Desde que el pasado 19 de septiembre entrase en erupción el volcán de La Palma, cientos de personas han visto sus casas completamente destruidas, sus cultivos devastados, y sus puestos de trabajo eliminados de un día para otro. Han debido abandonar sus hogares y buscar alternativas para alojar a sus familias, sean cuales sean sus recursos. Sin embargo, más de 2 meses después de su inicio, las ayudas a las personas afectadas siguen sin llegar de manera fluida, y siguen sin permitir una vida digna a tod@s aquell@s que han perdido su viviendas y sus modos de vida.
A pesar de que se han aprobado ayudas por parte del gobierno estatal y el de Canarias, estas no se están entregando de forma directa a l@s afectad@s, sino que se están gestionando a través de las instituciones, lo que ralentiza, e incluso paraliza, el reparto del dinero necesario para hacer frente a los hoteles, los alquileres extra y demás fórmulas de subsistencia de los habitantes de las zonas destrozadas por el volcán. Así pues, desde el gobierno central se han aprobado un paquete de ayudas de 10,5 (para viviendas y productos de primera necesidad) y 214 millones de euros (centrados en solventar las necesidades futuras de la zona); y desde el canario se han aprobado 40 millones de euros en ayudas a la compra de viviendas (10 millones), a ayudas a empresas (10 millones), a formación y empleo (6 millones) y a agricultura y cultivo (14 millones).
En estas cifras podemos ver la importancia que la empresa privada continúa teniendo en nuestra sociedad, incluso en momentos de catástrofe natural en la que cientos de personas han perdido sus hogares y trabajos, gran parte de las ayudas económicas siguen yendo dirigidas a salvar a las empresas, sin tener en cuenta los beneficios de las mismas, y sin buscar una alternativa inmediata a l@s trabajador@s que han perdido por completo sus ingresos.
Además de esta problemática sobre el reparto de los fondos, siguen llegando los testimonios de familias que no han encontrado una alternativa habitacional viable, y que se han visto abocadas a compartir casa con familiares o amig@s, llegando a situaciones de absoluta saturación, o a vivir en hoteles, con los gastos que de ello se derivan, y la inseguridad de no tener una solución a medio plazo. Pese a la previsión del gobierno canario de instalar 200 viviendas modulares y de adquirir unos 200 inmuebles para las personas afectadas, a día de hoy no se conoce la cifra real de familias y personas que se han quedado sin casa, lo que imposibilita la organización real y útil de las ayudas que, unido a la lentitud en la gestión de estas, está dejando a l@s afectad@s en una situación cada día más precaria.
Ante esta situación, podemos comprobar de nuevo la ineficacia de todas las medidas sociales, incluso de las más básicas, tomadas por parte de este y de cualquier gobierno dentro del sistema capitalista, incapaz de renunciar a sus propios beneficios para ejercer la solidaridad con los pueblos que se encuentran en situaciones vulnerables, tal y como ya ha quedado claro en otras catástrofes naturales (el terremoto de Lorca, las inundaciones en Murcia, por ejemplo).