Con la noticia del incremento del 0.25 % en la pensiones y la alarma del agotamiento del fondo de pensiones parece necesario volver a hablar del incremento de la pobreza que conlleva, y volver a analizar con esta actualmente el sistema de pensiones que se pretende renegociar en un nuevo pacto de Toledo, de lo cual no hay ninguna noticia.
El ajuste en las pensiones iniciado en 2013 continúa su curso año a año y el próximo 2017 dará una nueva vuelta de tuerca. Desde el próximo 1 de enero, la edad ordinaria de jubilación aumentará un mes y pasará a ser de 65 años y 5 meses. Se trata de una edad de referencia, la que marca la plena aplicación de todos los derechos, porque la realidad es que el sistema tiene otras posibilidades de retiro, con diversas penalizaciones o ventajas. Los nuevos requisitos para jubilarse se aplican en un momento de máxima actualidad, con un debate abierto en la sociedad y en el Congreso de los Diputados sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas que aseguren el pago de las prestaciones a corto y medio plazo, ya que con la normativa actual solo está garantizado hasta 2017.
Otra de las novedades es que el periodo mínimo de cotización para poder seguir jubilándose a los 65 años con todos los derechos es de 36 años y 3 meses, tres meses más que en 2016. Y en ambos casos, se computarán los últimos 20 años, uno más que en 2016, para calcular la pensión.
Pero este endurecimiento de las condiciones no garantiza ( como se dijo) la viabilidad de un sistema que generará este año un déficit de unos 18.000 millones de euros, y que para 2017 será similar. El recurso continuado en los últimos años al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que previsiblemente se agotará el año que viene, ha sembrado la inquietud en los pensionistas
Asimismo dado que también se anulo la garantía de actualización de las prestaciones con el IPC. Así, este año las pensiones perderán poder adquisitivo, al haber subido el 0,25%, revalorización que se repetirá en 2017., mientras que el coste de la vida se incrementara en un 3% como mínimo con el incremento de la inflación ( entre 2016 y 2017). Los pensionistas serán mas pobres aun.
Pero existen mayores desazones, hay aún otro elemento de contención del gasto en pensiones que se aplicará el 1 de enero de 2019 -el ‘factor de sostenibilidad’-, y cada cinco años a partir de esa fecha, que tendrá en cuenta el aumento de la esperanza de vida de los nuevos jubilados. Sus pensiones descontarán en el momento de concederse el equivalente al crecimiento de la expectativa de vida de los últimos cinco ejercicios.
A partir del año 2019, la edad de jubilación crecerá a doble ritmo del actual, ya que cada año que transcurra sumará dos meses, hasta alcanzar en 2027 los 67 años. Cuando llegue esa fecha, es probable que se abra un nuevo debate sobre la necesidad de alargar esa edad, dado que ya en estos momentos hay defensores de elevarla a 70 años. Desde que se comenzó a aplicar la reforma en 2013, ya se ha retrasado cuatro meses, el problema es que no se tiene en cuenta el oficio o trabajo que se desempaña, no es lo mismo trabajar en una oficina sentado y con calefacción o aire acondicionado que en una obra la aire libre, o con un determinado esfuerzo físico o psicológico. Esta claro que cada trabajo tiene un determinado nivel de exigencia física o mental que tendría que adecuarse a la edad de jubilación ( naturalmente en estos momentos de precariedad laboral y baja calificación en el trabajo para una mayoría social, estas consideraciones suenen a utópicas).
La reforma que entró en vigor en 2013 esta también incidiendo en el periodo de aportación al sistema para que se pueda seguir retirándose a los 65 años. En 2017 necesitarán 36 años y tres meses, y al final del periodo de implantación de la reforma, en 2027, 38 años y seis meses. Esos dilatados periodos de cotización aportan también ventajas a la hora de jubilarse anticipadamente, con una menor penalización por trimestre de adelanto, entre otras cosas, pero todo esto parte de base que alguien pague esos citados 38 años, cosa que al actual nivel de precariedad y de condiciones de trabajo, aparece como casi imposible.
Otra de las medidas de ajuste del gasto en pensiones, esta vez de incidencia directa en la cuantía de cada prestación, es la ampliación del periodo de cómputo para calcularla. Cuando comenzó a aplicarse la reforma se tomaban las cotizaciones de los últimos 15 años, y en 2017 serán 20 años, para llegar a los 25 en 2022. Es posible que tampoco acabe ahí esta restricción, ya que han comenzado a escucharse voces que abogan porque se compute toda la vida laboral para calcular la prestación. Más años tenidos en cuenta quiere decir, en general, cuantía más baja,
También la edad a la que se puede acceder a la jubilación anticipada sufrirá cambios, dado que la más temprana para hacerlo de forma voluntaria es dos antes de la ordinaria, es decir 63 años y 5 meses en el mejor de los casos en 2017. No obstante, si el acceso a la pensión es por causa de despido, la edad puede ser inferior en cuatro años a la ordinaria vigente en ese momento, si se han cotizado 33 años. Además, existen otras posibilidades para determinadas ocupaciones o casos de invalidez.
En las últimas reformas de las pensiones se han habilitado fórmulas para incentivar la permanencia en el mercado laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. La ventaja es que se puede cobrar la mitad de la pensión y seguir trabajando y cotizando de manera reducida. Es una fórmula que ha tenido cierto éxito entre los autónomos, que pueden preservar así sus ingresos y percibir la mitad de una pensión, en el 90% de los casos muy reducida. Es la denominada ‘jubilación activa’, que el Gobierno quiere incluso hacer compatible con la percepción de la pensión completa.
Si se tiene en cuenta que el objetivo buscado era frenar el gasto en pensiones, puede decirse que sin duda la reforma está cumpliendo con su cometido. Baste para ello poner dos ejemplos: la pensión media ha pasado de crecer en torno a un 5% hasta 2008 al 1,9% de la actualidad, ajuste que se ha apoyado también en las débiles subidas de las prestaciones como consecuencia de la crisis; y además, donde mejor pueden verse los efectos es en las nuevas prestaciones de jubilación. Así, en los once primeros meses de 2015 estas prestaciones alcanzaron una media de 1.343 euros al mes, una cifra que un año después es de 1.332. Es la primera vez en la historia que en el sistema de pensiones se da un fenómeno a la baja de este tipo, que va a continuar durante décadas.
Resumiendo se va ha cobrar menos, harán falta muchas mas requisitos para poder cobrar y unido al endurecimiento de la condiciones de contratación y la facilidad en el despido, eres, regulaciones de empleo etc, así como la tibia postura de un movimiento sindical débil, y muy atomizado, que pueda y quiera oponerse a las intenciones del Capital nos va llevar a un incremento de pobreza como no hemos visto en los últimos 30 años.
Ante este panorama y el previsible incremento de la lucha de clases solo vale levantar una consigna de lucha una Huelga General frente a todos estos intentos de la Burguesía en incrementar su tasa de ganancia a costa de los trabajadores.