Los intentos por parte de la Junta de Andalucía de deteriorar los servicios públicos se hacen patentes en la estación de esquí de Sierra Nevada, donde l@s trabajador@s de la empresa pública que la gestiona, Cetursa, anuncian 2 jornadas de huelga en la próxima Semana Santa. Una orientación defendida por PP y Ciudadanos con el apoyo de VOX en la actualidad, aunque también fue impulsada en la Sierra por parte del PSOE anteriormente.
Este debate ha generado una gran literatura y controversia entre economistas, medios de comunicación y organizaciones políticas. En las sociedades occidentales con un estado de bienestar más o menos desarrollado (educación, sanidad y pensiones públicas) este debate se centra entorno a la eficiencia de estos sistemas públicos. En ese sentido, los ataques que vemos al sector público son continuos. En la actualidad nos encontramos con una nueva propuesta de reforma del sistema de pensiones en la línea de empeorar el modelo público en beneficio del privado. También hemos visto los límites de la sanidad pública en la respuesta a la crisis sanitaria debido a los recortes en la sanidad pública impulsados desde las derechas del conjunto del estado a los partidos socialdemócratas.
Pero el debate público/privado tiene de fondo un cuestionamiento/defensa del modelo de producción capitalista. Y es que para la lógica del capital la propiedad privada es la mejor forma de organizar la economía. Por tanto, demostrar que existen modelos económicos o espacios públicos que se puedan organizar de forma eficiente sin la premisa de la acumulación privada de beneficios es una amenaza constante para los defensores del capitalismo. La actual situación de la pandemia, a pesar de los recortes que ha sufrido la sanidad, han demostrado la necesidad, utilidad y eficiencia de los servicios públicos.
No pretendemos abordar aquí este debate en profundidad, aunque sí me gustaría señalar un elemento que falsea los resultados. Independientemente de la posición de partida que tengamos, si somos rigurosos, el modelo más exitoso será el que consiga obtener mejores resultados. Pero claro, ¿cómo podemos comparar estos resultados si los que dirigen los servicios públicos en la actualidad son los que quieren acabar con ellos? Y esto es lo que está sucediendo en la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada , dependiente de la Junta de Andalucía, gestionada por el PSOE durante 35 años y en la actualidad por PP, Ciudadanos y VOX.
Hace pocos días tuve la oportunidad de asistir a una asamblea de delegad@s de esta empresa convocada por CCOO para analizar la situación del ERTE de fuerza mayor planteado por Cetursa y ver que iniciativas se podían tomar para seguir rechazando el mismo. Me llamó especialmente la atención la intervención del responsable de la federación de servicios a la ciudadanía de CCOO de Andalucía en la que decía que los movimientos que está haciendo la dirección de la empresa están siguiendo la fórmula clásica de la privatización del sector público que hemos visto en empresas como RENFE o AENA. Uno de los ejemplos que daban es la inversión de unos 48 millones de euros que se había realizado en la estación, pero ahora dicen que no hay dinero para pagar a sus trabajador@s y entonces tienen que hacer un ERTE.
Así que me planteo la siguiente pregunta: ¿cómo esperamos que los servicios públicos sean eficientes si quienes los gestionan quieren acabar con ellos? Estas, entre muchas otras razones, son por las que tenemos que seguir defendiendo los servicios públicos, la gestión pública y luchar contra cualquier ataque. Como, por ejemplo, la cuestión del ERTE de fuerza mayor planteado por la empresa. Hace un par de años no se les pudo aplicar la subida salarial del convenio del 2,65% a l@s trabajador@s del sector de la hostelería en Cetursa porque el incremento para l@s trabajador@s públic@s era del 1,5%.
En esta ocasión la plantilla se podía ver beneficiada por las medidas que hay planteadas para el sector público para dar respuesta a la crisis sanitaria de tal forma que se recomienda el teletrabajo y en caso de no ser posible, tod@s est@s trabajador@s seguirán cobrando el 100% de sus salarios sin perder cotizaciones. ¿Qué hace la empresa? Pues mandar la plantilla al ERTE cobrando el 70% de sus salarios. De tal forma que los “gestores públicos” siempre hacen lo posible para salir beneficiados en contra de l@s trabajador@s.