Los diferentes plenos de investidura celebrados en el Parlament de Cataluña entre los meses de enero y mayo de 2018 se desarrollaron en un clima de excepcionalidad, pero ahora sabemos, además, que los documentos y debates que se hacían en el interior de las organizaciones de la izquierda independentista sobre el sentido del voto hacia los candidatos a presidir la Generalitat pasaban también por los ordenadores del ministerio del Interior. Documentación policial y judicial que hasta ahora había sido clasificada como “secreta” revela que 38 activistas de la izquierda independentista y de los Comités de Defensa de la República (CDR) han sufrido, bajo justificación de la “lucha antiterrorista”, un espionaje policial masivo.
La intromisión de los poderes del Estado se habría iniciado pocos días después de la huelga general del 8 de noviembre de 2017, prorrogándose como mínimo, hasta el primer trimestre del año 2019. Entre los afectados figuran militantes de Endavant, de la organización antirrepresiva Alerta Solidària, de la CUP, del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y de numerosos CDR. Las actuaciones de la Guardia Civil y de la policía nacional incluyeron la geolocalización de los aparatos y la interceptación de llamadas y SMS, la infestación de terminales mediante un software de espionaje, el seguimiento por parte de agentes de paisano, la colocación de balizas de geolocalización a la carrocería de vehículos particulares y el acceso a cuentas de Gmail, Twitter y Facebook.
Las más de 2.000 páginas de documentación, donde se detallan todas las actuaciones y la transcripción de conversaciones y documentos “de interés policial”, revelan que la intromisión en la privacidad de las comunicaciones y de los movimientos se habría iniciado un mes y medio después de la celebración del 1 de octubre. Bajo la supervisión de Tepol, la unidad de policía judicial para delitos de terrorismo, el espionaje recibió el aval de los jueces Diego de Egea, Carmen Lamela y Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional. La operación se habría iniciado con Juan Ignacio Zoido al frente de Interior y Mariano Rajoy como presidente, pero continuó con la llegada de Pedro Sánchez y de su ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.
En todo el periodo, la Guardia Civil y lo CNP han monitorizado unos 50 teléfonos que son de titularidad de 38 activistas diferentes, y para considerarlas de interés policial, han procedido a la transcripción de una o varias comunicaciones de un total de 150 interlocutores, entre los cuales hay diputados, regidores, abogados y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
A partir del análisis de las conversaciones en los grupos de Telegram de los CDR, la Guardia Civil comunica al juez instructor de la Audiencia Nacional española que tiene “indicios” para pensar que dos activistas de Cardedeu y Tarragona tendrían relación con los sabotajes. La interceptación de las comunicaciones sería la primera de una cadena que afectaría posteriormente decenas de activistas de los CDR de Cardedeu, Lleida, Tarragona, Granollers, Santa Coloma de Farners, Girona, Salt y Sant Antoni de Vilamajor, así como del “CDR Internacional”.
En paralelo, la Brigada Provincial de Información de Barcelona (BPI) del Cuerpo Nacional de Policía inició su propia investigación en relación con la actividad de los CDR, que iría a parar al Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional y que con fecha de 21 de marzo de 2018 se acumuló con la causa abierta previamente por la Guardia Civil. Es precisamente aquel mismo día, cuando la BPI incluye en sus oficios documentos de Endavant y Poble Lliure, así como informes sobre la monitorización de la actividad de varios militantes de la izquierda independentista. Con todo, llega a la conclusión que “el núcleo de dirección de los llamados CDR se encuentran capitalizados por militancia de la izquierda independentista, que se perfila como una amenaza real para la estabilidad y la paz social porque, como movimiento de contrapoder que es, ha demostrado ostentar capacidad para activar una respuesta con cierto grado de violencia”.
La izquierda independentista bajo un programa espía
Los sucesivos pinchazos al conjunto de l@s 38 investigad@s se llevan a cabo a través de SITEL, un sistema de escuchas telefónicas del ministerio de Interior, que utiliza tanto el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) como la Guardia Civil y que fue adquirido por el gobierno de Aznar, cuando Mariano Rajoy era ministro de Interior. Buque insignia del espionaje español desde 2001, permite, siempre bajo mandato judicial, almacenar no solo las conversaciones telefónicas y los mensajes de texto y multimedia, sino también otros datos como números de teléfono de llamadas entrantes y salientes, la fecha, hora y duración, y la geolocalización de los terminales.
Pero este no es el único método de espionaje telefónico utilizado en el marco de esta investigación policial. El mes de mayo de 2018, la Brigada Provincial de Información de Barcelona también pide acceso a los mensajes a través de “cualquier aplicación web de mensajería instantánea”, mencionando Whatsapp, Telegram, Line, Skype, Facebook y Messenger. El acceso al contenido de la mensajería instantánea –sin solicitarlo a las empresas proveedoras– solo se puede hacer efectivo a través de un software de espionaje con un funcionamiento similar a Pegasus, con que se van hackejar los móviles de al menos 65 políticos y activistas del entorno independentista.
