Decreto de escolarización: una vuelta de tuerca más para fomentar y favorecer a la privada- concertada
El gobierno andaluz del PP-Cs apoyado por la extrema derecha de Vox ha sacado un nuevo decreto de escolarización que busca favorecer y fomentar, aún más, a la educación privada-concertada. ¿Cómo? Pues asegurando que todas las familias puedan escoger como primera opción tanto un centro público como uno privado concertado. Eso no es nuevo, ya en 2007, el gobierno del PSOE, que ahora se acuerda de movilizarse, aprobó un decreto que iba en el mismo sentido. El cambio, sin embargo, reside en que este gobierno PP-Cs sí va a ponerlo en la práctica ensanchando las zonas geográficas de escolarización para que todas las familias residan en el barrio o localidad que sea puedan escoger teniendo la máxima puntuación un centro privado concertado.
El objetivo, conseguir a medio plazo un trasvase del alumnado de la pública a la privada concertada. El argumento utilizado por la consejería de educación encabezada por Javier Imbroda (C’s): la “libertad de elección” y la “demanda social”. Si hay familias que quieren poder acceder a centros privados concertados, ¿quién es la administración para impedirlo? Ese discurso que a simple vista le puede parecer a mucha gente de sentido común es sin embargo muy peligroso a la vez que perverso.
Peligroso porque la “libertad de elección”para acceder a centros privados conlleva en la práctica un deterioro de la pública cada vez mayor y perverso ya que “la libertad de elección” va sujeta a la renta de cada familia. A mayores medios socioeconómicos mayor libertad para acceder a un centro cuyo alumnado proviene de familias favorecidas y a peores condiciones socioeconómicas, mayor la libertad para caer en un centro con alumnado proveniente de familias desfavorecidas.
La educación al igual que otros servicios públicos como la sanidad no debería, en ningún caso, basarse en una doble red en la que convivan centros públicos y centros privados ya que conlleva la segregación del alumnado en función de la renta familiar. En realidad detrás del concepto de “libertad de elección” lo que se esconde es cada vez más el fomento de las desigualdades entre centros de primera y de segunda categoría cuando lo que debería prevalecer es asegurar los mismos buenos medios y las mismas buenas condiciones para el alumnado venga éste de uno u otro barrio, de una capital o de un pueblo de la zona rural. El gobierno andaluz, lejos de dirigirse en esa dirección prevé incluso sistematizar el concierto del bachillerato.
La educación privada concertada daña a la pública: por una educación 100% pública en la que no exista privada concertada
Donde se ha llevado a cabo lo que plantea el decreto de escolarización, la segregación del alumnado por cuestiones socioeconómica se ha disparado. En Madrid por ejemplo, dónde la teoría de “la libertad de elección” y de “la demanda social” se ha llevado hasta las últimas consecuencias organizando la escolarización en distrito único, los datos son muy claros. Madrid es la ciudad europea con mayor segregación después de Hungría. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque allí cada familia puede elegir dónde matricula a sus hij@s, independientemente de dónde viva o trabaje. Resultado: las familias con más medios pueden elegir centros considerados de primera mientras que las familias con mayor dificultades tienen que conformarse con los de segunda o tercera. ¿Cómo se hace esa criba? Pues mediante las cuotas “voluntarias” que las familias tienen que pagar para acceder a los centros privados concertados que para nada son gratuitos aunque así lo determine la ley. Veamos de dónde viene eso de la privada concertada.
La educación privada-concertada y la situación de doble red financiada por el Estado fue instaurada por el gobierno socialista de Felipe González en 1985 con la aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LODE). En aquel momento, dicho gobierno lo argumentó aludiendo la necesidad de llevar la educación gratuita allí donde no llegaba la educación pública debido al incremento de la demanda educativa de las clases populares urbanas y al aumento de la enseñanza obligatoria de 14 a 16 años. La privada-concertada tenía entonces carácter subsidiario y para que los centros privados pudieran concertarse, es decir, recibir financiación pública, debían cumplir entre otras condiciones: la plena gratuidad, la no discriminación en admisión de alumn@s, la cobertura de las necesidades escolares donde no llegaba la red estatal y atender a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables.
La patronal privada y la Iglesia, sabiendo lo difícil que sería obligarla a cumplir las condiciones exigidas, aceptó encantada los nuevos conciertos, si bien mantuvo una oposición formal a la LODE. La creciente demanda educativa en las zonas suburbanas y periféricas, tuvo que ser atendida nuevamente por el Estado, ya que la “función social”, atribuida por la LODE a los centros concertados, a nada les obligaba y tampoco les impedía acudir libremente, y de modo selectivo, sólo donde su oferta encontraba la demanda apetecida, al margen de las necesidades reales de escolarización y de planificación administrativa. Lo que sigue, es de sobra conocido por todo el mundo.
