Ya se ha cumplido un mes desde el inicio del paro nacional contra la reforma tributaria, pero lo que comenzó como una protesta contra una única reforma neoliberal, se ha ido transformando con los días en una revuelta contra el propio sistema político gracias a un movimiento poderoso e imparable que ha perdido hasta el miedo ante una represión que definirla como sangrienta se queda corto. Según la Comisión Internamericana de DDHH, hasta el 27 de mayo se recogían testimonios de 52 homicidios, 715 herid@s, más de 1500 detenciones arbitrarias, 106 casos de violencia sexual, 548 denuncias de personas desaparecidas de las cuales solo 113 han reaparecido posteriormente, además de centenares de denuncias de torturas, entre otras vulneraciones.
En el completo silencio de la comunidad internacional y los medios de comunicación, el presidente Duque respondió a las protestas en las calles de una sola forma: dando la orden de disparar contra la población, haciéndola desaparecer, matándola, violándola, atacándola directamente en sus hogares. Las miles de denuncias recogidas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos del país, como Temblores, Defender la Libertad, Indepaz, Human Rights Internacional. En lad últimas semanas la represión ha venido especialmente por civiles armados, paramilitares invocados principalmente por Duque y el ex narco presidente Uribe, pero también por muchos alcaldes para “restaurar el orden” en las ciudades.
El “paro nacional” colombiano parece repetir en muchos aspectos el levantamiento chileno que estalla en el país desde hace más de un año y medio: comenzó como una protesta contra una reforma en particular y se ha convertido en un rechazo a un gobierno violento, que no está interesado en el diálogo, cree que quienes manifiestan son terroristas y como tal los confrontan. Pero no hay salida de este modelo sin potentes movilizaciones desde la izquierda, porque quienes se benefician del extractivismo, probablemente el 30% de la sociedad, defenderán sus privilegios con violencia generalizada, según apuntan los protagonistas en las calles.
En estos 30 días de protestas populares la ciudad de Cali se ha convertido en el centro de resistencia a la brutalidad y violencia de las Fuerzas Armadas. El 18 de mayo, a pocos kilómetros de Cali, hombres armados vestidos de civil atacaron a balazos a la guardia indígena del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), que durante días había bajado a la ciudad para apoyar y defender a la huelga general. La emboscada, que se produjo a raíz de los llamamientos del presidente, el expresidente Uribe y el alcalde para detener a los “vándalos terroristas”, dejó un saldo de doce personas heridas, de las cuales cuatro de gravedad, entre ellas la activista Daniela Soto, indígena nasa.
Este es el modus operandi del gobierno de Duque. El ataque del gobierno se da en varios frentes: además del militar, sectores enteros de las grandes ciudades tienen que lidiar todas las noches con el apagón, la suspensión del suministro eléctrico y la suspensión de internet y servicio de línea de teléfonos, para impedir las comunicaciones. entre manifestantes y la difusión de videos que prueban las numerosas violaciones a los derechos humanos de las que son responsables las Fuerzas Armadas. El presidente Duque había ordenado al movimiento indígena regresar a sus “reservas”, acusándolos de haber agredido a la pacífica población caleña, y que el uso de la fuerza había sido necesario para restablecer el orden.
Pero ni siquiera toda esta respuesta homicida ha logrado detener el paro nacional. Las calles colombianas se siguen llenando de manifestantes todos los días, porque el problema ya no es esta o aquella reforma, sino el violento sistema político que gobierna el país. Numerosas manifestaciones se lanzaron para los próximos días, también ante el fracaso del primer encuentro entre Duque y el Comité Nacional del Paro. El 17 de mayo, el Comité Nacional de Huelga, integrado por sindicatos y agrupaciones de trabajador@s y campesinos, publicó un comunicado acusando al gobierno de “no querer negociar”:
“El gobierno nacional no reconoce la gravedad y el alcance de la violencia estatal contra los manifestantes. No reconoce los casos denunciados por organizaciones de derechos humanos”. Se mantiene como programa del Comité Nacional 19 demandas al gobierno, entre las que se encuentran el cese de la brutalidad policial, la retirada del proyecto de reforma de salud que incluye privatizaciones, intensificar una campaña de vacunación masiva y un ingreso básico de al menos un salario mínimo legal mensual. La comunidad internacional en este momento no parece estar interesadas en señalar y detener la violencia del régimen de Duque.