Para la policía española, a través de las escuchas telefónicas, el vínculo entre la izquierda independentista y los CDR “se ha consolidado y hecho todavía más visible”. Aducen la colaboración en unas jornadas antirrepresivas impartidas por Alerta Solidaria a los CDR, y por el “apoyo incondicional” de estos a los actos convocados por Arran y la CUP y viceversa. De hecho, la Brigada de Información especifica haber hecho seguimientos de diferentes actos que “demuestran la simbiosis existente” entre la izquierda independentista y los CDR.
En las diligencias, la policía nacional incorpora 2 documentos de Endavant: “Qué hacer en la nueva etapa política” y “1 de octubre: la lucha y la desobediencia son el único camino”. La policía pone especial atención en el primero, un documento público, difundido el mayo de 2018, que desarrolla la táctica política para los meses siguientes en relación con la coyuntura. Las diligencias subrayan que la organización hace referencia a la necesidad de una “ruptura absoluta con la legalidad instituida del reino de España y con el ordenamiento fijado por la Unión Europea” y a la importancia de “tener un pueblo organizado y dispuesto a movilizarse hasta las últimas consecuencias”.
La actividad de los CDR espiada a pie de calle
De la documentación del caso se desprende que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, con la colaboración en algunos casos de los Mossos d’Esquadra, despliegan desde el verano de 2017 un discreto pero masivo dispositivo de control de las actividades de los Comités de Defensa del Referéndum –que después del 1 de octubre derivarían en Comités de Defensa de la República– en todo Cataluña.
En sus informes, con planos y esquemas incluidos, dimensionan en 350 los núcleos constituidos el otoño de 2017, pero reconocen que ya hacían seguimiento meses antes, y concretamente mencionan una rueda de prensa celebrada el 5 de junio de 2017 en Vilafranca del Penedès “donde se presentó públicamente la plataforma llamada Comité de Defensa del Referéndum, integrada por un grupo de personas vinculadas a la izquierda separatista radical”. Según la Guardia Civil, la nomenclatura se escogió en homenaje a los Comités de Defensa de la Revolución del Partido Comunista de Cuba y entre otros elementos incorpora a la investigación las actas de las asambleas nacionales de los CDR celebradas el 14, 21 y 28 de octubre de 2017 en Sabadell, Igualada y Argentona, respectivamente; el 4 de noviembre en Manlleu y el 3 de diciembre del mismo año en l’Espluga de Francolí.
En un organigrama piramidal que consta en la causa, sitúan las diferentes sectoriales de los CDR, las territoriales y los núcleos locales, y a medida que avanzan las indagaciones policiales ubican el nombre de las personas a quienes se está investigando. De cada una de ellas se concreta la militancia y actividad en tiempo presente, pero también su trayectoria activista, en algunos casos remontándose hasta el año 1996. Se describe y detalla la presencia de las activistas en concentraciones o manifestaciones, pero también en reuniones, asambleas o simples encuentros a terrazas de bares o restaurantes.
El activismo antifascista en las facultades de la Universitat Autònoma de Barcelona es uno de los que más se reitera en la investigación policial, y se llega a apuntar con nombre, apellidos y militancia los asistentes a diferentes actos de rechazo a la presencia en el campus de Sociedad Civil Catalana y varios grupúsculos de la extrema derecha. A uno de los estudiantes señalados, Lucas Vigouroux, militante del SEPC, se lo incorpora a la investigación con el argumento que se trata de una “persona altamente radical, que habría participado activamente en muchos de los hechos investigados en las presentes diligencias”.
Llama la atención que tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía, después de hacer constar en los oficios que entregan al juez que han “practicado las gestiones pertinente””, tienen la capacidad de identificar con nombre y apellidos la mayoría de los interlocutores con quienes hablan las 38 personas a quienes han pinchado el teléfono, a pesar de que estas solo usen un nombre de pila o un pseudónimo y entonces no estén siendo investigadas. La identificación policial también se produce en relación con terceras personas citadas durante las conversaciones.
Esto mismo pasa en el caso de Esplugues de Llobregat, donde la causa incorpora conversaciones telefónicas del día que detuvieron a Tamara Carrasco, acusada de terrorismo y finalmente absuelta. La macrooperación impulsada por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil el 10 de abril, ponía en alerta máxima diferentes miembros de CDR. De hecho, Adrià Carrasco –también finalmente exculpado– conseguía marchar hacia el exilio, antes de que llegaran los cuerpos de seguridad del Estado. A partir de las conversaciones intervenidas, se enteran que otras personas están planificando la fuga y lo denominan “operación de evacuación”.
