¿Qué ha pasado en la Alpujarra para que en los colegios rurales de Bérchules y Torvizcón las familias se hayan puesto en huelga y hasta incluso se hayan sumado a la misma los docentes de los colegios de Bérchules y Pitres?

El detonante de esta situación ha sido la planificación de las unidades en estos centros educativos por parte de la Delegación Provincial de Educación de Granada. Cada centro han perdido dos unidades, con su profesorado correspondiente, lo cual ha obligado a agrupar un número mayor de alumnos y alumnas de más cursos diferentes en un aula, superando incluso la ratio (número de alumn@s por grupo) establecida por la legislación educativa. Al tratarse de centros con aulas agrupadas.

¿Piensas que es esa una política general que afecta a las zonas rurales? ¿Por qué?

Se habla ahora mucho de la España Vaciada, en un momento en el que esta problemática ya ha afectado de manera irreversible a muchos territorios. El vaciamiento de nuestros pueblos y zonas rurales afecta a la vida en todas sus facetas: la cultura, la sostenibilidad económica y ambiental, haciendo muy difícil reconstruir lo perdido en estas zonas. Es un proceso que comenzó hace ya más de medio siglo, zonas como la Alpujarra, el Valle de Lecrín, o la zona norte de la provincia de Granada están viendo desaparecer de manera acelerada servicios y cuestiones básicas que son esenciales para la población, tales como la sanidad, los servicios sociales, los servicios financieros, y por supuesto la educación.

En la lógica neoliberal todo se supedita a su rentabilidad económica a corto plazo, y servicios como la sanidad y la educación caen dentro bajo este rodillo destructivo. Nuestros políticos parecen haber llegado a la conclusión de que sale muy caro educar a un niño en una zona rural, sobre todo si éste tienen alguna necesidad específica de apoyo educativo, y seguramente perciben que el coste electoral de detraer estos derechos de la población es relativamente bajo. Una lógica muy mezquina que seguramente indigna a la población de estas zonas.

¿Y como afecta esa misma política a la educación en esas zonas?

Desde el sindicato USTEA llevamos varios años observando el deterioro de la escuela rural en la provincia de Granada. A medida que los pueblos pierden población la administración educativa ha ido eliminando unidades educativas y agrupando varios cursos en una sola aula. Existen unos límites para el número de alumnos/as en un aula que agrupa varios cursos. Cuando se alcanzan e incluso se superan (ilegalmente) estos límites y además tenemos alumnado de niveles educativos muy dispares (por ejemplo infantil y últimos cursos de educación primaria), la educación se resiente.

La situación llega a ser insostenible si además en estas aulas hay alumnado con necesidades especiales, cuya atención se ha visto también disminuida de manera drástica en cuanto a recursos de profesorado especialista. Si a ésto le unimos la particularidad de los colegios públicos rurales (CPR), donde tenemos varias sedes del mismo centro diseminadas en distintas poblaciones relativamente distantes entre sí, la situación se vuelve insoportable, pues el profesorado tiene que itinerar de un centro a otro.

Otra vuelta de tuerca ha sido las nuevas instrucciones de educación primaria para el curso 2019/20, que relegan la especialidad de primaria para incrementar las horas de religión, entre otras. Ésto hace inviable la labor tutorial, pues ahora las tutorías se asignan a profesorado especialista en materias como música o educación física, obligando a organizar la docencia en las aulas como un auténtico puzzle en el que un grupo puede llegar a tener hasta 6 docentes, y prácticamente no pasa tiempo con su tutor o tutora, algo que es fundamental para el desarrollo de un niño o niña.

¿Y qué pasa con los vectores educativos en zonas más urbanas?

En zonas urbanas la administración también abusa de la masificación de las aulas con el fin de ahorrar profesorado y evitar el desdoble de grupos. Se planifican de manera sistemática grupos con ratios ilegales por encima de las legalmente establecidas (25 alumno@s en educación infantil y primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato), algo que hemos denunciado desde USTEA. La política de recortes en recursos y la progresiva desaparición de la oferta educativa en centros públicos está produciendo la derivación de cada vez más alumnado de clases medias a centros privados-concertados, convirtiendo los centros públicos en ghettos educativos. En Granada capital tenemos centros con agrupamientos (como en un centro rural), donde la práctica totalidad del alumnado es de origen inmigrante. Esto es un bomba de relojería social.

¿Qué perspectivas de lucha valoráis para ganar?

Mientras un sector importante de la población funciona en la lógica individualista y resuelve su problema acudiendo a la oferta educativa privada-concertada, existen damnificados en este escenario, tanto en zonas urbanas como rurales. Actualmente las familias y las AMPAs han empezado a mostrar su descontento y negativa a seguir aceptando lo que consideran una negación de los derechos básicos de sus hijos e hijas.

Es lo que ha pasado en la Alpujarra, y nos ha sorprendido gratamente observar cómo se está generando un movimiento de familias y asociaciones que se están coordinando y apoyando entre sí para protestar por la situación y exigir soluciones. En algunos casos el profesorado ha empezado a apoyar, y esperamos que la lucha se extienda a más sectores y territorios, pues la problemática del deterioro de la escuela pública salpica a prácticamente todos los centros educativos. Desde USTEA estamos trabajando para ayudar a reconstruir redes para dar visibilidad a esta lucha y construir movilizaciones que puedan poner el dificultades a la administración educativa.