Desde la época en que el dictador Augusto Pinochet gobernaba, un gobierno en democracia no había decretado el máximo nivel de represión policial en Chile: el denominado “estado de excepción” que preside Francia, por ejemplo, desde los últimos años de Hollande. El presidente neoliberal Sebastián Piñera elevó el pulso este fin de semana y terminó de obtener este viernes el diploma que lo enclava en la historia del país trasandino como el heredero del mayor dictador que conoció su país.
Los carabineros chilenos ejecutaron en las últimas horas un nivel de represión que no se vivía desde hacía muchos años, con el clamoroso silencio de la expresidenta Bachelet, Alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. El motivo fue una masiva manifestación estudiantil contra los aumentos en el billete del transporte en el metro de Santiago de Chile, que comenzó el lunes 14 de octubre y que con los días fue creciendo como una bola de nieve, sumándose a las protestas organizaciones sindicales y vecin@s que respondieron con la costumbre argentina del “cacerolazo”.
“Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente. Comprendo que tienen buenas razones para hacerlo, pero nadie tiene derecho a actuar con la brutal violencia delictual de los que han destruido, incendiado o dañado más 78 estaciones del metro de Santiago” Éstas fueron las palabras y el tono duro con que el presidente Piñera comenzó su discurso el sábado, una alocución en la que anunció que concedería la principal demanda de las revueltas: el alza de la tarifa del billete de metro en la capital.
Pero la aparente victoria, como pronto se apresuraron a titular los medios internacionales a la noticia, se vio empañada y sobrepasada por esta medida excepcional y especialmente por el decreto de toque de queda por parte del jefe de la Marina de Valparaíso, que se suma al ya aprobado en las provincias de Santiago y Chacabuco, comunicado desde la noche del sábado 1 hasta las 7 de la mañana del domingo 20 de octubre, pero con posibilidad de extenderse. La medida fue respondida de inmediato con concentraciones espontáneas al grito de “Abajo el toque de queda ¡Piñera va a caer!”
El ministro de Interior se mostró incluso más desafiante e inscribió la situación en un marco de desorden público y vandalismo: “No podemos ni debemos ceder ni doblegarnos frente a los violentos. A ellos no les preocupa el precio de un producto, ni el pasaje de un tren, ni lo que puede ser el valor del transporte público. Sólo les importa causar violenta y daño”. Ese interés por los servicios públicos no se ha visto reflejado en las políticas ultraliberales del gobierno de Piñera desde que en 2010 asumió el primer mandato, que se dedicó a acelerar privatizaciones.
El peor estallido social desde el retorno de la democracia en Chile no cede tras una violenta madrugada del viernes con 3 muertes del mismo bando y más de 700 herid@s y con nuevos incidentes el domingo en el centro de Santiago y otras ciudades del país andino. Las masivas protestas en contra del aumento del precio del transporte se enmarcan en una sucesión de ataques a la clase trabajadora y a la juventud chilenas vía recortes e impuestos y a una rabia y descontento social larvados y demasiado tiempo contenidos.
La mecha social prendió cuando l@s estudiantes irrumpieron en las estaciones del metro a inicios de la semana pasada saltando para no pagar ese incremento, aumentado hace 2 semanas de 420 a 830 pesos (poco más de 1 euro). A modo de protesta, realizaron “evasiones masivas” levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar y denunciado precios que no están al alcance de la juventud. Se calcula que respecto al salario mínimo, el gasto de transporte ocupa el 20 %; en promedio nacional el 10 %, y para un pensionista chileno llega al 30 % de los ingresos.
El jueves, cuando el malestar no hacía más que aumentar, el presidente se comparó con Ulises por su estrategia para no escuchar los cantos de sirena: “Él se ató al mástil de un barco y se puso trozos de cera en las orejas para evitar caer en la trampa. La sirena llama. Estamos dispuestos a hacer todo por no caer en el populismo, en la demagogia”. Antes, el ministro de Trabajo había sugerido entrar al trabajo a las 7.30h para llegar más rápido. Con los primeros casos de “evasión masiva”, Piñera calificaba a Chile como “un verdadero oasis en medio de esta América Latina convulsionada”.
La policía se empleo a fondo y ya el viernes había respondido con cargos y gases lacrimógenos, precediendo a la declaración de estado de emergencia en Santiago de Chile, otorgando poderes extraordinarios a la policía y el ejército y nombrando al general Javier Iturriaga responsable de las operaciones. Toda la red del metro de Santiago amaneció militarizada. La cara más visible de la represión pinochetista enclavada como postal nada menos que en el medio de transporte más usado de la ciudad.
Fue la gota que colmó el vaso pues la militarización de las calles y la presencia de “milicos” en espacios públicos fue echar más gasolina a la hoguera social: las manifestaciones comenzaron nuevamente el sábado y en otras ciudades de Chile contra el aumento del costo de la vida, con más de 300 arrestos. La sensación de vivir bajo estado de sitio se apoderó de buena parte de las principales ciudades del país. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile denunció este domingo que varias de las personas detenidas durante los enfrentamientos que se dieron en varias localidades del país habían sufrido malos tratos, torturas y vejaciones sexuales.
La Confederación de Estudiantes de Chile convocó a una paralización total en todo el país para el lunes 21 de octubre en respaldo a “los actos de desobediencia”. Por su parte, l@s trabajador@s portuarios también llamaron a una huelga general en rechazo al tarifazo en el metro y por otras demandas populares. Cuando los rescoldos de la revuelta ecuatoriana apenas han empezado a apagarse, Chile ha vivido una semana decisiva de manifestaciones que Piñera ha intentado sofocar retirando la medida pero a la vez azuzando con represión.
El descontento de las clases populares chilenas ha emergido con las “evasiones masivas” estudiantiles pero no hace otra cosa que recoger una ira de clase a presión: el sistema de pensiones chileno, cabeza del agresivo modelo privatizador que se está implementando en Europa, el coste de la salud, el deficiente sistema público de educación y los bajos salarios en relación con el coste de la vida confrontarán con un estado armado durante los próximos 15 días que durará este inédito estado de emergencia.