Las condiciones que debía cumplir la privada concertada nunca las cumplió sino todo lo contrario. De subsidiaria de la pública paso a ser competencia de la misma y de pasajero y puntual a algo permanente y duradero en el tiempo. En cuanto a la gratuidad los datos hablan por sí solos. A día de hoy, las familias andaluzas con hij@s en la privada-concertada tienen que pagar de media, según un estudio de la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de padres de alumnos) del curso 2018-2019, una cuota voluntaria obligatoria de 63 euros al mes por niñ.@.
Esas cuotas que aún llegan a tener unos promedios más caros de hasta 246 euros al mes, como puede ser el caso de Catalunya, discriminan de facto en la admisión del alumnado. La “libertad de elección” de la que hablábamos al principio se ejerce por tanto en función del nivel económico y conlleva a que este sistema educativo colabore en agravar las diferencias sociales y a que la privada concertada sea vista por las familias de las capas sociales más pudientes como una forma de escapar del entorno de las familias más populares.
Pero para conseguir eso, además de no cumplir con las condiciones legales que rigen en teoría a los centros privados concertados, es necesario que los gobiernos de turno lleven a cabo una política de devaluación y de deterioro consciente de la pública. De no ser así, ¿cómo podría en teoría competir la privada concertada con la pública al ser ésta verdaderamente gratuita? ¿Quién se gastaría 63 euros al mes en Andalucía o 246 euros al mes en Catalunya si la educación pública gozase de todos los medios necesarios? Poca gente. Por eso, el desarrollo del sector privado pasa inevitablemente previamente por la degradación del servicio público en cuestión, aquí de la educación mediante una menor inversión pública (recortes), menos medios, mayor concentración de alumnado problemático, con necesidades específicas, de clases sociales más bajas o de familias inmigrantes.
Esta política refuerza la imagen de que el alumnado con peores expectativas se concentra en los centros públicos, donde los resultados empeoren y caigan los niveles deteriorando su imagen y estimulando la huida de nuevos sectores del alumnado a la privada concertada, aumentando de nuevo aún más las desigualdades sociales.
¿Cómo aumenta la financiación en la pública y en la privada-concertada y a quién beneficia esa doble red?
La administración a nivel estatal dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47 500 millones de euros en total. Sin embargo, la escuela privada-concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces. En Andalucía, el gasto dedicado a la concertada, en los presupuestos de 2020, vuelve a subir y asciende a 865 millones. Con ello, la escuela concertada aumenta su peso respecto a la pública hasta el 11,1% y mantiene, al igual que antes el PSOE, la política de PP y Cs de favorecerla. En capitales de provincia como Granada o Cádiz, la privada-concertada superaba ya el 60% antes de que Juanma Moreno llegase a San Telmo.
Esa política responde a varios intereses privados. En el Estado Español la mayoría de la escuela privada- concertada sigue siendo religiosa. Representa 2/3 del mercado aunque los centros laicos hayan absorbido 3/4 partes del crecimiento de la concertada en esta última década. Para entender la influencia católica en dicho sector hay que remontarse a los 40 años de dictadura fascista, que dejó durante todo ese tiempo la educación en manos de la Iglesia. Hasta 1970 no se reconoce oficialmente, en la Ley General de Educación, la responsabilidad del Estado en la educación.
El peso de la Iglesia Católica en la educación es muy importante inclusive en los centros públicos y es una peso ideológico que no está dispuesta a perder. En efecto, las motivaciones de la Iglesia Católica van, en ese sentido, mucho más allá del beneficio económico tal y como afirma Manuel de Castro (ex secretario general de las Escuelas Católicas):”No tenemos ninguna pretensión de ganar dinero, sino de aportar nuestra labor a la sociedad y a la Iglesia. Claro que tenemos entre nuestros objetivos la labor evangelizadora, pero eso está en nuestro ideario y los padres lo saben cuando nos eligen. Sé que hay gente que cree que para eso ya están las parroquias, pero eso claramente choca con lo que reclama la sociedad”.
Sin embargo lo ideológico no es el único interés. La cuestión material también está presente y por partida doble. Por un lado, la educación privada es un negocio redondo que no deja de obtener beneficios. En el curso 2004-2005 los concertados obtuvieron un resultado corriente total (ingresos menos gastos) de 183 millones de euros de beneficio, excluida la educación infantil. Incluyendo los privados sin concertar, el beneficio del sector educativo no público ascendió a 285 millones de euros. De este total, la Iglesia, concertada o no, obtuvo 129,5 millones, según los datos del INE; los colegios laicos ganaron 156 millones de euros.
