La Coordinadora estatal en defensa de las pensiones públicas está organizando y animando a las más de 70 Plataformas existentes en todo el estado, para que éste año sea un año de lucha por la recuperación del poder adquisitivo perdido, y por unas pensiones dignas y suficientes.
En ése sentido, la Plataforma por la defensa de las pensiones públicas en Gran Canaria, cuyo portavoz es nuestro camarada Blas Padilla, lleva trabajando meses para unificar la lucha con las organizaciones sindicales en lo que se hace llamar Mesa Sindical. En ése sentido, se está confeccionando un manifiesto que sirva para unificar los criterios y crear canales para debatir con las y los trabajadores en los centros de trabajo y poder llegar a una gran movilización con una huelga general igual de contundente a la llevada a cabo en 1988, en la que el gobierno de Felipe González sufrió la mayor derrota en las calles.
La situación en Canarias es muy grave, con 320.000 pensionistas de l@s que el 52% percibe una pensión menor de 650 euros. Según datos de FOESSA, el 44,6% de los canarios y canarias están en el límite de la exclusión social, lo que supone algo más de 924.000 personas. Además de estos índices tan alarmantes, tenemos los salarios más bajos y la tasa de desempleo más alta de todo el estado, con el 50% de l@s desemplead@s sin cobrar ningún tipo de prestación. Y todo esto con la llegada de más de 15 millones de turistas, 4 millones más que en el 2009. Ante esta situación se convocó un pleno extraordinario en el parlamente de Canarias para tomas medidas, pero nada de nada: las y los parlamentarios cobraron sus dietas pero no fueron capaces de acordar ninguna medida.
Las pensiones actuales y futuras no solo son sostenibles sino imprescindibles para los trabajadores y trabajadoras. Hay que combatir la idea de que l@s trabajador@s que a día de hoy están en activo tienen muy difícil cobrar la pensión. La pensión digna es un derecho y debemos exigir su cumplimiento. Exigimos, por tanto, el derecho a las pensiones tanto de l@s actuales pensionistas como de todos los trabajadores y trabajadoras que están actualmente en activo como un derecho básico de la clase trabajadora.
El manifiesto que se está debatiendo gira alrededor de los siguientes puntos:
– Derogación de las reformas laborales del 2010 de Rodríguez Zapatero y 2012 de Mariano Rajoy. Al tiempo que la derogación de la Ley 23/2013 denominada reguladora del factor de sostenibilidad y del Índice de revalorización del sistema de pensiones públicas.
– Por la creación de empleo. La fuente de financiación que mejor puede garantizar un buen sistema de pensiones pasa por la creación de más empleo y que éste sea de calidad. Esto conlleva la derogación de al menos las dos últimas reformas laborales y la restitución a los trabajadores y trabajadoras de los derechos perdidos.
– Elevación de los topes de cotización máxima. Actualmente hay 1,46 millones de trabajadores y trabajadoras que perciben salarios superiores a la base máxima de cotización, situada en 3.751,20 euros/mes, por los que no cotizan. Se trata de unos 30.479 millones de euros de base salarial no cotizada, que, de hacerlo, además de posibilitar una mejora en las cuantías de las pensiones de est@s trabajador@s, posibilitaría aumentar los ingresos del sistema en 8.626 millones de euros anuales.
– Supresión del copago de los medicamentos, que está imposibilitando a las personas con pensiones más bajas seguir sus tratamientos médicos, condicionando su calidad de vida y poniéndolas en la tesitura de pagar los medicamentos o atender las necesidades básicas de alimentación, electricidad, etc.
– Incremento de la base mínima de cotización. Elevación del Salario Mínimo a 1.100 euros mes y que ninguna retribución en concepto de pensión, tanto contributiva como no contributiva, sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
– Lucha eficaz contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Se estima que un@s 800.000 trabajador@s -en Canarias 60.000- tienen relaciones laborales sumergidas sin alta ni cotización en la Seguridad Social. Según el sindicato de técnicos de Hacienda, GHESTA, se calcula el fraude en 9.000 millones de euros (sólo en Canarias) en la economía sumergida. Por lo que se requiere el dedicar todos los medios necesarios para perseguir el fraude fiscal, así como la economía sumergida.
– Edad de jubilación y período máximo de cotización. Mantener la edad de jubilación a los 65 años, y reducir progresivamente, para que en el año 2022, la edad de jubilación sea a los 60 años. Al mismo tiempo, el período máximo de cotización será a los 30 años de vida laboral.
– Auditoría del fondo de reserva. Sería el caso de una auditoría externa, con representación de la Coordinadora estatal en defensa de las pensiones públicas, del Fondo de reserva de las pensiones, desde la creación del Pacto de Toledo. En el caso de que se dictamine utilización de dinero para fines ajenos a los de atender el pago de las pensiones y no se haya repuesto el 100%, con sus intereses correspondientes, se hará una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado, independientemente de que los resultados de dicha auditoria se pongan en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
Desde 1995 que se creó el denominado Pacto de Toledo, los distintos gobiernos del PSOE y PP han sacado de los fondos para atender los gastos exclusivos de pensionistas, la friolera cantidad de medio billón de euros, 500.000 millones, para financiar gastos propios del estado. ¿En qué?
– Mantenimiento de las estructuras de las Tesorería General de las Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los gastos del resto de los ministerios, se pagan con partidas asignadas en el PGE. Estos gastos supusieron en el 2016 la cantidad de 3.825 millones de euros.
-Inversión en Bonos del Estado con rentabilidad negativa, bonificaciones y exenciones a empresas para la creación de empleo. En el año 2016, estas partidas ascendieron a la cantidad de 2.500 millones de euros. Desgravaciones fiscales para las inversiones en planes de pensiones privadas. Financiación con el dinero de las cotizaciones a la Seguridad Social las desgracias del terremoto de Lorca y algunos incendios en Galicia. Financiación a empresas en concursos de acreedores. Y así, un innumerable número partidas que en todo caso deberían ser asumidas por el PGE y nunca por las cotizaciones a la Seguridad Social.