El pasado 18 de febrero, después de una noche de encierro en la sede del Departament d’Educació, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, se reunía finalmente con parte de los sindicatos presentes en el sector: USTEC, CCOO, UGT, Aspepc e Intersindical. Estos habían tomado parte del edificio para reclamar la retirada del anuncio del adelanto del inicio del curso escolar 2022-2023. Sin embargo, la reunión entre los sindicatos y el conseller acabó sin acuerdo en torno a esta cuestión que llevaban como prioritaria, lo que ha derivado en una convocatoria de huelga de 5 días durante el mes de marzo que, a día 2 de marzo, se ha hecho pública mediante una rueda de prensa conjunta. Así pues, USTEC-Stes, CCOO, UGT, Intersindical-CSC, Aspepc-Sps, CGT y Usoc han vuelto a la sede del encierro para convocar a los docentes a una huelga los días 15, 16, 17, 29 y 30 de marzo.
No obstante, esta huelga viene cargada de polémica, tanto dentro como fuera de la comunidad educativa. Pese a que se trata de una de las poquísimas convocatorias que ha conseguido unificar a prácticamente todos los sindicatos del sector público docente, el hecho de haber basado la convocatoria, en un primer momento, en la cuestión del calendario y no en otros elementos lesivos que han ido produciéndose este curso y en los últimos años, ha generado malestar entre docentes, familias y trabajadores y trabajadoras de otros sectores. Esto, sin duda, responde también a una campaña de desprestigio por parte del Departament d’Educació y del Govern, que han vendido esta propuesta como un método de conciliación, una medida feminista para favorecer a las trabajadoras, olvidando las dificultades de preparación del curso escolar y las condiciones físicas de los centros en el mes de septiembre, con incapacidad de adaptarse al clima y con unas plantillas todavía sin asegurar en esas fechas.
Ante la crítica sindical, la respuesta del conseller ha sido clara: los docentes deben trabajar durante todo el mes de julio, que es lectivo, pero que hasta ahora se empleaba para tareas de formación del profesorado. Esto se debe, además, a la desigualdad salarial con respecto al resto del funcionariado catalán, que se “equilibraba” a través de la ausencia general de los docentes en los centros educativos durante ese mes.
Pese a la importancia de esta reivindicación, las organizaciones sindicales han puesto el foco en una medida más llamativa que rechazada por parte del profesorado y, tras la respuesta del Departament y de las familias, a favor de este adelanto, los sindicatos han decidido incluir otra serie de reivindicaciones, reclamadas desde hace meses, incluso años, por parte de los trabajadores del sector: formación gratuita para la adquisición del C2 de catalán en caso de su imposición; la no imposición de este requisito lingüístico si va a suponer una disminución de contratación de profesorado especialista en la lengua; una inversión mínima del 6% del PIB para educación; la reversión de los recortes del 2010; la reducción de las ratios; la disminución de la jornada lectiva para los mayores de 55 años; o la estabilización del personal interino, entre otras cuestiones.
Sin embargo, esta convocatoria de huelga de cinco días no será la única durante el mes de marzo, sino que el día 8 CGT (entre otros sindicatos) ha convocado huelga general feminista; y el 23 de marzo, COS, Intersindical-CSC, SEPC, otras organizaciones en defensa de la lengua, y el resto de organizaciones sindicales, llaman a la huelga en contra de la imposición del 25% de clases en castellano en los centros docentes catalanes.
De este modo, el mes de marzo será un mes crucial en defensa de los derechos laborales, de la educación pública, de calidad y en catalán en un territorio en el que, cada vez más, la lucha de poder entre los gobiernos burgueses central y autonómico supone un retroceso en derechos sociales, laborales y educativos. Sin embargo, no es suficiente con la convocatoria de una ristra de días de huelga, sino que es necesario generar asambleas en los centros educativos, implicar al conjunto de la clase trabajadora en la defensa de la educación, apoyar a otros conflictos en lucha y crear espacios unitarios desde donde seguir luchando por los derechos de todos y de todas. De cualquier otra forma, estas convocatorias acabarán con un seguimiento insignificante, sin conseguir los objetivos, y con una derrota más dentro de un colectivo ya muy acomodado y conformista.