En las elecciones andaluzas del 25 de marzo de 2012, el Partido Popular de Javier Arenas ganó las elecciones a sólo 5 escaños de la mayoría absoluta. Era la primera vez que el PSOE-A no ganaba en Andalucía, perdiendo hasta 650 000 votos con respecto a 2008. El PP, aunque se hiciera con la victoria, también perdía votos (- 160 000) mientras que IU subía (+ 120 000 votos). Todo eso con una participación que caía 12 puntos pasando del 72,67% de participación en 2008 al 60,78% en 2012.
El PP ganaba por tanto las elecciones pero sin tener la mayoría absoluta para poder gobernar y con la posibilidad de que PSOE e IU conformaran un gobierno de coalición. Rápidamente esa cuestión ocupó los debates internos de IU organizando asambleas “IU por la base” pero sin que éstas condujesen a nada. La dirección de IU tenía una posición muy clara de entrar a gobernar junto con el PSOE con el doble argumento de, en primer lugar, evitar que la derecha gobernase y, por otro, de aplicar supuestas reformas sociales.
Sin embargo, lo que parecía olvidar (o no) la dirección de IU es con quién estaban a punto de entrar a gobernar. Sin embargo, el balance de las políticas del PSOE no dejaba lugar a dudas. Más de 30 años gobernando y una situación nada halagüeña: un 35% de la población por debajo del umbral de la pobreza, un 36% de paro (27% en ese momento en el Estado Español), un 65% de paro juvenil, un desmantelamiento de la ya débil industria (astilleros), una propiedad agraria profundamente desigual (+ del 50% de las tierras cultivables en manos de los grandes terratenientes), 400 000 obreros agrícolas sin trabajar gran parte del año con subsidios miserables, sin contar con los escándalos de corrupción como el de los ERE’s.
Balance de la política del gobierno PSOE-IU en Andalucía y sus consecuencias para los intereses de la clase trabajadora y de la juventud
El anuncio realizado por dicho gobierno después de tomar posesión fue el de erigirse como el nuevo “gobierno muralla” que se opondría a las políticas antisociales y de recortes del gobierno estatal del PP. Sin embargo, la realidad fue muy diferente y sus consecuencias directas también. Al final, acabarían aplicando políticas de recortes similares sin enfrentarse a las políticas de la UE. IU por boca de su coordinador andaluz y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, se limitaría en justificar dichos recortes asegurando que los llevaban a cabo “por imperativo legal”.
Así pues el presupuesto de 2013 contaba con una disminución del 10,62% en sanidad y del 18% en educación con respecto a los anteriores. Esos datos suponían en la práctica el despido, en los 15 primeros meses, de 7000 profesionales de la sanidad causando una subida de horas de trabajo del personal sanitario andaluz y un brutal descenso de las sustituciones y de 4502 docentes interinos/as así como el aumento de las tasas universitarias y del precio de los másters (+ 144%). En contrapartida, el “gobierno muralla” aumentaba los gastos destinados al pago de la deuda ilegítima (+ de 3 500 millones de euros, lo que suponía un aumento de + del 60% con respecto a 2012).
Esa política llevada a cabo por IU y apoyada en realidad por las direcciones sindicales de las centrales mayoritarias (y no sólo), ofreció como única perspectiva para nuestra clase la del mal menor. Como si no existiese otra alternativa que la de tratar de gestionar el sistema capitalista recortando “amablemente” y responsabilizando al gobierno estatal y a la UE. Ese “posibilismo” conlleva en la práctica una política de desmovilización y de resignación para la clase trabajadora y la juventud.
Sin embargo, en esos años se dieron resistencias contra las políticas de la Junta de Andalucía en materia de educación (interin@s y monitor@s), dependencia, vivienda, bomberos forestales, sanidad… Frente a esas movilizaciones, IU tuvo una política totalmente esquizofrénica ya que mucha de su militancia se movilizaba contra unas políticas de las que su dirección era coresponsable. Premiaba la defensa de las instituciones frente a la construcción de una correlación de fuerza en disposición de imponer un programa de urgencia social.