En la descripción de los contenidos de las llamadas, especifican que les llama la atención “el vasto despliegue” que realizan algunas activistas con poco tiempo: poniendo a disposición varios coches o utilizando “lenguaje convenido para no ser detectados”. La conclusión policial es que el despliegue está “a la altura de Organizaciones Criminales con misiones y estructuras muy bien definidos, propios de los grupos de crimen organizado y de organizaciones terroristas”. Los agentes consideran que Andrea Tapia, militante del Ateneo Popular de Esplugues, sería una de “las principales dinamizadoras” de la Comisión antirrepresiva de los CDR –que aseguran mantiene una estrecha relación con entidades como Alerta Solidaria o Irídia– y por eso deciden pincharle el teléfono.
A lo largo de la investigación policial y especialmente después de la detención de Carrasco, la Guardia Civil detecta un incremento de las medidas de seguridad entre los miembros de los CDR. Enumera, por ejemplo, los protocolos adoptados durante una reunión celebrada en una localidad de Cataluña Norte, el mes de mayo, de la cual no hay información porque, según apuntan, se adoptaron tanto “medidas de seguridad operativas para evitar ser detectados, como de seguridad técnica, prohibiendo realizar comunicaciones en territorio francés y llevar los terminales telefónicos encendidos a la misma”.
Después del verano, reconocen que han constatado un “brusco descenso de las llamadas de voz” entre los terminales intervenidos de los CDR y por esta razón deciden trazar una nueva línea de investigación con el fin de detectar el que los activistas denominan “cacahuetes”: los terminales seguros. Como ya tienen una amplia red de terminales pinchados que se comunican entre sí, la Guardia Civil consigue determinar los números de 3 terminales nuevos que funcionaban con tarjeta de prepago y no tenían titularidad.
Balizas a los detenidos en la operación del 23S
Una de las patas de la investigación, relacionada con la actividad de los CDR, acabó derivando en una pieza separada al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional española y en la contundente operación, conocida como Operación Judas, que la Guardia Civil llevó a cabo el 23 de septiembre de 2019, cuando faltaban pocos días porque se anunciara la sentencia contra los miembros del gobierno catalán, la presidenta del Parlament y los líderes de Òmnium y el ANC. Es precisamente en algunos de los que serían detenidos en aquella macrobatida –todavía a la espera de juicio– a quien la Guardia Civil solicitó espiar mediante balizas adosadas a los bajos de sus vehículos particulares, a pesar de que también se instalaron a vehículos otras personas que no se detuvieron en aquella operación.
En ningún caso se hace referencia al archivo de la causa principal y no consta hasta qué fecha se mantuvieron las punzadas telefónicas y si hay de vigentes o no en la actualidad. Los últimos documentos que constan en la investigación conjunta de la Guardia Civil y el CNP contra los CDR y la izquierda independentista son del 7 de diciembre de 2018, donde se solicita una prórroga de las interceptaciones telefónicas de Xavier Pellicer y Joan Teran, así como incorporar los teléfonos de 2 nuevas personas investigadas. Por primera vez se hace referencia a la causa como operación Mambo.
A continuación, en fecha de 13 de diciembre de 2018, se notifica la apertura de 2 piezas separadas donde figura, a cada una de ellas, como mínimo, una de las personas investigadas a la pieza matriz. En ningún caso se hace referencia al archivo de la causa principal y no consta hasta qué fecha se mantuvieron las punzadas telefónicas y si hay de vigentes o no en la actualidad.
Rueda de prensa de Alerta Solidaria
En una comparecencia de urgencia de Alerta Solidaria, celebrada el 10 de octubre en primera hora de la mañana ante la sede del PSC en la calle de Pallars de Barcelona, su portavoz Martí Majoral, acompañado de 4 de las personas a quienes se ha pinchado los teléfonos, denunció que “ha sido bajo el gobierno del PSOE que estas investigaciones se han estado haciendo, dando el aval a la idea que el independentismo es equiparable al terrorismo”. Y añadió que “tenemos en las manos una investigación muy gorda, que es el origen de la causa del 23S, pero también es el origen de múltiples causas contra el conjunto del independentismo”.
El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que se encontraba de visita en Barcelona para participar en las celebraciones del día del Cuerpo Nacional de Policía, manifestó a preguntas de los periodistas y en relación a las informaciones publicadas que “España es una democracia llena donde solo se investiga la comisión de delitos y todo se hace respetando el marco legal vigente”.
Traducción del artículo de Jesús Rodríguez y Gemma García en el medio digital La Directa