En el Conservatorio Superior de Música de Granada se ha vuelto a reavivar la reacción estudiantil. En este caso, el detonante fue un escape de gasóleo en la maquinaria de la calefacción que obligó al cierre cautelar del centro, con la consiguiente pérdida de horas lectivas y de estudio. El incidente ha servido para reanudar las recurrentes reivindicaciones sobre una serie de asuntos que afectan a las enseñanzas de régimen especial desde hace bastante tiempo. Y es que, al margen de la hiriente precariedad material de los centros y su equipamiento, la cuestión de fondo es la falta de consideración que los estudios de artes escénicas tienen en el marco normativo y presupuestario.
La educación artística siempre ha sido considerada una hermana menor o bastarda de las demás materias del currículo. Lastrada por innumerables prejuicios negativos que hunden sus raíces bastante atrás, ha sido relegada en todas leyes educativas, convirtiéndose en una cuestión incómoda de gestionar. En el estado español siempre ha tenido un estatus cuando menos confuso.
En el caso específico de la educación musical superior, la problemática actual que afecta al alumnado tiene dos principales planos, ambos consecuencia del desamparo institucional y de la falta de consideración social y política: la falta de recursos y el limbo legal de las titulaciones.
Desde los años 80 la política educativa en Andalucía en materia de educación musical se ha caracterizado por la creación de una red de conservatorios amplia pero absolutamente infradotada. Incluso en fechas recientes se han seguido creando centros superiores cuando las condiciones de los existentes eran más que precarias. Esta errática gestión ha acostumbrado al alumnado andaluz a soportar condiciones materiales de estudio indignas de un estudio orientado al profesionalismo y la excelencia.
El segundo gran problema es la falta de una verdadera homologación de las enseñanzas artísticas al marco universitario al que están destinadas a incorporarse. Los conservatorios superior viven en la permanente contradicción de pertenecer el Espacio Europeo de Educación Superior y al mismo tiempo tener los mecanismos de gestión y funcionamiento de un instituto de secundaria. Las titulaciones superiores que se expiden no tienen un reconocimiento fuera de nuestras fronteras equivalente a cualquier grado del plan Bolonia, y su estatus legal lleva ya varios años sin despejarse ni solucionarse.
La crisis de identidad de la educación artística superior y, sobre todo, su aislamiento respecto de la universidad, afecta gravemente al alumnado, puesto que lo deja desconectado del colectivo de estudiantes y merma su capacidad de respuesta. Este hecho y la idiosincrasia especial de estos estudios hace que sea más complicada la lucha estudiantil.
Así las cosas, saludamos que se haya reavivado la contestación con la celebración de varias asambleas de alumnos. El CSE está aportando su larga experiencia de lucha en las movilizaciones para que, más allá de la solución de los problemas materiales más urgentes, se constituya un núcleo activo en la reivindicación de todos estos aspectos de fondo que se han agravado notablemente en la coyuntura de recortes que venimos padeciendo.
A medio plazo, las actividades artísticas y creativas en general son algunos de los nichos laborales de más valor añadido, a la par que menos sensibles a la mecanización y deslocalización. Cultura y ciencia deberían ser prioridades de cualquier gobierno con amplitud de miras, incluso aunque sólo sea por razones puramente económicas. Si no hay cambios en los modelos productivos, la situación geopolítica del sur de Europa nos condena a una larga fase de precariedad laboral. Y si hay algo que tenemos que cultivar en nuestro estado, antes de que el deterioro sea irreversible, son la políticas educativas de calidad en actividades donde el talento humano está en primera línea.