La primera ministra Borne puso el martes 10 de enero las últimas palabras en la canción de gobierno y patronal que ya nos sabemos de memoria desde hace meses sobre el futuro de nuestras pensiones. La edad legal de jubilación se retrasaría a los 64 años y la ampliación de la duración de la cotización a los 43 años llegaría a partir de 2027. En definitiva, una alternativa: morir en el trabajo o en la miseria. Solo queda saber si necesitará el gobierno recurrir al 49,3.
No, los fondos de pensiones no son deficitarios. Tuvieron un superávit de 2.600 millones de euros en 2021 y de 3.700 millones de euros en 2022. No, nada garantiza que lo vayan a tener en 2032, porque nuestras luchas colectivas podrían revertir la tendencia de la política de Estado que tanto ahorra en el conjunto de los sueldos de los funcionarios territoriales y sanitarios. Y no, ni siquiera un déficit anunciado para 2032 de 17.000 millones sería “abismal” porque solo representaría el 5% de un presupuesto global de 330.000 millones para los fondos de pensiones. ¡Al aumentar los salarios en un 5%, se llenaría automáticamente!
¿Por qué tantas mentiras y obstinación desde hace décadas?
Elevar la edad legal de jubilación significa aumentar el “paro de la tercera edad”, que cada vez tendrán menos derechos, serán pobres y recibirán una pensión reducida, si es que las dificultades de su vida no los han matado antes. Aumentar el número de anualidades necesarias para una pensión completa significa reducir la pensión de quienes, sin embargo, se van a la edad legal. Esto tiene como objetivo disminuir el gasto de los fondos de pensiones, al tiempo que permite que los fondos de pensiones privados drenen los ahorros de aquellos con salarios suficientes para ahorrar.
Es en definitiva una forma de reducir la participación de la clase trabajadora en el ingreso nacional, aumentando mecánicamente la de la burguesía en la misma cantidad. Y cuando es Éric Ciotti, el líder de Les Républicains (derecha), quien anuncia que quiere ayudar a “atenuar la brutalidad de la reforma”, ¡hay motivos para preocuparse!
¡El miedo puede cambiar de bando!
La “reforma” iba a ser anunciada a mediados de diciembre, ya mucho más tarde de lo esperado: los paros en las refinerías de septiembre trastocaron el calendario gubernamental. Luego otro aplazamiento a este martes, para una presentación del proyecto de ley al consejo de ministros el 23 de enero, para que Borne pueda contar con el apoyo de la derecha y evitar el 49.3. Tantos aplazamientos son sintomáticos de la fiebre del gobierno, que sabe que no sólo su proyecto de ley es muy impopular, sino que actualmente no cuenta con el apoyo de ninguna organización sindical… y ese descontento social contra la carestía de la vida y los salarios de hambre es tal que todo podría arder. Según una encuesta de Ifop del 4 de enero, ¡el 52% de los encuestados quiere que Francia experimente una explosión social en los próximos meses!
Así que soplemos las brasas en todas partes, en nuestros centros de trabajo y estudio, discutamos la necesidad de un movimiento unido, un plan de batalla para vencer, sin que ninguna de nuestras fuerzas se disperse por la lógica de regateo de las direcciones sindicales. Participemos en todas las iniciativas de movilización que se llevarán a cabo, en particular la huelga interprofesional del 19 de enero convocada por todos los sindicatos y la manifestación del 21 de enero en París de las organizaciones juveniles.
Unámonos en asambleas generales, a quienes están en huelga por mejores salarios o empleos. Salarios, pensiones, condiciones de trabajo, tiene que estallar, ¡esto no puede durar más!