Hay que acabar con un sistema que genera miseria para la mayoría y privilegios para los de arriba
En los últimos meses y, sobre todo, desde el comienzo del gobierno del PSOE encabezado por Pedro Sánchez, nos hemos ido encontrando con titulares casi diarios correspondientes a casos de evasión de impuestos, másteres obtenidos sin asistir a clase, con falsos TFM’s y con subidas de notas inexplicables facilitadas por Universidades que regalan títulos a los futuros gobernantes o grabaciones de conversaciones sobre los desmadres dentro del sistema judicial.
Sin embargo, esto no es una novedad en el Estado Español. No es una novedad que empresarios, banqueros y políticos de todos los partidos políticos profesionales se aprovechen de sus posiciones de poder para sacar el máximo beneficio, para exprimir hasta la última gota de ganancia dentro de este sistema que, a la vez, explota al conjunto de la clase trabajadora y de la juventud con salarios, condiciones de trabajo y de vida que impiden una existencia digna a la mayoría de l@s de abajo.
Tampoco es una novedad que las leyes se modifiquen al antojo de los que más tienen, como conocimos con el caso de Esperanza Aguirre en 2015, que no pagaba el IBI de su palacete en el centro histórico de Madrid por una ley que eximía a los inmuebles incluidos en esa zona de la capital; edificios, por otro lado, muy alejados de la realidad material de los y las trabajadoras del estado y que están en manos de las élites económicas de la ciudad. Algo similar ha ocurrido con Francisco Granados, que se llevaba el dinero a Suiza. También con Máxim Huerta y Pedro Duque que, amparados por la legislación, han evadido impuestos a través de distintas sociedades, perjudicando al conjunto de l@s trabajador@s que sí los pagan y demostrando que las leyes están hechas para los que más tienen.
¿Por qué salen a la luz estos casos?
Todos estos casos están saliendo a la luz para tratar de dañarse gobierno y oposición. Ya apenas se habla de políticas y de medidas. En lo importante siguen estando de acuerdo: reformas laborales, pensionazo, recortes, salvar a los bancos con dinero público, pagar la deuda, LOMCE, negación de los derechos democráticos de los pueblos sin estado, etc. No es de extrañar que toda esta política antisocial haya sido precisamente fruto de los gobiernos de Zapatero (PSOE) y de Rajoy (PP). Claro que tienen matices ya que representan electorados diferentes pero en lo grueso defienden unos mismos intereses. De ahí que cuando estalla otro escándalo como el de Corinna y el rey emérito Juan Carlos de Borbón, todos se nieguen,PSOE, PP y Cs a que se cree una comisión de investigación en el Congreso y pasan rápidamente a otra cosa.
Ninguna confianza por tanto en esos políticos profesionales que sólo saben aplicar políticas antisociales que benefician a una mayoría y que se alían siempre para defender de cualquier escándalo mayor a estas instituciones. Sin embargo, lo que sale de las grabaciones a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no es tanto que ésta tenga comentarios homófobos como que los pilares de las instituciones de este sistema están completamente podridos: jueces, fiscales y comisarios hablando sin pudores sobre la apertura de puticlubs y de su “éxito asegurado”, sobre viajes de despilfarro en los que jueces y fiscales del Tribunal Supremo fueron vistos con menores.
Durante años nos han acomplejado haciéndonos pensar que no estamos preparados para dirigir esta sociedad, que no sabemos qué necesitamos y que gobernar es cosa de élites y de gente preparadas. Hay que romper con eso y acabar con estos Gobiernos y estas instituciones que además de llevar a cabo políticas de austeridad usan sus influencias para vivir una vida a todo trapo.
Mientras tanto miseria, paro y precariedad para la mayoría
Mientras tanto se encarcela a polític@s por defender la soberanía de un pueblo, a raperos por cantar contra una monarquía podrida o se procesa a actores y activistas por “cagarse en Dios” mientras que miles de estudiantes de todo el estado se quedan fuera de las universidades públicas por falta de medios, mientras que un 14% de la población no tiene ningún ingreso y el 22% cobra menos de 900 euros. En total, más de la mitad de la población del Estado Español cobra de 0 a 1200 euros. Esto demuestra, una vez más, que existe una justicia, una educación y una sociedad a dos velocidades, en definitiva un sistema de clase que beneficia a la minoría.
Este sistema injusto es con el que hay que acabar. Para eso, no hay atajos posibles. Ante estos ataques, pues no son más que ataques a nuestra dignidad y a nuestras vidas, la única salida que queda es la organización y la movilización de la clase trabajadora y de la juventud. La lucha del estudiantado en la Universidad Rey Juan Carlos, de l@s pensionistas, de las mujeres, de l@s trabajadores de Ryanair, de Amazon, del Metro de Granada, de las Kellys nos muestran el camino a seguir.
Lo único que queda es enfrentarnos a este sistema injusto que nos sigue robando, que se sigue aprovechando de nuestro trabajo, nuestros cuerpos y nuestras vidas, para construir un mundo en el que los que hoy más tienen no puedan seguir aprovechando su poder.