Que la Audiencia Nacional (AN) española sea el tribunal competente para juzgar los delitos de sedición y rebelión no está establecido expresamente en ninguna ley. Por eso, la jueza instructora Carmen Lamela ha tenido que recurrir al Código Penal franquista para retener en sus manos la investigación por estos delitos contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consellers por declarar la independencia.

La argumentación de Lamela se agarra sobre la base de 2 elementos y es precisamente la misma que sirvió para poder investigar por sedición a las presidencias de la Asamblea Nacional Catalana, (ANC), y Ómnium, dirigentes encarcelados por ella, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el “major” de los Mossos cesado, Josep Lluis Trapero, y la intendente Teresa Laplana.

Primero, asevera que la ley orgánica del poder judicial atribuye a la Audiencia Nacional competencia para juzgar “delitos contra la forma de gobierno”. Y después de que en el Código Penal de 1973 había una rúbrica de “Delitos contra el jefe del Estado, su sucesor, altos organismos de la nación y formas de gobierno”. Añade que en este apartado había un artículo que penalizaba los actos “directamente encaminados” a “cambiar ilegalmente la organización del Estado”. Y compara este redactado con el de los actuales delitos de rebelión y sedición, pues el 1º castiga el uso de la violencia para declarar la independencia de una parte del estado, y el 2º la alteración de la forma de gobierno.

Ahora bien, la juez admite que deja de lado otros dos elementos que cuestionan su competencia. En primer lugar, que en el Código Penal vigente, los delitos de sedición aparecen bajo la rúbrica “Delitos contra el orden público” y el segundo “Delitos contra la Constitución”, enunciados diferentes al que establece la ley orgánica del poder judicial y preveía el Código Penal de 1973.

También hace caso omiso del hecho señalado de que la propia Audiencia Nacional rechazara expresamente hace años su competencia para juzgar los delitos de rebelión en un auto del diciembre de 2008. “El delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional “, declaraba de manera contundente el tribunal en un escrito del magistrado Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala Penal.

La Audiencia rechazó el enjuiciamiento de los delitos de rebelión a raíz de una investigación abierta contra los crímenes del franquismo por el juez actualmente inhabilitado Baltasar Garzón. Fue en aquella ocasión cuando se dejó claro que el Código Penal vigente está por encima de las leyes penales preconstitucionales. La jueza lamela cita esta decisión y conscientemente decide ir contra la jurisprudencia del órgano judicial del que forma parte.

Además, recuerda que la Audiencia Nacional ya abrió investigaciones por sedición y rebelión en 2015 pro las mociones aprobadas en ayuntamientos catalanes de apoyo al proceso independentista. Con ello hace referencia, por ejemplo, a la investigación ya archivada por sedición contra el concejal de las CUP en Vic, Joan Coma, por decir “Para hacer una tortilla hay que romper los huevos”. Entonces, el juez Ismael Moreno también recurrió al Código penal franquista para investigarlo a raíz de la denuncia presentada por el fundador de la organización ultraderechista Plataforma per Catalunya.