fue marcado con el proceso constitucional que se convirtió en la salida a la crisis del estallido social de 2019.
En octubre de 2020, casi 6 millones de chilenos, un 78% de los votantes, aprobaron la redacción de un nuevo texto constitucional. Sin embargo, 2 años más tarde, la mayoría de la sociedad chilena le dio la espalda al texto constitucional. En las comunas humildes, donde vive el 20% más pobre y donde aumentó fuertemente la participación, el rechazo ganó con porcentajes de 70% a 90%, igual que en las comunas con mayoría mapuche. Dándose la paradójica situación de que aquellos para los que se argumentaba que la nueva constitución traería la justicia social fueron los que rechazaron el texto.
Entre los factores que explican el resultado se encuentra sin duda, la hegemonía por parte de los grandes poderes económicos y la derecha chilena, de los grandes medios de comunicación. Estos pusieron toda la carne en el asador para montar una campaña de desinformación que supo ganar el relato y convencer a una gran parte de la clase trabajadora. El reparto de falsas constituciones, la amenaza de que l@s trabajador@s perderían sus propiedades o los anuncios constantes en el que afirmaba que el proyecto de Constitución “permitía el aborto hasta el noveno mes de embarazo” son solo un ejemplo del juego sucio que puso en pie los sectores conservadores para evitar el “apruebo”. Durante la campaña, se invirtió al menos un millón de dólares para dar a conocer el proyecto de nueva Constitución al pueblo chileno. Alrededor del 90% de estos recursos fueron gastados por el bloque partidario del rechazo.
Pero para entender en profundidad la derrota hemos de analizar cómo la crisis social generada durante las masivas movilizaciones del 2019 fueron canalizadas por la socialdemocracia chilena y una gran parte de la izquierda reformista a través de un plebiscito que ya nacía condenado al fracaso. Las demandas de las clases populares, su urgencia y la necesidad de un cambio real y profundo, no eran realizables a través de un proceso interclasista e institucional donde los sectores conservadores son hegemónicos y la izquierda reformista no tiene la capacidad de transformar la sociedad sin plegarse al chantaje constante de la derecha chilena y sus aliados de clase. Una gran mayoría de los sectores populares no se vieron reflejados en un proceso institucional que los dejaba una mas indefensos ante el aparato ideológico de los grandes poderes.
Tras la victoria del “NO” se abre un nuevo proceso constituyente donde el gobierno de Boric ya ha empezado a virar su discurso hacia posiciones de centro en su afán por concertar con el bloque conservador una salida institucional a la crisis, consciente de que es la única salida para salvar su debilitado gobierno. Sin embargo, la conclusión de estos 3 años es que sin una transformación radical de la sociedad que pase de la revuelta popular a la revolución, el resultado seguirá siendo el mismo.
La izquierda transformadora de chile debe seguir levantando un programa revolucionario que se diferencie de las propuestas reformistas, que ponga a la clase trabajadora en el centro del tablero, conectando con las reivindicaciones mas inmediatas de las clases populares y construyendo junto a estas la necesidad de enfrentar el modelo neoliberal para poder conseguir conquistas y que en definitiva plante cara al sistema capitalista sin vacilaciones.