Ya tenemos gobierno de coalición entre PSOE y UP. Ello ha causado un gran revuelo y ha polarizado los debates en el Congreso así como en los medios de comunicación, pero ante esta situación cabe hacerse diferentes preguntas: ¿Es esta polarización fruto de una política económica y social radical que va a poner contra las cuerdas a los ricos para recuperar todo lo perdido en la crisis? ¿Es solo ruido mediático fruto de la incapacidad de las instituciones del estado a borrar el sentimiento independentista catalán? ¿Cómo se consigue llevar a cabo un programa de urgencia social que responda a las necesidades de la clase trabajadora gobierne quien gobierne?
Un acuerdo difuso e insuficiente a pesar de los avances…
El acuerdo programático alcanzado por PSOE y Unidas Podemos contiene medidas que, de aplicarse, serán sin duda positivas para la clase trabajadora teniendo en cuenta el contexto actual: subida del SMI al 60% del salario medio, limitación de la subcontratación, freno de las subidas abusivas del alquiler de viviendas, derogación de la LOMCE, eliminación progresiva de los copagos sanitarios, eliminación de la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial, recuperación de la ultractividad, justificación mayor de los contratos temporales para evitar su abuso, ley de eutanasia, cambios en el Código Penal para que los violadores sean considerados a todos los efectos como tales… Sin embargo, afirmar esto no es contradictorio con decir que esas medidas son insuficientes.
Ni tan siquiera nos permitirán recuperar nuestros derechos y condiciones de vida previas al inicio de la crisis capitalista pues deja en el tintero cuestiones esenciales que señalan a los culpables de la crisis y a los que llevan años enriqueciéndose a nuestra costa. ¿Qué pasa con el pensionazo, con el dinero del rescate bancario, con el pago de la deuda, con el artículo 135, con el equilibrio presupuestario impuesto por la UE, etc?
En materia laboral se habla de eliminar la última reforma laboral, ya la nueva ministra de Trabajo ha declarado la intención de hacerlo en 2 fases: la primera de ellas quitando los aspectos más lesivos y una segunda reformando aspectos “no adaptados a la situación actual” para culminar con la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el acuerdo no dice nada de la reforma laboral de Zapatero que abarató en 2010 el despido improcedente, generalizando la indemnización de 33 días por año trabajado en vez de los 45 días anteriores, entre otras muchas cuestiones.
En materia de vivienda, la PAH ya ha señalado en su comunicado las carencias y limitaciones del acuerdo: “Nos encontramos ante un listado de buenas intenciones, que no contempla ninguna medida concreta y corremos el riesgo de que se conviertan en un nuevo brindis al sol”. Por ejemplo, el acuerdo plantea: “Impulsaremos la política de Vivienda con un incremento en la dotación de recursos. Se propone ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda”, sin dar ningún dato concreto, al igual que cuando habla del control de los alquileres lo deja en mano de la buena voluntad de cada ayuntamiento.
En materia de educación, la intención es recuperar en los futuros presupuestos el 5% del PIB, igualando así la tasa de 2009 (la más alta de los últimos tiempos), lo cual, siendo positivo, olvida las grandes demandas de las mareas verdes y el movimiento estudiantil que reclaman en materia presupuestaria un 7%, pero sobretodo señalan la financiación de la concertada, el recorte de líneas, la subida de tasas o el límite que marca propio artículo constitucional 135 (aprobado por PP y PSOE en 2011) que prioriza el pago de la deuda a cualquier gasto social.
Por otro lado, la política en materia de pensiones parece seguir la misma senda de no atender a las demandas del movimiento pensionista movilizado: la actualización de las mismas con la subida ya anunciada del 0’9% (que supone para la mayoría de l@s pensionistas un aumento de entre 1,35 y 6,75 euros al mes) pero que no mencionar recuperar los derechos arrebatados con la reforma del pensionazo de Zapatero, que aumentó, entre otras cosas, la edad de jubilación a los 67 años.
Un gobierno que no se enfrentará a los que se han beneficiado de la crisis
El contenido del acuerdo PSOE-UP, las primeras declaraciones e incluso la composición del consejo de ministros y ministras (con la ortodoxia presupuestaria y económica como bandera) nos hacen pensar que hay que desconfiar del alcance en materia social de este gobierno. Si bien es cierto que se impulsarán medidas positivas, éstas podrían tener muy corto alcance al no tener ninguna intención de redistribuir la riqueza de banqueros enriquecidos con el rescate bancario, empresarios que han explotado durante muchos años gracias a las reformas laborales, terratenientes y demás rémoras que viven a costa de nuestro trabajo. A esto debemos añadir las declaraciones de “seriedad” y “disciplina fiscal” hacia la Comisión Europea en cumplimiento del déficit y pago de la deuda.
Pero también hay que señalar el poco o nulo rechazo de la derecha parlamentaria a estas medidas, siendo la cuestión nacional, la monarquía y la política de alianzas para la investidura la única bandera de la oposición y los únicos elementos de supuesta discordia para crispar el ambiente. Seguramente esto tenga que ver con que durante muchos años PP y PSOE no han tenido ningún problema en llevar a cabo medidas similares en materia económica.
Tampoco significa que dicho gobierno vaya, ni mucho menos, reconocer el derecho a decidir de los pueblos del Estado Español y en concreto el de Catalunya. Sobre esta cuestión también han sido claros. El diálogo estará enmarcado en el marco de la actual Constitución Española. La única diferencia, por lo tanto, hablar de diálogo y de supuesto abandono de la judicialización de la cuestión catalana.
Movilizarse para imponer nuestras reivindicaciones y defender la perspectiva de otra sociedad
Es por todo esto que desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR apostamos por la movilización sostenida gobierne quien gobierne. Nuestras conquistas sociales nunca vinieron de la mano de unas elecciones sino de las huelgas, de las manifestaciones y de la autoorganización de nuestro campo social. Esto es lo que siempre ha permitido levantar una alternativa de sociedad al capitalismo en la que los y las que producimos las riquezas seamos los y las que decidamos sobre todo pensando en las necesidades sociales de la inmensa mayoría y no en los beneficios y privilegios de una minoría.
Por lo tanto, quienes pensamos así debemos reagruparnos, señalar a los culpables de la crisis pasada y de la que está por venir y no dejar que el discurso de la política del mal menor y de la gestión “humana” del sistema capitalista sea el único horizonte. Eso en la práctica significa a medio plazo ofrecer una alternativa de movilización con un discurso que se enfrente a los intereses de los ricos o una justificación de las futuras políticas antisociales que puedan venir generando desmovilización, resignación y un espacio político aún más grande a la extrema derecha.
Para evitar eso hay que llevar a cabo una política de frente social que permita hacer converger a tod@s l@s que se movilizan gobierne quien gobierne. Una primera cita la tenemos el próximo 30 de enero, con la huelga general convocada en Euskal Herria para luchar por una pensiones dignas. Hay que organizar movilizaciones desde el resto del estado para presionar conjuntamente y exigir las mismas reivindicaciones. Esa es la mejor garantía de volver a conquistar derechos y de ir arrancando nuevos.
¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!
¡La lucha sigue, gobierne quien gobierne!