A 4 meses de las elecciones generales y frente a un muro en prácticamente todos los medios de comunicación occidentales, La India ha mostrado esta semana su enorme descontento social y político en las calles en una huelga masiva. Desde las plantaciones de té hasta los bancos, desde el este de Bengala Occidental hasta el extremo sur de Kerala, más de 180 millones de trabajador@s habrían respondido a una de las mayores demostraciones de fuerza desde que Narendra Modi llegó al poder en 2014.
La huelga en la India rural, que coincidió con la huelga convocada por los sindicatos estatales para el 8 y 9 de enero, logró unificar a l@s trabajador@s del campo y al resto de sectores en el cuestionamiento de la hegemonía del gobierno neoliberal y antiobrero de ultraderecha del Partido Bharatiya Janata (BPJ, Partido Popular de la India). Las demandas son el aumento del salario mínimo a 18000 rupias mensuales, seguridad social universal, fin de las privatizaciones, pero también contra la reforma laboral y el desempleo. Un enorme desafío que ya resonó en las calles en septiembre de 2016, cuando se movilizaron entre 150 y 190 millones de personas.
“El gobierno ha permanecido sordo a nuestras demandas una y otra vez: anunciamos esta huelga general en septiembre de 2018 y ni siquiera se hizo una llamada telefónica a los sindicatos”, dijo Hemalata, presidente de la Central sindical de la India (CITU), sindicato vinculado al Partido Comunista, a los medios el domingo. En una rueda de prensa denunció que la represión policial y militar se había intensificado en los días previos a la huelga pero que el miedo a la violencia del estado no atenazaría a millones de indi@s.
El paro, que ha logrado movilizar a 150 millones de trabajador@s en todo el país, ha afectado especialmente al transporte y el comercio, pero también ha interrumpido hospitales, centros educativos y los servicios de los bancos públicos en toda La India. Dos sindicatos de emplead@s de banca llamaron a unirse a esta huelga general contra las fusiones y privatizaciones de los bancos estatales por parte del gobierno. Algunas ciudades importantes, además de Nueva Delhi y Bombay, quedaron paralizadas, con especial seguimiento en los estados de Kerala, Bengala, Odisha, Maharashtra y Karnataka.
Para construir esta exitosa resistencia a las políticas neoliberales del gobierno del BPJ, las organizaciones de agricultor@s, que se habían manifestado por millares el 30 de noviembre contra las sufridas condiciones de vida, llamaron a una huelga estatal en la misma semana que la huelga general de 2 días convocada anteriormente por los sindicatos. En septiembre 10 organizaciones sindicales a nivel estatal y confederaciones independientes habían fechado ya para esta semana de enero una huelga general que esperaban que fuera igual de masiva que la que tuvo lugar en septiembre de 2016.
El martes 18 de diciembre Kisan Sabha, de la Unión Agrícola de la India, (AIKS / Akhil Bharatiya Kisan Sabha), organización vinculada al marxista Partido Comunista de la India, convocó a una Gramin bharat bandh (huelga general en la campo) para el 8 y 9 de enero con el objetivo de paralizar el país. Asok Dawale, presidente de AIKS, dijo en un comunicado difundido en los medios que “La huelga en la India rural, junto con la huelga sindical, llevará a l@s agricultor@s y trabajador@s a desafiar el régimen capitalista y antiobrero del Partido Bharatiya Janata”.
Esta convocatoria fue apoyada por Bhumi Adhikar Sabha, una plataforma sostenida por diferentes organizaciones populares y de base que reivindican la expropiación y entrega de tierras para l@s agricultor@s pobres. La exención de préstamos en el campo y el reparto de la tierra fueron las dos principales reivindicaciones de la organización sindical agraria convocante, la AIKS. Asok Dawale señaló también que esta huelga unitaria iba en contra de la intensificada táctica de polarización religiosa que cultiva el gobierno encabezado por el primer ministro Narendra Modii: “El pueblo trabajador resistirá a la corrupción, al fundamentalismo y al dominio de las empresas que marcan las políticas del BPJ. Hemos visto que el partido de gobierno ya ha sido derrotado en Madhya Pradesh, Chaitagar y Rajasthan, pues agricultor@s y trabajador@s se unieron por sus derechos”.
La India es testigo de una crisis económica y agraria caracterizada por una continua erosión de los derechos, principalmente de l@s agricultor@s. Más del 50% de la población, incluid@s sectores agrícolas y trabajador@s urban@s de país la ha padecido, pero el gobierno del Partido Bharatiya Janata apenas ha afrecido medidas de subsistencia. Según la Oficina Nacional de Antecedentes Penales (NCRB, sus siglas en inglés), casi 48.100 trabajador@s del campo se suicidaron entre 2013 y 2016. Y la crisis se ve agravada por políticas gubernamentales que apoyan la compra intensiva de tierras por parte de empresas privadas.
El 31 de agosto de 2016, justo antes de la otra histórica huelga general de ese año, el ministro de Finanzas Jaitley intentó asustado frenar la determinación de millones de trabajador@s al anunciar unilateralmente que el salario mínimo nacional podría doblarse, pero desde entonces no se ha dado ningún paso concreto para implementar incluso los sueldos más bajos. Si el número de millonarios aumenta constantemente, la India rural, que constituye el 66% de la población total, todavía languidece en la pobreza más extrema.
Desde que el gobierno ultraconservador de Narendra Modi, el más regresivo desde la independencia, llegó al poder en 2014 se han llevado a cabo de manera entusiasta esfuerzos para debilitar la legislación laboral bajo el lema “Facilidad para el espíritu empresarial”. Los sindicatos habían advertido de que la continua violación de los derechos de l@s trabajador@s de la India se encontraría tarde o temprano con una severa resistencia. Es la rabia que se encontraron el martes los ministros y diputados que sostienen al gobierno en la marcha que centenares de personas realizaron hacia el parlamento en la capital Nueva Delhi.