Para mitigar eso, trataron de lanzar medidas como la del decreto de la vivienda, que trataba de responder a la problemática de los desahucios, eso sí, con claras limitaciones al autorizar sólo la “expropiación” del uso social de la vivienda de bancos, filiales inmobiliarias por una duración máxima de 3 años y además con compensación económica. Sin embargo, las propias instituciones no le dejaron nunca margen de maniobra. Dicho decreto nunca se llevó a la práctica. El gobierno central interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional y éste lo paralizó. Más adelante las propias competencias en materia de vivienda serían fruto de presiones permanente por parte del PSOE amenazando con retirárselas tal y como ocurrió con el conflicto de la Corrala de Sevilla.
¿Qué alternativa a esa política de cogobiernos con el PSOE?
Las experiencias pasadas más recientes de Andalucía en 2012 pero también de Catalunya durante el tripartito (ERC, PSC, Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV-EUiA) en 2003 demuestran a las claras que las políticas llevadas a cabo por estos gobiernos van en contra de los intereses de nuestra clase. No sólo por tratar de desmovilizar en la práctica a los que sufren sus políticas sino también por ordenar su represión. Recordemos en ese sentido el caso del conseller de Interior, Joan Saura, miembro de ICV, mandando a los Mossos a dar palos a los estudiantes que se movilizaban en 2009 en contra de la privatización de la universidad y del Proceso de Bolonia.
Fuera del estado español también contamos con ejemplos de gobiernos de este tipo que acaban aplicando políticas de derechas. El gobierno de la izquierda plural en Francia del socialista Jospin (1997-2002), con participación del Partido Comunista Francés y de los Verdes, llevó a cabo una política de recortes y privatizaciones que nada tenía que envidiar a la derecha. El propio ministro comunista de equipamiento, transportes y vivienda, Jean Claude Gayssot, privatizó más que su homólogo del gobierno anterior.
Al final de la legislatura, el balance antisocial de la política llevada a cabo por dicho gobierno dejaría al PSF sin candidato a la segunda vuelta de las presidenciales de 2002 (apenas 16%), con los peores resultados del PCF hasta entonces (3,37%) y con una extrema derecha representada por Jean Marie Le Pen a la segunda vuelta por delante del PSF.
Las instituciones no pueden ser un fin en sí. Éstas son útiles si nos permiten acumular fuerzas para nuestro bando social potenciando las movilizaciones y las huelgas. En el caso contrario, no sirven a los intereses de los que sufrimos las consecuencias de la crisis capitalista. Llegar a las instituciones no significa en ningún caso tomar el poder. El poder es económico y el estado defiende los intereses de los más ricos.
Un gobierno de y para l@s trabajador@s y la juventud sólo es posible si existe una correlación de fuerzas por abajo que permita imponer un programa de urgencia social que beneficie a los y las trabajadoras. Para eso no hay atajos posibles. Hay que partir y reforzar las luchas y huelgas existentes para reconstruir una conciencia de clase que nos permita, de manera más amplia, defender una alternativa al sistema capitalista.
La tarea de las organizaciones anticapitalistas y revolucionarias debería de ir en ese sentido. Para eso es necesario desarrollar una política consciente que permita reagrupar a l@s que hoy se movilizan con el fin de aumentar la correlación de fuerzas y arrancar victorias que den confianza. Pensar que el “asalto” a las instituciones va a permitir cambiar nuestras vidas es no entender que nos enfrentamos a un poder económico y a un estado que defiende sus intereses de clase por todos los medios. Para cambiar nuestras vidas no se puede esquivar la cuestión de la correlación de fuerzas en la calle. Esa debería ser nuestra tarea inmediata, en lugar de haber estado a la espera de qué hacen Sánchez e Iglesias.