El monumento más emblemático de Granada, gestionado en su mayor parte por la Junta de Andalucía a través del Patronato de la Alhambra, lleva años apostando por la precariedad laboral de sus trabajadorxs a través de la externalización sistemática de los puestos de trabajo a través de subcontratas, que en un principio venían siendo cubiertos por personal laboral, y que ha provocado un desmantelamiento en lo que a derechos laborales se refiere.
La reducción de plantilla de carácter indefinido es una evidencia mientras la inestabilidad propia de la contratación de carácter temporal y fraudulenta aumenta. El ejemplo del desmantelamiento al que hacemos referencia se observa en un documento que publica el propio Patronato a través del Portal de Transparencia, donde aparece una interminable lista de empresas que tienen algún tipo de contrato con la Alhambra, abarcando funciones básicas como mantenimiento y limpieza, seguridad, restauración, administración o seguridad, lo que da muestra una vez más de la fatídica gestión de lo público, al servicio de la privatización de manos de aquellxs que precisamente deberían de apostar por lo contrario.
La situación de opacidad total de elementos básicos como contratación de personal a través de las subcontratas, aplicación de Convenio y respeto a Derechos de carácter laboral y sindical que provoca el fomento de la gestión privada en este ámbito, favorece por tanto la precarización sistemática, y que por otro lado en la práctica lo único que supone es el sobrecoste de los propios servicios, con un balance positivo únicamente para la Patronal, que con la inestimable ayuda de la Junta de Andalucía, ha convertido el Patrimonio Histórico de Granada en un “Cortijo” más donde instaurar el enorme fraude que supone la privatización progresiva de servicios públicos.