Diez años más tarde, los beneficios de los centros privados subieron un 53%. Los centros privados ganaron el curso 2014-15, último curso del que hay datos en el INE, un total de 280 millones de euros, excluida la educación infantil. La Iglesia sí perdió por el camino, al caer su beneficio hasta los 89 millones de euros. A los laicos les fue mejor y obtuvieron casi 200 millones de euros en ganancias. Los propietarios de los centros privados son en general muy diversos, según explica DBK en su informe.
Así pues, el informe insiste en que”la estructura empresarial presenta una alta atomización, gestionando la mayor parte de las entidades un solo centro”, aunque también destaca algunos grupos empresariales propietarios de varios colegios. Entre estos últimos aparecen por ejemplo el Grupo Inspired, un gigante educativo británico con presencia en todo el mundo, que ha comprado los colegios San Patricio; fondos internacionales como Providence Equity Partners, que adquirió Nace Schools (con centros por todo el mundo, nueve de ellos en el Estado Español); los suecos IES, que tienen cuatro colegios; o la International School Partnership, que maneja los siete centros Laude presentes en nuestro territorio.
Por otro lado, la administración pública se gasta menos mediante la privada concertada que con la pública. Sin embargo eso no significa tal y como nos lo repiten una y otra vez que la educación privada-concertada sea más eficiente administrando los fondos públicos o que la pública despilfarre el diner. Nada que ver con eso. Lo que ocurre es que el Estado se gasta menos dinero en la centros privados concertados porque la inversión total en educación pública incluye ámbitos que la enseñanza privada no atiende (por ejemplo la compensatoria o las enseñanzas en régimen especial), por la diferencia de ratio (más alumnos por clase para hacerse con más cuotas “voluntarias”) y de docentes por grupos, y por último por las peores condiciones laborales de los y las trabajadoras.
¿Qué defiende el gobierno de coalición del PSOE-Unidas Podemos con respecto a la privada-concertada?
El proyecto de ley de educación (LOMLOE) aprobado por el gobierno del PSOE-Unidas Podemos y que se tramitará en el Congreso de los diputados en las próximas semanas elimina el concepto de “demanda social” para la planificación de plazas escolares. Sin embargo esta nueva ley no va a revertir la situación de segregación social existente ya que no pretende eliminar de una vez a la privada concertada aportando una solución justa para sus trabajador@s. Así pues, el Estado Español seguirá siendo el 2º país europeo con la enseñanza privada más fuerte (el 33% del alumnado escolarizado en la educación no universitaria cuando la media europea no alcanza el 10%).
Tal y como afirma Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa laica, “una ley que no aborde el problema de los centros privados concertados y la fragmentación en dos sistemas de la financiación pública no avanzará demasiado” e insiste en que “la financiación pública de una escuela católica, o de cualquier otra escuela confesional o no, en aras de la libertad religiosa o del fomento de la libertad de empresa, erosiona nuestro sistema público educativo y refuerza la desigualdad social e incluso regional”.
El problema de este gobierno de coalición compuesto por el PSOE y por Unidas Podemos es el de siempre: no está dispuesto a enfrentarse a los intereses de los poderosos y por tanto cualquier cambio social es simplemente cosmético. Por eso este gobierno no ha derogado las dos reformas laborales, ni el pensionazo, no ha anulado la modificación del artículo 135 de la Constitución que privilegia el pago de la deuda sobre cualquier gasto público, ni aumentado los impuestos o nacionalizado el sector de la energía. Ni en la cuestión de las casas de apuestas se ha atrevido. En materia educativa pasa lo mismo. No está dispuesto a enfrentarse a los intereses ni de la patronal católica ni de la laica ni evidentemente de la propia Iglesia.
Por eso, mientras el 21 de febrero de 2018 el Congreso aprobabauna proposición no de ley en la cual, el PSOE, Unidas Podemos y otros grupos, instaban al gobierno del PP a denunciar los acuerdos en materia de educación con la Santa Sede de 1979 y a sacar la religión confesional del ámbito escolar, cuando entran en el gobierno se olvidan de dicha propuesta a pesar de que gastemos a día de hoy más de 700 millones de euros en sueldos al profesorado de religión según las estimaciones hechas por Europa Laica ya que el gobierno no accede a proporcionar datos oficiales. Por esa misma razón, Podemos no tuvo nunca ni en Andalucía ni a nivel estatal en su programa la cuestión de la supresión de la privada-concertada llegando como mucho a pedir que se acabara“con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada».